Dice Romina Barrios que “la madre de todas las batallas es la gestión del suelo”. Y lo dice al hablar de los mecanismos que utiliza el gobierno de Axel Kicillof para generar tierra. Para fabricar sitios donde desarrollar planes de vivienda. Barrios es la directora del OPISU, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.

Politóloga, 41 años, Barrios cuenta que lo suyo es “cumplir el sueño de la piba”. Cuando terminó Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires hizo la Maestría en Administración Pública de Económicas. Investigó “los temas de espacialidad”, como ella misma define, y aun hoy, en los pequeños huecos que puede hacerse en el cargo, da clases en la Universidad de San Martín. El nombre es casi obvio para su oficio: Diplomatura en Gestión del Hábitat.

El universo del OPISU es complejo. Porque los barrios populares existen y porque siempre hay cuestiones de legalidad que quedan pendientes, sobre todo si hay vocación por resolverlas en favor de sus habitantes reales. De 5600 barrios populares existentes en la Argentina, 1933 están en la provincia de Buenos Aires. Una proporción coherente con el resto de los indicadores que muestran la relación entre la Provincia y la Nación. Siempre oscilan entre el 35 y el 40 por ciento los votantes, la población o el Producto Bruto Interno.

Es común oír hablar de un conurbano lleno, pero no todos los barrios populares están en el Gran Buenos Aires. La mayoría, naturalmente. Pero hay un 30 por ciento en el interior del territorio bonaerense.

En todos el elemento que puede desanudar otras variables es la gestión del suelo. No hay configuración que escape de ese nudo. La configuración de villa, que Barrios describe como “histórica y enrevesada”. O la configuración de asentamiento, “con traza amanzanada”.

Dice la funcionaria que la idea de que las villas fueron creadas por Juan Perón es una “leyenda negra”.

--¿Cuál es, entonces, la fecha clave? –pregunta Buenos Aires/12.

--Como en casi todo lo malo que sucedió en la Argentina, la fecha es 1975. Y después la dictadura fue profundizando el desastre.

Ése es el año del Rodrigazo, por el ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, un paquete que combinó megadevaluación, alza de tarifas de un mínimo de 100 por ciento en los servicios públicos, aumento de combustibles en un 200 por ciento. Comienzo de la recesión. Comienzo del ensanchamiento de la grieta entre la renta del trabajo y la de los empresarios.

Cuando deja la explicación histórica y vuelve a lo que pasa hoy, Barrios dice dos cosas al mismo tiempo:

*”Para cambiar algo no queda otra que tomar decisiones todos los días”.

*”Para alguien que milita en política, hacerlo en la gestión es el mayor desafío militante”.

Traducción de las dos frases a cargo de la propia directora del OPISU: “Cuando con Axel ganamos las elecciones de 2019, la caracterización era que esta gente, o sea el equipo de Axel, no sirve, no entiende y no puede. Después vino la pandemia, pero como cuando llegué el OPISU no tenía planta permanente, construimos el organismo para que sirviera. Fuimos entiendo la lógica de la Provincia. Parte de entender es comprobar que la primera respuesta siempre va a ser que no, que no se puede. Y entonces es el momento de ordenar los sistemas administrativos de la llamada línea. Es cuando hay que buscar, respetando la ley, por supuesto, el intersticio técnico administrativo, fijar rumbo y ordenar en la marcha a todos los jugadores.”

El mecanismo es el diálogo directo con cada municipio, que según Barrios cuando se da “siempre es un diálogo razonable”. Por eso tiene la sensación de que ahora, a casi cuatro años del inicio de la gestión y a dos de la pandemia, “pareciera que las obras se me inauguran solas”.

“El que toma construye ciudad”, analiza la directora. “Lo ejecuta antes de que el Estado o el mercado lleguen a hacerlo.”

Añade Barrios que por ese motivo el desafío es, al mismo tiempo, “generar suelo y soluciones habitacionales”. La cifra ya llega a 40 mil en Provincia, un trabajo de Nación y del Instituto de Vivienda bonaerense.

Lo que sucede hoy es que “las familias que buscan suelo en la Provincia se corren radialmente hacia la segunda y tercera corona”, y a la vez no cambia la característica de que no hay villas de cuatro pisos como en la capital, en la 31 o en Ciudad Oculta. La disputa por el suelo de la tercera corona se despliega hoy desde Campana a La Plata, y en especial en San Vicente, una de las ciudades que más creció en la Argentina.

La tierra pública es poca en la provincia, pero el punto de partida es que si hay decisión siempre hay suelo disponible y las chances aparecen.

Kicillof reglamentó el sistema por el cual los barrios cerrados y countries debían ceder suelo para construir viviendas fuera de ellos. Villa Gesell ya presentó su plan de ordenamiento municipal. En Pehuajó el intendente Pablo Zurro está negociando con consorcios privados para evitar la construcción de barrios alejados. “Si no hay política pública, el privado negocia una excepción del código como viene ocurriendo desde los años ’60 y ’70, y nunca habrá suelo disponible.”

Dice Barrios: “Acabamos de inaugurar viviendas en Villa Itatí. Ahí mismo estamos haciendo toda el agua y la cloaca. Son 20 mil personas. En Guernica se está armando el barrio, con red de agua y 180 viviendas.

Hay una jerarquización de esas políticas que permiten fondeo. Los intendentes empiezan a entender la necesidad de ordenar los territorios. San Vicente está armando un loteo entre San Vicente y Alejandro Korn. Los municipios son los que tienen la primera competencia en el ordenamiento.Ya sé que siempre algún organismo dice que no se puede, pero se le puede encontrar la vuelta. Que el municipio compre tierras. Tiene mecanismos. Lo articulamos. Lo bueno es que cuando hay soluciones visibles, como en Villa Azul, la gente espera que termina la construcción y deja de tomar. Y para que sea rápido hay que discutir. Necesitamos celeridad, confianza y reconstruir el vínculo entre organizaciones y Estado para responder. Yo tengo que ejecutar. Los vecinos me tienen que creer. Hablo de zonas difíciles, como Puerta de Hierro o San Petersburgo.”

Hay, además, una dimensión laboral específica. El OPISU garantiza la integración de más de dos mil personas al empleo. El salario mínimo es el mínimo vital y móvil y el ingreso de la persona que trabaja en la obra es el de la Unión Obrera de la Construcción. "El 40 por ciento de los trabajadores de una obra tienen que ser locales", dice Barrios..