La ley de educación salteña obliga a padres y alumnos a revelar sus creencias religiosas, o la falta de ella, a las autoridades educativas, señaló el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea. Además, añadió, “exige el aval de las autoridades religiosas” para los docentes a cargo de la materia, “lo cual no sería necesario si fuera una asignatura no confesional”. Thea advirtió que no existen programas que detallen en qué consiste la materia: “el diseño curricular, los contenidos de esa educación religiosa no figuran, mientras que para el esto de las asignaturas el documento curricular prescribe contenidos, secuencias a lo largo de años de escolaridad y también fija criterios de educación”. En cambio, subrayó, las definiciones de la currículas de educación religiosa brillan por su ausencia, por lo que es “un espacio curricular fantasma”. “No se trata de una materia, sino claramente de una práctica religiosa inserta en la escuela pública. Y esa práctica resulta contraria a la libertad de conciencia y religión”.

También sobre lo que sucede en la práctica, en las vidas cotidianas de niñas y niños, se enfocó el representante del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina, Fernando Lozada, que forma parte de la Coalición Argentina por el Estado Laico. Lozada se basó en la defensa del derecho a la identidad, y señaló que los ateos, más allá de su edad, “vemos nuestros derechos vulnerados cuando se nos impone la participación forzada en un culto o práctica religiosa”. “La inclusión de educación religiosa en la escuela pública atenta directamente contra quienes construimos una identidad alejada de dogmas religiosos o contra quienes eligen que sus hijos, hijas o tutelados desarrollen su personalidad fuera del ámbito confesional”, señaló.

“La pregunta es de qué manera se puede llegar a la coherencia como virtud del ordenamiento jurídico si se pretende impartir religión y dividir a los alumnos en aulas como características de igualdad y no discriminación”, se había preguntado en la primera exposición una de los dos oradores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Mariana Catanzaro. “La ley nacional de Educación, en 145 artículos, menciona nueve veces el respeto por los indígenas, catorce veces la no discriminación y la igualdad, catorce a las minorías, nueve veces el término inclusión, diez veces el de diversidad, diez veces, democracia, 30 veces respeto”, recordó.