La Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan sobreseyó al ex gerente General de la empresa Barrick Gold, Antonio Adames, quien se encontraba en funciones durante el derrame de solución cianurada ocurrido en septiembre de 2015, en la mina Veladero. Al mismo tiempo, confirmó los procesamientos de ocho empleados y jefes que operaban en la explotación de la minera canadiense cuando se vertieron, aquel año, más de un millón de litros de agua contaminada al Río Potrerillos. Uno de los abogados de la Asamblea Jáchal No Se Toca, Marcelo Arancibia, dijo a PáginaI12 que a los imputados los asambleístas “los conocen como los ocho perejiles” y remarcó que “este fallo termina de homologar la versión oficial de que fue un descuido de los empleados. No hubo interés en investigar a los funcionarios públicos ni a los gerentes de alto rango de la empresa, y al único que había le dictaron la falta de mérito”, subrayó. En tanto, la minera emitió un comunicado respaldando a los empleados involucrados porque “no hay razón alguna que justifique considerar los hechos como delictivos”.

El juez Pablo Oritja, a cargo de la causa del derrame, había imputado a nueve empleados de la Barrick por violar la ley de Residuos Peligrosos (24.051), un delito cuya condena puede llegar a dos años de cárcel.

Ayer, la Cámara en lo Penal integrada por Juan Carlos Caballero Vidal, Silvia Peña Sansó de Ruiz y Raúl José Iglesias, confirmó el procesamiento de ocho de los acusados que firmaron el acta por la cual se dejó abierta una compuerta por donde salió el cianuro que contaminó el río; y desvinculó de la causa, al revocar el procesamiento dictado en primera instancia y dictar la falta de mérito, al  ex gerente General, Adames.

El fallo de los camaristas dejó firmes los procesamientos de Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (supervisor Junior del valle de lixiviación), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones Mina), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortez (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos). Los imputados están acusados de contaminar el suelo y los cursos de agua “por imprudencia, negligencia y por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas”.

Arancibia sostuvo que “es paradójico que mientras el juez federal (Sebastián) Casanello avanzó con la violación a la ley de Glaciares, llamando a funcionarios nacionales a los que imputó no cumplir con la ley y utilizar protocolos sin fundamento científico para inventariar los glaciares, en San Juan todo quedó reducido a unos perejiles, empleados de menor jerarquía y amparando a los funcionarios públicos y a la empresa”.

Además, el letrado explicó que “la tesis de que dejaron una compuerta abierta y que hubo una válvula congelada no se sostiene. Si tenemos en cuenta que los subsiguientes derrames se debieron a cuestiones estructurales en el valle de lixiviación, que llevó a que se construya un segundo valle, se tendría que haber investigado a los funcionarios que no controlaron y a los CEOs que decidieron continuar la explotación con un valle colapsado”, dijo y advirtió que “nunca se quiso investigar la cadena de responsabilidades hacia arriba y esto va a consagrar la impunidad de la empresa”.