El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se puso ayer bajo la órbita de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la que le que pidió implementar penas hasta de 50 años para castigar a quienes incurran en delitos como “traición a la patria” o robo en cualquiera de sus modalidades. Mientras que el cuerpo ratificó a los integrantes del máximo tribunal. A su vez, las autoridades allanaron la vivienda de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, que denunció que se trata de parte de una venganza por su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El titular del TSJ, Maikel Moreno, se presentó ante los más de 500 constituyentes en Caracas para “subordinarse” ante el órgano plenipotenciario que lo ratificó en el cargo, así como al resto de magistrados, varios de los cuales son considerados ilegítimos por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora. “Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades”, dijo Moreno.
Para el magistrado, quienes cometan tales faltas deben cumplir más de 50 años, todo lo cual requiere que se revise el tope de 30 años previsto en la Constitución. El jefe del Poder Judicial también remarcó que la corrupción administrativa merece el castigo severo de la ley para impedir que los enemigos de la patria se enriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países. “Por eso creo pertinente que revisemos con realidad el incremento de las penas en los delitos de corrupción y un sistema anticorrupción para hacerse de los bienes y los recursos provenientes de la corrupción administrativa”, expuso Moreno. Por su parte, la ex fiscal Ortega denunció en Twitter que el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) allanó su vivienda como parte de la “venganza del gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Venezuela”. Horas antes, su sucesor, Tarek William Saab, pidió la detención del esposo de Ortega y diputado disidente del chavismo, Germán Ferrer.
