La Cámara del Crimen le ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que "en el menor tiempo posible" genere los cupos y reciba a todos "los detenidos alojados en las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires" y que tome las medidas necesarias "para que la situación imperante no vuelva a ocurrir".

"Los derechos afectados requieren tutela inmediata", sostuvieron los jueces Marcelo Lucini, Ignacio Rodríguez Varela y Hernán Martín López, al hacer lugar a un habeas corpus colectivo presentado por Leandro Destéfano, Cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.

El funcionario denunció "el agravamiento de las condiciones en que cumplen su detención quienes se encuentran alojados en las Comisarías y Alcaidías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con una descripción dramática de esa situación.

"Una vez más se encuentran acreditadas las falencias e irregularidades en el alojamiento de las personas detenidas en comisarías y alcaidías de la ciudad y que no ingresan al ámbito del Servicio Penitenciario Federal en tiempo oportuno", sostiene el fallo. "Obviamente la estructura de los establecimientos policiales no ha sido diseñada para tales fines", añadió la resolución, firmada en plena feria judicial.

Los camaristas focalizaron la responsabilidad por la situación --que abarca desde condiciones de hacinamiento y falta de aseo hasta un virtual abandono de tratamientos médicos, lo que incluye una magra y deficitaria provisión de alimentos e higiene personal-- en el Servicio Penitenciario Federal.

"Los actos lesivos denunciados provienen en definitiva de la omisión del Servicio Penitenciario Federal de cumplir su función principal, lo que en la práctica se ve deficientemente enmendado por la actividad ajena a sus funciones que despliegan las autoridades que tienen a su cargo las comisarías y alcaidías comunales, que alojan de manera permanente a ya no sólo imputados, sino también a procesados y condenados", consignó la resolución.

"Aunque debe atenderse la emergencia actual de los detenidos y evitar que la irregularidad de su alojamiento afecte sus derechos, esos esfuerzos son vanos si no actúan en estrecha relación con los que deben destinarse a poner fin a las causas de esta lamentable realidad", insistió el documento.