No hubo licencias ni descanso de fin de semana. Este sábado continuaron las conversaciones, intercambios y evaluación de propuestas entre los funcionarios argentinos acreditados ante el Fondo y los integrantes del staff técnico del organismo. Lejos de tener la última palabra, los técnicos esta vez quizás más que nunca estarán subordinados a las decisiones políticas que se adopten unos escalones más arriba en la jerarquía. El caso argentino ya trascendió las evaluaciones clásicas de "cumplimiento de metas" y se adentra en otro tipo de consideraciones. ¿Estaría dispuesto el FMI a "soltarle la mano" al gobierno y provocarle una eventual crisis por desequilibrio financiero y cambiario, como le reclamaron destacados representantes de los dos sectores que se disputan la interna de Juntos por el Cambio? ¿Querrán esperar hasta las PASO, para medir la performance de Massa, antes de dar respuestas más concretas y duraderas al pedido de la revisión de las metas? ¿U optarán por una salida transitoria postergando definiciones más importantes, supongamos, por treinta días?

En el Palacio de Hacienda, y en general en los despachos oficiales, siguen confiando en que las próximas horas depararán algún tipo de respuesta satisfactoria, sin desconocer la dureza de las negociaciones. Este sábado fue el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente Agustín Rossi el encargado de transmitir las sensaciones del gobierno. 

Señaló que las recomendaciones del organismo crediticio se dan sobre la base de "una economía ideal" mientras que el gobierno nacional debe "gobernar sobre la economía real", una crítica que roza los argumentos políticos expresados por otros mandatarios de la región y de diferentes latitudes, respecto de la falta de responsabilidad expuesta en repetidas veces por el FMI, con supuestos programas de estabilización que terminaron hundiendo al país deudor en severas crisis económicas y sociales.

"Hay una forma fácil de acordar con el FMI: aceptar lo que nos pida. Si hoy se demora el acuerdo es porque nuestros negociadores van a defender los intereses de los argentinos", sostuvo Rossi en declaraciones para AM750.

Argentina tiene vasta experiencia en consecuencias negativas de los acuerdos con el Fondo, y este nuevo episodio no parece ser distinto. El actual gobierno heredó un compromiso con el FMI asumido por el gobierno anterior que, intencionalmente o no, se transformaba en incumplible a partir de 2021. Preveía "pagar" el total de la deuda, unos 46 mil millones de dólares, en tres años, 2021, 2022 y 2023, y sumándole los intereses. 

El nuevo acuerdo de facilidades extendidas, que no anuló el anterior (el Stand By de 2018) sino que lo absorbe, fijó nuevos plazos de pago (se extienden hasta 2034), pero a la vez asume el compromiso de cumplir obligaciones y alcanzar metas que encadenan a la economía, supuestamente con el objetivo de "fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal". Una fórmula que el FMI aplica para Argentina, Egipto, Ucrania, Grecia o cualquier otro país deudor, ya se trate de un régimen tribal de Africa o un territorio asolado por los bombardeos. 

Bajo el estricto cumplimiento de las metas, hasta antes de que las cuentas públicas empezaran a sentir el impacto pleno de la sequía, la economía argentina no sólo no alcanzó el "fortalecimiento de reservas" sino que vio cómo se dilapidaron. Entre otras razones, porque el programa del Fondo dejó vigente un modelo de financiarización que convirtió a la fuga de divisas en el negocio más atractivo para los que ocupan la cúpula de una economía altamente concentrada. Más aun en una economía inflacionaria, que se encarga de hacer más regresiva (y más concentrada) la redistribución de ingresos.

Y luego llegó la sequía. Este es el argumento que puso sobre la mesa el gobierno buscando sensibilizar al Fondo, esto es, conseguir que accedieran a reacondicionar las metas. Con resultados, hasta ahora, inciertos. 

Según los funcionarios argentinos, todavía hay voces en el FMI que insisten en la receta vieja y conocida: megadevaluación para obtener más divisas, y recorte fiscal para eliminar necesidades de emisión monetaria. El gobierno respondió, como alternativa a esa política de shock, proponiendo establecer un cambio diferencial por un mes para sectores exportadores agrícolas, y alguna forma de extensión de impuestos a ciertos tipos de importaciones no imprescindibles, que operaría como una suerte de "devaluación acotada". 

Incluso, se especuló en que estas medidas podrían lanzarse previas al acuerdo, como un gesto de aproximación. Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, abrió la puerta a las expectativas de que el anuncio sería inminente, al señalar el viernes que "durante el fin de semana tiene que haber definiciones y certezas" respecto de cuestiones cambiarias para el agro. 

Será otro domingo de vigilia.