Los abusos sexuales en la infancia siempre sucedieron, tradicionalmente quedaron en secreto guardado por las familias y últimamente casos de La Rioja han trascendido las fronteras de nuestra provincia visibilizados por redes de feministas de todo el país.
Cuando empecé a investigar el caso Arcoiris conocí a una organización de Córdoba que viajaba hasta La Rioja para conformar un equipo de trabajo para combatir la compleja situación que la familia estaba atravesando tras denunciar los abusos sexuales intrafamiliares.
Las chicas de Akelarre ya formaban parte de una red federal que es muy consciente de lo que atraviesan las familias que padecen la violencia institucional de las revinculaciones forzadas. En aquel entonces desconocía la sistematicidad que revisten estos casos y como a la mayoría de las personas cuando se enteran de un caso de estos por primera vez, me resultaba muy difícil creer que tanta violación de derechos contra un niño o niña de parte del sistema judicial pudiera llegar a ser posible.
Aprendí sobre la invisibilización de esta problemática social de la peor manera. Lo que empezó como una investigación periodística individual terminó siendo el nexo con esa potente red cuando el mismo sistema judicial impidió mi trabajo profesional al censurarme por primera vez. Cuando me allanaron, yo ya no hablaba más del caso por respetar una medida judicial anticonstitucional impuesta por un presunto abusador que no le convenía que la verdad del caso se conociera. Pero fue así como conocí la potencia del abrazo colectivo de esta red. Ante la censura que padecí la red prestó especial atención a lo que sucedía con el caso, por lo que silenciaron a una y gritaron todas las demás y construyeron una muralla.
Las 4 censuras previas que tengo hicieron que muchas personas de otros lugares observaran al sistema judicial de La Rioja con especial atención, y es así como nos acostumbramos a recibir visitas de instituciones y entidades preocupadas por la violencia institucional. En ese marco personas comprometidas recorren muchísimos kilómetros para hacerse presentes en territorio y entender mejor lo que sucede. Es así como la psicóloga, escritora y activista feminista, Cristina Lobaiza Estrada, viajó hasta La Rioja respondiendo al pedido de auxilio de una pariente de un caso que cubrí para este medio hasta que la jueza Favaron me impuso una medida perimetral con una niña que no vi en mi vida.
Problemática social
Las revicnulaciones forzadas son casos en los que el sistema judicial decide mantener el vínculo de un niño, niña o adolescente con un presunto agresor a pesar de la voluntad expresa de su víctima. Según la investigación de Red Viva, hay al menos 1200 casos que responden a estas características en el país.
La ley de impedimento de contacto es la principal herramienta para que los agresores de todo tipo accedan a sus víctimas gracias a jueces y juezas que suponen que el interés superior del niño es estar en contacto con su presunto agresor antes de contemplar el posible riesgo que esto podría suponer para la integridad psicofísica de la víctima.
Madres protectoras
Ante esta problemática social de las revinculaciones forzosas surje el sujeto político de madres protectoras, que son aquellas mujeres que resisten la vulneración de derechos de sus hijos asumiendo su representatividad. En Cállate la boca y mirá, Cristina Lobaiza Estrada explica como esta figura alude a una categoría política que "redobla la apuesta" cuando se encuetra con la imposibilidad de acceder a derechos. El surgimiento de esta respuesta política va de la mano de las redes feministas conscientes de la desigualdad estructural que atraviesan las denunciantes mujeres en su descrédito recayendo en la vulneración de derechos en los sujetos más vulnerables de nuestra sociedad, las niñeces.
Violencia institucional
Así como los niños, niñas y adolescentes que padecen violencia intrafamiliar son víctimas revictimizadas por el estado, sus madres protectoras y todo el entorno familiar termina siendo víctima de violencia institucional.
"El abuso sexual intrafamiliar es un delito que tiene características muy particulares en la manera de impactar la trama psicológica, la trama social, la trama política de cada persona, de cada grupo familiar, es una situación que produce una gran desestructuración y por lo tanto un fuerte esfuerzo de cada persona, de cada grupo familiar para poder gestionar nuevos recursos que le permitan enfrentar no únicamente el trauma que produce, el trauma intrafamiliar, sino también todas las exigencias que plantea la realidad de la denuncia y lo que llamamos la ruta crítica que atraviesan las personas que denuncian estos delitos.
En estos casos además de ser víctimas de abuso sexual intrafamiliar, son víctimas de violencia institucional, una violencia institucional que muchas veces se superpone e impacta en las posibilidades de adaptación, de dar respuestas adaptadas a la realidad de una manera más negativa que el delito de abuso sexual intrafamiliar. Porque produce un trauma sobre un trauma, entonces configura situaciones de gran complejidad", explica la psicóloga.
"En La Rioja me encontré que las experiencias que las víctimas y los familiares, que también son víctimas de violencia institucional, les impide anticipación, siempre son primereados, es como estar jugando con cartas que están marcadas, es un truco donde una parte tiene todos ases y a la otra parte les tocaron los cuatros, es decir, encontrar justicia así es imposible", expresó Lobaisa Estrada sobre su aprendizaje en contacto con casos de La Rioja.
La Loba en La Rioja
En diálogo con La Rioja/12 Lobaiza Estrada contó que la contactó una pariente de niña Lila (caso cosquillitas) y cuando comprendió lo que estaba sucediendo con el caso "surgió el pulso de viajar". Ella explica que se dispuso a venir sin muchas pretensiones más que el valor simbólico y político, "pensando a la política como aquella dimensión de relación con el poder de decidir de quién accede a recursos materiales y simbólicos, y quién no". Cuenta que las actividades se dieron sobre la marcha porque ella viajaba principalmente a "darnos un abrazo y a sabernos presentes". Fue así como conversando sobre el viaje surgió una charla abierta que se realizé el martes 18 en un laboratorio social que está pronto a inaugurar, y de ahí surgió una acción simbólica que se realizó frente a tribunales el miércoles 19.
En la charla abierta "La Loba", como la conoce cariñosamente su manada, invitó a un micrófono abierto resaltando que ella venía a aprender sobre "el conocimiento situado en territorio" y fue así como se desplegó una especie de acción catártica en la que sobrevivientes y familiares de víctimas de abusos sexuales intrafamiliares compartieron sus experiencia, mientras en una especie de terapia grupal Cristina en su rol de psicóloga reflexionaba sobre las vivencias individuales y los parámetros estructurales que las atraviesan.
Al otro día, luego de una intensa agenda para articular con organizaciones y sobrevivientes, un grupo se reunió frente a tribunales para realizar una acción simbólica de "activación" donde se reclamó la "plena vigencia de los Derechos Humanos en Argentina, la plena vigencia del Estado de Derecho, la urgencia de una ley de violencia vicaria, el cumplimiento de la ley 27372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, el cumplimiento efectivo de la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por la declaración de Emergencia Social en materia de Violencia contra las Mujeres, por un poder judicial que cumpla la ley".
En ese encuentro se repartieron volantes, se reclamó por la libertad de Delfina Silva Zarranz, se exigió el derecho de niña Lila de vincularse con su familia materna, se reclamó la detención de Jonathan Paredes, y se leyó una lista de más de 20 casos de revinculaciones forzosas en el país que incluyó 4 casos de La Rioja que han sido mediatizados. "Una acción de activación es una llamada al movimiento, es una llamada al cambio, es una llamada a las fuerzas que operan en el campo social", expresó la escritora.
