Referentes de comunidades indígenas cuestionaron ayer la detención de una joven originaria wichí de 23 años sospechada por la sustracción de una beba del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín). Para las comunidades, la joven es inocente.
Como ejemplo de las razones para dudar de la investigación del hecho, Laurentina Nicasio, prima del padre y la madre de la beba sutraída, sostuvo que hasta el momento ni la familia de la joven acusada, ni la familia de la beba, lograron tener mayor información de las actuaciones judiciales.
“Quiero hablar con ella como madre y como mujer en mi lengua materna”, sostuvo Nicasio, quien es referente también de comunidades originarias de Ballivián, municipio del departamento San Martín.
Nicasio fue consultada tras las manifestaciones que realizaron el padre y la mujer de la joven detenida quien es, además, madre de otros tres niños y que dos semanas antes, habría perdido un bebé.
En comunicación con el periodista Julio Nogales, el cacique y padrastro de la detenida, Cándido Mansilla, manifestó que a las 7 de la mañana del viernes 14 de julio, cuando la nena fue sustraída del Hospital, “ella (la detenida) estaba en la casa de su suegra”, ubicada en la Comunidad Lapachos 2. “Hay testigos que lo pueden decir”, añadió la madre de la acusada, Rosana Morán.
Padrastro y madre recordaron que ellos mismos estuvieron en las manifestaciones que se realizaron en la tarde del día que desapareció la beba, acompañando al padre y a la madre de esa niña.
Mansilla y Morán se mostraron molestos con Angel Torres, padre de la beba sustraída, porque le endilgaban avalar la detención de la joven. “Hay gente que dice que él recibió plata y se calló”, afirmaron.
Ante estas reacciones, Nicasio explicó que en realidad, la Secretaría de Asuntos Indígenas, le entregó una ayuda de dos camas y dos colchones para la familia que padeció el secuestro de su hija durante casi un día. “Pero quiero que ellos salgan a aclarar eso, porque no es verdad de que se haya recibido plata”, afirmó Nicasio.
Por otra parte, sostuvo que pese a que el abogado del padre y la madre de la beba, Rambert Ríos, y familiares de la joven detenida, no lograron tener acceso a las actuaciones judiciales, situación que sí lo pudieron tener los funcionarios provinciales.
“La madre de ella denuncia además que estuvo internada en el Hospital y recibió malos tratos hace dos semanas, cuando perdió a su bebé”, agregó Nicasio.
Ayer por la tarde, referentes de comunidades indígenas de la zona decidieron que continuarán en los próximos días con protestas por la que entienden es una detención injusta.
“Son unos delincuentes”
El abogado Rambert Ríos acusó a los fiscales Rafael Medina y Pablo Cabot y a la fiscala Lorena Martínez, que conforman la Unidad Fiscal creada para investigar el caso: "Me cerraron la puerta en la cara para que no esté en la audiencia de esta mujer”, afirmó al sostener que habría existido una intimidación para que Torres firmara algo "que no entendía". Añadió que el juez Fernando "Mariscal Astigueta le dijo telefónicamente a Medina que me debían dejar entrar. Son unos delincuentes", insistió.
Tras presentarse nuevamente como querellante, el abogado advirtió que hará las denuncias correspondientes contra los tres fiscales.
Anoche, la Procuración General de Salta emitió un comunicado avalando la actuación de los funcionarios al considerarla como "eficiente y exitosa". Destacó además "las tareas posteriores para determinar el reproche penal al/los responsables de la sustracción de la menor (de edad)".
"El trabajo riguroso y minucioso de los fiscales no solo ha permitido tomar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de la menor (de edad) afectada y su familia, sino que también ha llevado a la detención de una persona sospechada del delito mencionado, a la que ya se le recepcionó la respectiva audiencia de imputación conforme a las formalidades y previsiones del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta", indicó la Procuración.
Añadió que existe "un sólido y abundante respaldo de indicios probatorios mediante cámaras de seguridad y otras diligencias investigativas" que dieron con la consecuente detención de la joven ahora acusada. Sin embargo, se recordó que aún continúa el secreto de sumario.
"Inmediatamente después de concluida la reserva de las actuaciones, y a la brevedad posible, el Ministerio Publico Fiscal dará a conocer a la opinión pública los diversos elementos ya reunidos por la investigación y que habran de confirmar el firme respaldo probatorio de todo lo actuado hasta el momento", afirmó.
En respuesta a Rambert Ríos y las demás acusaciones emitidas ayer de manera pública, el organismo concluyó asegurando que "el mandato constitucional de investigar los delitos (...), no habrá de ser conmovido por voces que con absoluta displicencia, falta de responsabilidad y seriedad, pretenden desacreditar y horadar una prolija y contundente investigación llevada a cabo hasta el momento, conducta que paradójicamente se posiciona en un rol propiciante de la impunidad y el beneficio de la situación procesal de la persona detenida, y en desmedro de una categórica y prolija investigación; motivo por el cual se adoptarán las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de la obligación constitucional referida".
Bebé hallado muerto en un dique
El operativo de búsqueda de un bebé de un año y medio concluyó en el mediodía de ayer con su cuerpo hallado en el dique La Dársena, de San Carlos, departamento de los Valles Calchaquíes.
Según lo indicado por fuentes policiales, el bebé había sido visto por última vez a las 17 del jueves último. Cerca de las 20 se inició la búsqueda con la División de Policía Lacustre, y perros de los destacamentos San Carlos, Cafayate y Animaná.
La principal hipótesis era que había caído en uno de los canales que confluyen en el dique La Dársena mientras jugaba en los alrededores de su vivienda, ubicada en el paraje sancarleño de San Rafael.
Tras el hallazgo, intervino en el caso la fiscala de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2, Verónica Simesen de Bielke. En la búsqueda del niño actuaron bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Cafayate, la policía provincial, Bomberos Voluntarios, División Lacustre y Fluvial y Personal Civil de Cafayate.