Alberto Nallar, abogado de comunidades originarias, especialista en derecho administrativo, defensor de los derechos humanos, cabalgó cual Quijote entre los cortes de ruta en la provincia de Jujuy, que todavía se mantienen en defensa del territorio, el agua, y con la consigna "arriba los salarios, abajo la reforma". Ejerció una suerte de cátedra abierta en cada uno de los bloqueos que visitó hasta el 13 de julio pasado. Ese jueves fue detenido por orden del juez de control Rodolfo Fernández, a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, que le imputó delitos de sedición, incitación a la rebelión y a la violencia.

"No existen los hechos que configuran los delitos que se me imputan", explicó técnicamente el jurista. "¿Entonces usted está secuestrado por el Estado jujeño en prisión domiciliaria?", le repreguntó este diario. "Así es", respondió. "Es lo que tiene que evaluar el gobierno nacional", añadió refiriéndose al pedido de intervención federal a Jujuy. "Yo soy la expresión más cabal de que aquí no hay justicia. Milagro Sala está en prisión domiciliaria porque en Jujuy no hay justicia", insistió. La referente de la Tupac Amaru está detenida desde el 16 de enero de 2016. "Lo que tenemos que hablar es de la causa, que es el apoderamiento del Poder Judicial por parte de Gerardo Morales".

Lo que hizo Nallar en los cortes de ruta fue compartir argumentos con comuneros y comuneras y manifestantes que hace más de 40 días permanecen firmes con sus reclamos. En cada bloqueo, asesoró gratuitamente y, de manera didáctica, facilitó herramientas legales con las que contrarrestar las estrategias de sometimiento que despliega actualmente el gobierno jujeño. Por todo ese accionar in situ -y también en solitario- contra los molinos de miedo de Morales, fue detenido. Ocurrió mientras se preparaba a viajar a San Salvador de Jujuy desde su casa en la localidad de El Carmen, situada a 20 kilómetros por ruta nacional 9 al suroeste de la capital jujeña.

"Estaba en mi escritorio --rememoró sobre la detención-- cuando llegaron policías de civil. Me mostraron la orden primero, luego me detuvieron. Pero en vez de trasladarme a la Seccional de Policía para cumplir con el procedimiento, como con cualquier persona, me llevaron directamente al penal de Gorriti". El Establecimiento Penitenciario 1 de internos varones mayores de Jujuy es un excentro clandestino de detención usado durante la última dictadura cívico militar. "Hasta tenía celda asignada", ironizó el legista norteño. La familia alertó a colegas, amigos y a los medios.

Su audiencia con el juez Rodolfo Fernández y el fiscal Walter Rondón ocurrió por vía remota. "Durante el zoom", por la formalidad que se concretó por la plataforma, "advirtieron la barbaridad que estaban cometiendo", continuó Nallar en su relato. "Fue entonces cuando me ofrecieron prisión domiciliaria". Aludía a un procedimiento reservado para las y los abogados al momento de ser imputados o detenidos: dar intervención inmediata a su Colegio de profesionales. El paso no se había cumplido. Su actual presidente, Ramiro Tizón (hijo del juez y escritor Héctor Tizón), fue informado después del mediodía, cuando Nallar ya se encontraba en el penal del barrio Gorriti, ubicado sobre Leandro Alem al 200. La opción otorgada a Nallar para que cumpla la medida dispuesta por la administración de justicia jujeña, comenzó a regir el 14 de julio y perdurará hasta el 3 de agosto. "Voy a pedir la nulidad de la prisión domiciliaria para terminar así con esta farsa", adelantó el abogado y dijo que presentará hoy un escrito digital a través de su defensor.

Nallar no brindó detalles sobre el trato que recibió de las fuerzas de seguridad durante su estadía en el penal de Gorriti. Solo deslizó que todo transcurrió en buenos términos. Optó más bien por ser propositivo y discutir qué hacer para frenar el proceso institucional que todavía atraviesa la sociedad jujeña. "Tengo la seguridad de que Morales, con todo esto visibilizó quién es y qué hace en Jujuy. Al detenerme, atemorizó y disciplinó al resto de los abogados de la provincia, para evitar que investiguen la legitimidad de la reforma", se explayó, "y para que no ejerzan la defensa activa de las personas que siguen reclamando en las rutas". 

"El pueblo no tiene acceso a la justicia, mientras él está blindado", insistió. "Él tiene todo el poder, el pueblo está indefenso", continuó. "El problema de fondo es que no hay dónde denunciar delitos como la privación ilegal de la libertad. Como no hay división de poderes de Jujuy --aseveró-- los ciudadanos tampoco tienen donde reclamar el inclumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos". Por eso, a su entender, es viable la intervención federal. "Nadie llevó al escritorio de Alberto Fernández los argumentos que permiten aplicar en Jujuy el artículo 6 de la Constitución Nacional",  agregó refiriéndose al apartado que permite a la Nación intervenir en las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno. 

"(En Jujuy) hay una enorme conciencia social sobre lo que está ocurriendo", dijo Nallar al sintetizar su experiencia en los cortes antes de ser detenido. "La lucha se mantiene, mayoritariamente, por las mujeres. Sin baño, sin agua, a la intemperie, con bajísimas temperaturas, y encima hostigadas", recordó, "hace cuarenta días que esas heroínas asumen todos los riesgos".