–En la pasada votación en el Congreso del Presupuesto 2017, se aprobó la asignación de 1028 millones de pesos, que solo beneficia a 21 Universidades Nacionales y excluye a otras 35. ¿A qué atribuye esta distribución y cuál sería el modo correcto y transparente de asignar ese monto?
–Sobre esto es necesario hacer una aclaración. El Presupuesto de Ley contempla salarios y funcionamiento de todas las universidades del sistema.  Pero además, existe un refuerzo presupuestario –denominado “Planilla B”– que históricamente fue otorgado a todas las Universidades Nacionales. A través de la misma, estas perciben una partida determinada para poder garantizar el funcionamiento pleno de las instituciones. El problema es que esto siempre fue distribuido en función de lo que se llama “modelo de pautas”, un criterio consensuado en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), por todo el Sistema Universitario. Esto evita discrecionalidades. Se trata de modelo que tiene en cuenta algunos parámetros relacionados con cantidad de estudiantes, cantidad de metros cuadrados, cantidad de sedes, localización regional, etc. Sin embargo, este año no se respetó la modalidad histórica, sino que se definió en el Congreso donde, suponemos que, un grupo de diputados y algunos rectores consensuaron esa distribución dejando fuera a más del 50 por ciento de las universidades del sistema. Esta es la primera vez que la “Planilla B” se distribuye en el Congreso. En el Senado nos decían que era para compensar partidas, pero eso no es verdad. Esta distribución provoca un desfinanciamiento para las universidades excluidas de esa planilla, y el monto que les corresponde a las que sí están en la lista es mayor. Cabe aclarar que no todas las que están en la lista son las que tienen problemas económicos. Algunas no los tienen y además fueron anteriormente beneficiadas. Pero la mayoría de las que declaramos la emergencia económica estamos fuera de la lista. Eso es muy llamativo y no obedece a ningún criterio, sino que responde a la relación que tienen los rectores con algún legislador. Esto no tiene ninguna lógica. Cuando esa planilla salió al recinto, un grupo de legisladores de varios bloques –tengo entendido que del FPV y radicales– intentaron hacer una lista con las universidades que no estaban incluidas, para obtener algún monto que pudiera compensar esa exclusión, pero eso no fue votado por los otros bloques. Es un tema delicado, políticamente escandaloso, absolutamente arbitrario y discrecional. Es una distribución que resulta muy excluyente, ya que en la lista faltan importantes Casas de Estudio como la Universidad de la Plata, la de Cuyo, la de Tierra del Fuego, la de Comahue que está en emergencia, la de Lanús, etc. Digo esto porque no hay una explicación política partidaria en esta distribución. 
  –¿Cuál fue la reacción de las autoridades de las distintas universidades frente a esto?
  –Estamos juntándonos con otros 20 rectores aproximadamente y trabajando con algunos senadores, con el fin de plantear una modificación en la distribución de los fondos de la “Planilla B”. De alguna manera la asignación económica para que funcionemos el año que viene tiene que venir por parte del Estado, que es el que tiene que garantizar la Educación Superior que está considerada como un derecho. Esto está consagrado en la Ley, pero además en un documento muy acertado del CIN que fue apoyado por todas las universidades y firmado en Cartagena de Indias durante la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe en 2008. Hay que pensar que en breve la Conferencia Regional se va a reunir en Córdoba y sería realmente un problema que, en ese contexto, las universidades quedemos relegadas del financiamiento. 
  –Mientras las universidades declaran emergencia económica, desde el Ministerio de Educación mencionaron que el presupuesto universitario aumentaría un 44 por ciento en 2017. ¿Cómo se explica esto?
  –El aumento del que se habla no cubre los gastos que se realizaron este año, porque en 2016 hubo un fuerte aumento de precios, de tarifas de servicios, de impuestos, de alquileres, etc. Entonces en 2017 no vamos a tener un 44 por ciento de aumento sino mucho menos, porque no hubo una actualización en el presupuesto de este año, por lo tanto el aumento proclamado resulta insuficiente. Pareciera que ese presupuesto fue pensado con una inflación menor para el año próximo, lo cual es bastante especulativo. En Jujuy durante el plenario de rectores, el ministro Bullrich mencionó que existían 13 universidades con dificultades económicas, entre las cuales estaba la nuestra. Los rectores entendimos que se iba a dar algún tipo de respuesta. Por lo pronto este Presupuesto de Ley no supone el aumento que el Ministerio anunció en los medios, porque no soluciona los problemas económicos ya existentes y no cubre los gastos necesarios para el funcionamiento pleno de las universidades el año próximo.
  –¿Hay otros factores, además del presupuesto, que estén acorralando la Educación Superior?
  –Un factor importante es la modificación de la Ley de Educación Superior, porque todavía no tenemos ningún proyecto, ni ninguna forma de saber cómo va a ser planteada. Estamos atentos a las posibles modificaciones y a mí me gustaría saber cuáles serían. Lo que sí me parece preocupante es que los rectores no las conozcamos ya que somos quienes velamos por los intereses de las universidades. Sobre todo por las que representamos, pero también por el Sistema Universitario argentino que es un sistema único y ejemplar. Desde la reforma del 18’ hasta acá es admirado por muchos países del mundo. Entonces, cualquier modificación en la Ley creo que debe ser discutida por toda la comunidad universitaria. No solamente por los rectores sino también por todos los claustros. 
–En octubre, numerosas Universidades Nacionales declararon emergencia económica presupuestaria y financiera. En el caso de la Universidad Nacional de las Artes, ¿Cuáles fueron las razones que la llevaron a tomar esta medida?
–Por un lado la demora en las transferencias de todo lo que tiene que ver con los contratos programa. Esto afecta directamente a los salarios. En lo que va del año, todavía no recibimos los fondos para ninguno de esos contratos que estaban listos para ser consolidados en el presupuesto, ya que se habían cumplido y rendido como corresponde. Todo esto suma un total importante hasta la fecha, unos 11 millones de pesos, aproximadamente. Pero además existe una reducción de la cuota mensual correspondiente a los salarios y cargas sociales. Sobre esto, supongo que todavía se puede poner al día antes de diciembre, considerando que el inciso 1º del Presupuesto se divide en trece cuotas, contando el aguinaldo, y que eso viene mensualmente transferido desde el Ministerio de Educación. En diciembre del año pasado llegaron 40 millones de pesos, pero en enero de este año llegaron 37 millones, luego se fue acomodando pero nunca llegó a la suma total que debería dar por el prorrateo de cuotas. Por otro lado, hubo un fuerte aumento en todo lo que tiene que ver con tarifas e impuestos, especialmente en ABL. Nosotros ya presentamos un proyecto de ley, para que todas las universidades queden eximidas del pago de ABL y hasta ahora está circulando en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña. Además, no lo firmaron todos los bloques (tengo entendido que no fue firmado por el bloque oficialista). Hay que considerar que los ABL son otros 3 millones de pesos aproximadamente. Luego, otros aumentos como el de las tarifas, que no fueron compensados con el refuerzo presupuestario y los intereses que generan las demoras en pagos. Sumado a todo esto, la UNA tiene muchos alquileres. Si bien todo lo que mencioné es específico de este año, nosotros ya veníamos con un problema de emergencia edilicia que ahora se agrava porque aumentaron los alquileres, los servicios, los impuestos, etc. Entonces los contratos de alquiler se volvieron un problema grave en la renovación, en la renegociación, acondicionamiento edilicio, etc. Seguimos buscando una solución definitiva al problema de infraestructura que es obtener edificios propios para la Universidad. Para eso estamos trabajando fuertemente con el Ministerio y tenemos algunos intercambios con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En este momento estamos en conflicto con la AABE en función de un amparo por la venta de un conjunto de edificios que para Nación no tenían uso y nosotros avisamos que algunos de esos edificios nos resultarían muy útiles. Entonces, más allá de este problema que requiere una solución de mediano y largo plazo, en lo inmediato necesitamos refuerzos económicos para solventar los gastos extra.
–¿Esta emergencia fue declarada antes de la aprobación en el Congreso del Presupuesto 2017? 
–La emergencia la empezamos a pensar cuando comenzó el segundo semestre, porque hubo una manifestación por parte del Ministerio señalando que se iba a transferir lo que se adeudaba de los contratos programa. Así que esperamos a que iniciara el segundo semestre. En agosto consultamos el estado de esa resolución, pero dijeron que estaba próxima a salir. En septiembre lo mismo y entonces decidimos en octubre, empezar a trabajar con la emergencia. Empezamos a atrasarnos y había que hacer una reasignación de partidas, pero no podíamos hacerlo si la gestión no contaba con una delegación del Consejo Superior. Esto es, para poder realizar estas maniobras en términos legales, dentro de lo que es la autonomía universitaria. Así que declaramos la emergencia para poner en evidencia el problema, más de lo que ya estaba y para habilitar cuestiones legales porque no estábamos pudiendo cumplir con los compromisos presupuestados por el Consejo Superior el año pasado. 
   –¿Qué lugar ocupa la UNA en la órbita cultural actual y cuál es su estrategia para dar este debate?
  –La UNA debate permanentemente estas cuestiones y muchos aspectos de la política. Esta Universidad es muy importante para la cultura argentina y en particular para la Ciudad de Buenos Aires, ya que alberga estudiantes de todo el país y de todas las extracciones sociales. Creo que en todo el país hay conciencia de la importancia de esta universidad para la cultura argentina. Incluso, considerando que el arte siempre fue una forma de producción de conocimiento más relegada que la ciencia y la tecnología. Si bien la UNA es nueva en el Sistema Universitario, muchas universidades tradicionales tienen carreras de artes. Está muy legitimada la enseñanza en artes y Argentina es un país que tiene una gran producción en la enseñanza artística. Se puede trabajar desde otros lugares, culturalmente con la toma de conciencia. 
  –Además, hace dos años pasó de ser Instituto Universitario (IUNA) a ser Universidad Nacional (UNA).
   –Sí, es una universidad que nace en el 96’ como Instituto Universitario. O sea, tiene veinte años. Nosotros explotamos al máximo todos los compromisos que conllevó convertirse en Universidad. Esto fue posible por el apoyo que recibimos desde el estado nacional, hace dos años, cuando el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) pasó a ser Universidad Nacional de las Artes (UNA). En ese momento desde el Estado vieron en este crecimiento un desarrollo estratégico dentro del Sistema Universitario. 
  –¿Todo lo referido a becas y programas fundamentales continúan vigentes? 
  –La UNA tiene un programa de becas que está momentáneamente parado, porque al no ingresar las partidas para llevarlas adelante, no pudimos ejecutarlas. Otorgar una beca a una persona implica un compromiso que luego no podemos deshacer. Entonces decidimos no avanzar todavía, hasta que lleguen los fondos. Aún estamos esperando parte del presupuesto que debe ser destinado a becas, porque así lo determinó el Consejo Superior. Se trata de becas para estudiantes y también de subsidios a la investigación de docentes. 
  –Con todo esto ¿se verá restringido el rol que cumple la Universidad en relación con la sociedad y el territorio?   
  –El Presupuesto de Ley es una herramienta política, cuando se restringe el dinero para el desarrollo de programas específicos se limita la función de la Universidad a dar clases y a financiar algún nivel de investigación. En artes, la transferencia está vinculada a la producción artística. Por ejemplo, el proyecto Nexos que se hace con el Hospital Borda tiene que ver con un trabajo muy serio de estudiantes junto con docentes tutores y el equipo del Borda para acompañar el tratamiento de los pacientes internados y aquellos que se encuentran en tratamiento ambulatorio. Para que ese proyecto sea financiado tiene que haber cierto interés de que la universidad tenga contacto con el territorio. En esto teníamos el aval de la gestión previa del Ministerio que llevaba adelante este tipo de políticas, donde las Universidades debíamos ser responsables de las acciones a desarrollar en el territorio, como el proyecto Nexos. Ahora no lo veo claramente reflejado en el presupuesto lo que limitaría la puesta en práctica de este tipo de proyectos. Tampoco parece ser una prioridad para las políticas educativas actuales. Como ese, fueron limitados prácticamente todos los programas vinculados al desarrollo y la extensión. El presupuesto es determinante en este aspecto. La relación entre el dinero y la política es una relación directa y el presupuesto lo que demuestra es la prevalencia de ciertos intereses por sobre otros. 
   –Usted integra el Comité por la Liberación de Milagro Sala y junto con algunos rectores la visitaron. ¿Qué puede decir de esa visita?
  –Se cumplieron más de 300 días de su detención. Recuerdo cuando fue detenida que me afectó de manera inmediata. Sabía quién era ella pero no conocía en detalle su trabajo, ni su forma de hacer política. Sin embargo, me pareció un síntoma terriblemente peligroso para nuestra sociedad que se la detuviera solamente por realizar un acampe, que es lo que ocurrió en el primer momento. No se está cumpliendo con las garantías que a cualquier ciudadano le corresponden. En el caso de un ciudadano que además se encuentra en plena actividad política, tiene que quedar muy claro que se deben cuidar esas garantías. Empecé a integrar el Comité desde el principio. Primero, desde un punto de análisis y luego fui a conocer la obra y me puse en contacto con integrantes de la Tupac en Jujuy y ahí entendí de otra manera el trabajo de Milagro Sala. La visitamos en la cárcel junto con 20 rectores aproximadamente y, luego de conversar con ella, hicimos una publicación comunicando lo que narró respecto de los interrogatorios y de los cambios de carátula para dilatar su encarcelamiento. No me queda ninguna duda que ella está presa por cuestiones políticas. De esta forma no se puede saber si cometió delitos porque los pasos procesales necesarios no fueron desarrollados como corresponde. Todo este contexto tan irregular no ofrece garantías para llevar adelante un juicio justo. Así que, primero liberen a Milagro Sala y luego, si es necesario, se continuará con los pasos procesales correspondientes. 
  –Sumado al ensañamiento, destrucción y parálisis de las obras realizadas por la Tupac.
  –Todo eso fue narrado por ella, incluso la destrucción de su domicilio y los de otros integrantes de la Tupac. De las otras mujeres que están presas con ella, una en particular me impresionó mucho y me llegó al corazón. Pachila es mamá de nueve hijos y el allanamiento se realizó con los nueve chiquitos en la casa, mientras ella sigue presa. Entonces, creo que hay mucho ensañamiento y es evidente que lo hay. Pero además, pareciera que el gobierno de Jujuy busca ocupar ese lugar políticamente, habilitando o no el funcionamiento de las fábricas, las escuelas, etc. Quizás esto tiene que ver con maniobras que en general estamos habituados a ver en política, pero lo de la detención es inédito en Argentina ya que desde la última dictadura militar no veíamos, con tanta evidencia, un preso político. Está denunciado por la ONU, el Vaticano también se pronunció sobre esto, no falta ninguna organización a la que se haya ido a reclamar que no se exprese en el mismo sentido. Esto se convirtió en un escándalo de orden internacional. 
  –La UNA siempre estuvo muy comprometida en la defensa de los Derechos Humanos. ¿Cómo ve la discusión en torno al número de desaparecidos?
   –Sí, la UNA le otorgó el Doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto. Además, creó la Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos cuya profesora titular será también la Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. No puedo concebir este retroceso en relación a las argumentaciones que se empiezan a manejar, si no es a partir de la idea de que hay una intencionalidad para volver a poner en tela de juicio los Derechos Humanos. Entiendo que, quienes trabajan con este discurso, son los verdaderos responsables y cómplices de este genocidio. Quieren encubrir, quieren engañar a la sociedad, como ya lo hicieron, diciendo que la cantidad modifica algo. Están corriendo el eje de la discusión significativa. Es un genocidio. Cuando se dice que fue un golpe cívico-militar, ahí está la pata cívica que va a intentar que no se considere como un crimen grave. Para excarcelar a los genocidas, para que no sean juzgados. No lo puedo entender de otra manera.
  –¿Qué lugar tiene el arte en la disputa por una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad? 
  –El arte es un modo de producción de conocimiento que abre los horizontes de la verdad, de la comprensión del mundo y por tanto lo modifica. Eso es la práctica artística desde que la humanidad se escribe y se cuenta. En la Grecia antigua, mitos y logos eran parte del conocimiento, pero luego se separó eso y el mito quedó relegado junto con la ficción y el arte. Hoy existe un trabajo por reincorporar ese aspecto de producción del conocimiento y creo que eso fue un hallazgo de esta universidad y de las políticas de Estado desarrolladas por el gobierno anterior que entendieron que el arte era parte de esa transformación. En este momento, tenemos una función más importante todavía, porque como dice Deleuze, “el arte rasga las telas del paraguas para poder espiar un rato el caos”. El arte tiene que mostrar algo de ese caos detrás del entramado de signos que indican que todo está en orden, que no hay tantos desaparecidos, que no hay presos políticos, que no hay catástrofe económica y que no existe ninguna de las situaciones que asustan. Nosotros tenemos el deber de mostrar esa falsa organización, esa tela endeble. Tenemos que mostrar que esto es sólo un encubrimiento. 

¿Por qué Sandra Torlucci? 

Crónica de un ajuste anunciado

Los ajustes, no prometidos en campaña, desembarcaron en la educación superior. Se empezó a notar cómo viene la jugada: tarifazos imposibles; un ajuste en el presupuesto de ciencia que atrasa veinte años; la distribución discrecional de refuerzos presupuestarios esenciales entre sólo 21 de un total de 56 universidades. Sobre esto están alertando las autoridades que ven peligrar el funcionamiento pleno de las instituciones educativas. El problema, no sólo reside en la distribución desigual, sino que históricamente ese monto era consensuado por todo el sistema universitario, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) era el que se ocupaba de su distribución. Pero esta vez se repartió en el Congreso con total discrecionalidad. Sin explicación partidaria, las universidades beneficiadas tienen afinidad mayormente con el radicalismo, pero también las hay con el peronismo. Tampoco fueron fondos destinados al rescate de instituciones que atraviesan dificultades presupuestarias. Entre las que quedaron excluidas, al menos 13 ya presentaban problemas económicos en septiembre, tal como lo expresó el ministro Bullrich en el plenario de rectores del CIN. 
La Universidad Nacional de las Artes fue una de las instituciones de educación superior que declararon emergencia económica, presupuestaria y financiera. Su rectora, Sandra Torlucci, explicó detalladamente cómo funcionó históricamente la asignación de recursos para todo el Sistema Universitario. Torlucci cumple su segundo mandato como autoridad superior de la UNA, donde también fue decana del Departamento de Artes Dramáticas. Además se desempeñó como secretaria académica de la Maestría en Administración Cultural (FFyL- UBA) y del Centro Cultural Ricardo Rojas. Como docente de grado y posgrado se ha especializado en Semiótica y Teoría del Teatro y las Artes Audiovisuales, desarrollando su actividad en la UNA, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Cine, entre otras instituciones. Actualmente, integra el Comité por la Liberación de Milagro Sala y fue parte de la comitiva de rectores que visitó a la dirigente en septiembre de este año.
Sin dar explicaciones, como les enseñó Duran Barba, se desmantelan las políticas públicas, se hacen negocios inmobiliarios con instituciones educativas y de salud, y se giran millones a ONG del sector educativo mientras se debilita, con un desfinanciamiento progresivo, a la mayor parte del sistema universitario. Pero además, contando con la ayuda del Poder Judicial, siempre listo para armar causas penales exuberantes y sin sustento (Marijuan denunció a 52 universidades de 56 sobre la base de una nota de Clarín), se busca difamar al Sistema Universitario. De a poco, sin dar explicaciones, corre el debilitamiento progresivo del las instituciones públicas. La variable que les falta es que, en la trinchera, las universidades están organizadas.