El Parlamento israelí aprobó este lunes una cláusula clave de la controvertida reforma judicial impulsada por la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, que busca restringir las facultades de la Corte Suprema para pronunciarse sobre medidas del gobierno. La decisión originó un inusual comunicado crítico del gobierno de Estados Unidos, que venía alertando que la iniciativa era, como mínimo, precipitada.

El texto fue aprobado por 64 diputados de la coalición de derecha, extrema derecha y ortodoxos religiosos, mientras que la oposición decidió boicotear la votación. La sesión en el Parlamento, que cuenta con 120 legisladores, se realizó en presencia de Netanyahu, de 73 años, que fue dado de alta del hospital, luego de que fuera sometido el domingo a una cirugía para colocarle un marcapasos. Poco antes de la votación la policía dispersó con carros hidrantes a cientos de manifestantes.

¿En qué consiste la cláusula aprobada?

La doctrina de la razonabilidad, ahora anulada, le permitía a la Corte Suprema revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales basándose en si eran o no razonables y es vista por el movimiento de protestas y la oposición como una garantía democrática frente a abusos de poder. Las formaciones derechistas y religiosas que integran el gobierno consideran, en cambio, que da a los tribunales amplio margen para inmiscuirse en asuntos políticos.

En un mensaje televisado, Netanyahu defendió la aprobación de esta cláusula como "una etapa democrática necesaria". El primer ministro de Israel instó a la oposición a dialogar para "llegar a acuerdos" sobre otros aspectos de la reforma que aún no fueron sometidos a votación y aseguró que el paso dado el lunes "tiene como objetivo restablecer un grado de equilibrio entre los poderes".

Por su parte el ministro de Justicia y arquitecto de la reforma judicial, Yariv Levin, afirmó: "Hemos dado el primer paso en el importante proceso histórico de corregir el sistema legal y restaurar los poderes que le fueron quitados al gobierno y la Knéset durante muchos años". Levin señaló que la primera ley aprobada dentro de ese plan "restablecerá el equilibrio entre los poderes del Estado y respetará la voluntad de los votantes".

La ley se votó en una sesión plenaria que empezó el domingo, después de 30 horas de debate intenso, mientras miles de manifestantes acampados frente a la Knéset desde la noche del sábado protestaban contra la reforma. Las protestas dejan hasta el momento 19 detenidos por "violar el orden público" y cinco heridos leves en los enfrentamientos con la policía, que por primera vez disparó agua pestilente contra los manifestantes.

"No deberíamos estar aquí hoy, luchando por cosas que eran normales. Crecimos en un país liberal y nos lo están arrebatando. Es una pesadilla, pero es nuestra realidad y espero que los más jóvenes y los que se quedaron en casa vean y aprecien que estamos luchando por el futuro de todos", dijo Shikma Bressler, física convertida en una de las líderes de las protestas. Los movimientos de protesta volvieron a manifestarse en torno al Parlamento en Jerusalén y otros puntos de la urbe, y convocaron también más movilizaciones por el resto del país.

La ley "cambia la naturaleza del régimen"

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, anunció tras la votación que apelarán esa ley ante la Corte Suprema e instó a los manifestantes a no rendirse. "Mañana recurriremos ante el Tribunal Supremo esta legislación, la cancelación unilateral del carácter democrático del Estado de Israel y la forma antidemocrática y depredadora en que se llevaron a cabo las discusiones parlamentarias", subrayó Lapid.

El Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel, una importante organización local, anunció que ya recurrió ante el Supremo esa ley "inconstitucional porque cambia fundamentalmente la estructura básica de la democracia parlamentaria israelí y la naturaleza del régimen". El organismo denunció que la ley "deroga el poder judicial y daña gravemente el delicado tejido de la separación de poderes y el sistema de contrapesos en el Estado de Israel, además de dar poder ilimitado al poder Ejecutivo".

Además la federación de sindicatos de Israel, Histadrut, anunció que su presidente, Arnon Bar-David, convocó una reunión con la cúpula para discutir la convocatoria de otra huelga general, como ya hicieron en marzo. Ante la fuerte división generada en las últimas 48 horas, el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, que alertó de la "situación de emergencia nacional", intercedió hasta el último minuto para que gobierno y oposición retomaran las negociaciones por un acuerdo de consenso, pero fracasaron.

Herzog auspició en su residencia negociaciones entre ambos bandos a fines de marzo cuando Netanyahu se vio obligado a frenar la reforma y abrir un diálogo con la oposición, presionado por las protestas y una huelga general. Las conversaciones fracasaron en junio y el gobierno anunció entonces su intención de avanzar unilateralmente con el plan. Esto revitalizó el movimiento de protestas, que no paró en siete meses.

La reforma judicial provocó también reacciones a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó la medida. "Para que perduren, los cambios importantes en una democracia deben tener un consenso lo más amplio posible", dijo Biden, según un comunicado de la Casa Blanca. Por su parte el gobierno alemán dijo estar siguiendo con "gran preocupación" las tensiones que sacuden la sociedad israelí, de acuerdo a una fuente del ministerio de Exteriores que instó al Ejecutivo israelí a impulsar "un amplio debate en la sociedad que propicie un nuevo consenso".