El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza condenó a prisión perpetua al represor Mario Ocampo por secuestros, torturas y un homicidio cometidos durante la última dictadura cívico militar en diversos centros clandestinos localizados en la ciudad de San Rafael. Se trata de la tercera condena que el militar retirado recibe desde que fue detenido en 2019, tras permanecer varios años prófugo.
Poco después del mediodía de este lunes, la jueza María Paula Marisi y los jueces Héctor Cortés y Alberto Carelli consideraron que Ocampo, exintegrante de la Compañía de Ingenieros de Montaña número 8, estructura a cargo de la represión ilegal en San Rafael, fue coautor penalmente responsable del homicidio doblemente agravado de José Berón y las privaciones abusivas de la libertad y tormentos sufridos por Berón y otras once personas: Sergio Chaki, Roberto Flores, Luis Barahona, Mario Bracamonte, Hugo Riera, José Berón, Pedro Carrozo, Rodolfo Ibáñez, Humberto Roca, Héctor Masini, Germán Ríos y Diego Pousadela. Además, lo halló integrante de una asociación ilícita.
Las víctimas fueron secuestradas entre marzo y noviembre de 1976, encerradas y torturadas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en las instalaciones de la Infantería policial, la Municipalidad de San Rafael, el Cuadro Nacional, la Bodega Garbín, el destacamento policial de Bowen, la Seccional 14ª de General Alvear, y la denominada casa departamental de San Rafael. El tribunal definió los delitos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de un genocidio y, por lo tanto, imprescriptibles.
Para la Fiscalía, que había solicitado en su alegato la misma pena aplicada por el Tribunal al represor, "fue una sentencia muy satisfactoria que respetó prácticamente en su totalidad" el alegato, definió el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante. El fiscal destacó que el veredicto incluyó también la medidas reparatorias solicitadas en el petitorio del Ministerio Público Fiscal, como que todas las víctimas fueras declaradas expresamente como víctimas de delitos de lesa humanidad al margen de las medidas resolutivas y que se informara al Ministerio de Defensa sobre la condena para que se inicie el trámite de baja del represor en la fuerza.
Horas antes de escuchar su condena, Ocampo se declaró inocente. “Soy inocente de los hechos que se me imputan, esto está corroborado por la declaración indagatoria hecha por mí, y los argumentos de los alegatos de mi defensa, que han sido esclarecedores”, apuntó desde la comodidad de su casa, en la provincia de Buenos Aires, vía videoconferencia, sin posibilidad de mencionar cualquier otro elemento en la causa por fuera de su palabra.
Los hechos por los que Ocampo fue condenado habían sido juzgados en debates anteriores en los que su imputación no fue posible. Es que el represor se mantuvo prófugo desde 2012, cuando la Justicia posó su atención sobre su rol tanto en crímenes de lesa humanidad que perpetró en Mendoza cuanto en los que cometió en Buenos Aires contra integrantes de la Contraofensiva de Montoneros entre 1979 y 1980, cuando fue jefe de la Segunda Sección del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo.
El debate que culminó este mediodía comenzó en marzo pasado y contó con Ocampo como único acusado. Según el alegato de la Fiscalía, Ocampo arribó en 1975 a la Compañía de Ingenieros de Montaña 8ª, a cargo de la sub-área operacional Nº 3315 en el “marco de la lucha contra la subversión”. Esa estructura fue “la plataforma sobre la cual se montó el plan de persecución y exterminio” desarrollada desde entonces y hasta 1983 por el genocidio de la última dictadura. En calidad de teniente primero, Ocampo ocupó el tercer escaño en la cadena de mandos de esa estructura, precedido por el jefe y el segundo jefe. En febrero de 1979 cambió de destino.
Entre abril de 2021 y noviembre de 2022, Ocampo fue juzgado y condenado en el anterior debate que se llevó a cabo por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones, entre otros crímenes de lesa humanidad, sucedidos en diversos centros clandestinos instalados en San Rafael durante el terrorismo de Estado. Sin embargo, su imputación solo alcanzó uno de los 25 casos que entonces fueron debatidos oral y públicamente: el secuestro y la desaparición del exconscripto Féliz Órdenes Velázquez. Por ese hecho, Ocampo recibió la condena de prisión perpetua. En tanto, en septiembre de 2021, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín le impuso la misma condena tras hallarlo coautor penalmente responsable de crímenes cometidos en 1980 contra 47 militantes de Montoneros en el marco de la reacción dictatorial contra la Contraofensiva de esa agrupación.
