Juntos por el Cambio (JxC) decidió arrastrar a las Fuerzas Armadas a la pelea electoral. Desde el sector de las palomas, Horacio Rodríguez Larreta propone desplazar al Ejército hacia las fronteras para poder mover a la Gendarmería al conurbano o a Rosario mientras sus principales asesores en materia de Seguridad y Defensa embisten contra el gobierno del Frente de Todos por un proyecto de ley que regula al personal militar por considerar que contribuirá a la “chavización” de los militares. Los halcones que se referencian en Patricia Bullrich les muestran las garras y responden que las Fuerzas Armadas jamás serán “chavistas”. En el gobierno responden que estas acusaciones nada tienen que ver con el espíritu democrático de la propuesta de reforma. No son pocos los que ven que detrás de la discusión parece esconderse la pelea por la conquista del voto de la familia militar que mira con simpatía a la fórmula de La Libertad Avanza, sobre todo por la presencia de la diputada ultraderechista Victoria Villarruel.

“Todo es parte de una discusión que atrasa 20 años y que deja en evidencia los argumentos precarios de la oposición”, contestó Agustín Rossi, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, en diálogo con Página/12. “Muestra un desconocimiento de la política de defensa y del contexto internacional, donde la mayoría de los países están privilegiando la Defensa y, acá, la oposición quiere desviar a las Fuerzas Armadas hacia la seguridad interior”, agregó Rossi, que ocupó la cartera de Defensa durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

La discusión sobre la Defensa empezó a tomar envión después de que el Presidente anunció el 10 de julio pasado en la cena de camaradería que enviaría un proyecto de ley al Congreso sobre el régimen administrativo y profesional del personal militar –que pretende actualizar una normativa que había sido dictada en julio de 1971, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.

Las primeras críticas que recogió la iniciativa fue que impide la realización de homenajes a condenados por delitos de lesa humanidad, contra el orden democrático, la seguridad de la Nación o delitos dolosos que tengan una pena superior a los tres años. El tema puede ser espinoso en las filas militares, sobre todo después de la proclama que lanzó semanas atrás el general retirado Rodrigo Soloaga en defensa de sus camaradas presos y que fue catalogada por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, como una apología del terrorismo de Estado.

Como evidentemente la defensa de criminales de lesa humanidad no es un buen argumento de campaña, la oposición arremetió contra el régimen de ascensos diciendo que, en realidad, se buscaría que esto quede a discrecionalidad del Presidente, relegando a las Juntas de Calificaciones de cada una de las fuerzas armadas.

Taiana salió a responder a esos cuestionamientos en un comunicado que difundió este sábado. “Muchas de las afirmaciones fueron realizadas por la oposición de manera irresponsable o sin haber leído el contenido del proyecto”, escribió el ministro. “El mismo mantiene, al igual que la ley vigente, idénticos mecanismos para el ascenso de los oficiales superiores y sin restarle ninguna potestad al Honorable Senado de la Nación. Mientras que los ascensos de oficiales, suboficiales, tropa y alumnado se producirán teniendo en cuenta los criterios de antigüedad e idoneidad, mediante el sistema de selección y de acuerdo con los procedimientos que establezca la reglamentación de la ley”, replicó.

“Descalificar en el debate público no parece ser el camino correcto para que surja una ley consensuada”, completó el ministro Taiana.

Los halcones y las palomas van a la guerra

Uno de los que salió a despotricar públicamente contra la reforma propuesta por Defensa –después de haber aceptado participar inicialmente– fue Horacio Jaunarena, exministro de Raúl Alfonsín y una de las referencias en la materia para los radicales de JxC. En una columna publicada en el diario Clarín, Jaunarena –que siempre está detrás de propuestas que ven con buenos ojos que los militares asuman mayores funciones– habló de un “consenso inexistente” y de que el proyecto recogía un “espíritu faccioso” que se pretende instalar en la sociedad.

El texto de Jaunarena parecía estar en sintonía con el comunicado de tres páginas que lanzaron la semana anterior Eugenio Burzaco, Miguel Pichetto y José Luis Espert. “No vamos a permitir que el kirchnerismo transforme a las Fuerzas Armadas de Argentina en una fuerza de choque bolivariana en contra de la ciudadanía”, escribieron los tres hombres que responden a Rodríguez Larreta. Burzaco es su ministro de Justicia y Seguridad, que llegó al cargo después de la renuncia forzada de Marcelo D’Alessandro tras el escándalo de la filtración de los chats; Pichetto va como candidato a diputado y Espert como candidato a senador del larretismo.

Pichetto había prometido en abril pasado reforma la ley de Defensa Nacional (23.554) –aprobada durante el gobierno de Alfonsín– y la de Seguridad Interior (24.059) –adoptada durante el mandato de Carlos Menem–, que son parte del consenso democrático para evitar un rol preponderante de las Fuerzas Armadas después de la experiencia de la dictadura genocida. En ese momento, Pichetto había dicho: “Hay que abandonar la persecución judicial. Eso no es justicia, es venganza”.

Al trío les salió a responder el diputado de JxC Alberto Asseff, que hace campaña con Bullrich y fue uno de los organizadores en marzo pasado de una presentación –fallida– de un libro negacionista en la Biblioteca del Congreso. “Si hay alguna certidumbre en la Argentina actual, ésa es que las Fuerzas Armadas nunca serán chavistas y que para siempre serán instituciones de la Constitución”, contestó Asseff, que preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.  “Creo que Pichetto, Espert y Burzaco deberían empeñarse en buscar y encontrar argumentos de campaña más creíbles”, los chicaneó, atizando el fuego interno de la alianza opositora.

“Parece que están buscando el voto de la familia militar”, responden desde el gobierno. El texto del larretismo promete convertir a las Fuerzas Armadas en “protagonistas del cambio que viene”, pero sus impulsores saben que en ese sector no termina de hacer pie el jefe de Gobierno porteño. Pisa más fuerte Bullrich y posiblemente Villarruel, que es hija y sobrina de oficiales del Ejército –ambos con actuación durante la última dictadura–.

“No hay ideologización alguna en las Fuerzas Armadas. Cada integrante tiene su ideología porque tiene derecho a tenerla. Sin embargo, con esta posición se advierte que posiblemente sean ellos quienes quieren volver a las Fuerzas Armadas ideologizadas de los años ‘60 o ‘70”, asegura la exministra de Seguridad Sabina Frederic.

“La idea de involucrarlas en tareas de seguridad interior va en contra de la institución y de todo el trabajo el trabajo que hicieron ellas mismas para salir de la utilización que se había hecho de las Fuerzas Armadas durante el siglo XX. Es abortar todo el profesionalismo orientado hacia la Defensa y todo el proceso de integración dentro del orden democrático, del Estado de derecho”, sostiene Frederic. “El problema mayor es que no van a tener capacidad de actuar porque la ley se los impide y, de hacerlo, van a terminar incurriendo en todo tipo de delitos que van a afectar la integridad institucional. No están pensando en mejorar las Fuerzas Armadas ni en resolver el tema de la inseguridad, están pensando en lanzar panfletos al aire”.

Correr las fronteras

JxC ya no promete la revolución de la alegría, sino la “revolución de la seguridad”. Con ese eslogan, Rodríguez Larreta presentó los 14 puntos que propone para luchar contra el delito y el narcotráfico. El lugar fue el mensaje: lo hizo desde Rosario, acompañado por Maximiliano Pullaro que derrotó a Carolina Losada en la interna por la gobernación de Santa Fe. “Vamos a mandar al Ejército a cuidar nuestra soberanía, a blindar las fronteras y a controlar que no entren drogas y armas como si fueran un colador”, dijo el jueves el precandidato presidencial.

La idea de Larreta es reemplazar la presencia de la Gendarmería –la fuerza de seguridad encargada de patrullar las fronteras– con el Ejército y, de esa forma, mandar a unos 10.000 gendarmes a las que definió como zonas calientes para el narcotráfico: el conurbano bonaerense, Rosario y el sur de Córdoba.

“Es más de lo mismo”, resalta Manuel Tufró, director de Violencia Institucional y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Ya se enviaron Fuerzas Armadas a la frontera pero, como no se modificó la Ley de Seguridad Interior, no podían entrar en acción. Tenían una función completamente indefinida y difusa de hacer una especie de vigilancia: si veían alguna situación en la que había que intervenir, debían dar aviso a las fuerzas de seguridad federales”, explica.

“Si la idea es modificar la Ley de Seguridad Interior para que sí puedan hacer intervenciones, nos parece gravísimo”, resalta el integrante del CELS. “Hay una confusión conceptual en la que la idea de la frontera se acerca un poco más a las que serían las funciones de las Fuerzas Armadas. En realidad, eso se acerca si la supuesta amenaza transfronteriza es un otro ejército. Si lo que se ve como amenazas es un grupo de contrabandistas o un grupo que pasa droga, todo eso sigue estando por fuera de los supuestos para los que las Fuerzas Armadas están entrenadas”, agrega Tufró.

Los militares están entrenados para la guerra: usan armamento letal y no tienen la obligación del uso gradual de la fuerza que sí tienen los policías o los gendarmes. La discusión sobre implicar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad es cíclica y vuelve con más fuerza en períodos electorales. En 2015, la socióloga Paula Canelo recordó que ese debate se había dado en pleno diciembre de 2001 y un funcionario del gobierno de la Alianza había dicho: “Si el Ejército sale a la calle es para tirar y, si el Ejército tira, mata”. No es una discusión menor dentro de la alianza opositora en la que se “tiran” con alusiones a 2001.

El año pasado, Bullrich había sugerido reformar las leyes para implicar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Frederic recuerda que ya quiso hacerlo --sin reforma-- durante el gobierno de Cambiemos a través del decreto 228 de enero de 2016 en el que declaró la emergencia de Seguridad Pública. “No hay mucho nuevo en lo que están proponiendo. Ellos intentaron hacerlo y no pudieron. Para hacerlo, hay que modificar las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, y convencer a los militares. Tienen esa doble restricción: la legal y la institucional”, sostiene la exministra de Seguridad del Frente de Todos.