El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe informó que ha cobrado nuevos bríos y mayor consenso la moción popular para que el Campo San Pedro sea declarado como Espacio de Memoria, tras reflotar el proyecto que desde 2019 impulsa en Diputados de la Nación la expropiación del predio para instalar allí un lugar de capacitación y educación en Derechos Humanos, apto para la visita de estudiantes de todos los niveles, antropólogos y el público en general. "La construcción de Memoria es una condición esencial de una sociedad democrática, que aspira a la Verdad, la Justicia y el bien común", afirmó Hugo Kofman, integrante del Foro, quien subrayó el pedido de muchísimos docentes de la ciudad para que se habilite, y de ese modo ir a visitarlo con sus estudiantes, lo que marca el valor del predio en la construcción de memoria colectiva. El documento define al Campo Militar San Pedro como "una evidencia material y palpable del lugar en nuestra zona donde la dictadura cometió los peores crímenes de lesa humanidad".
"Hay muchas familias en Santa Fe que tienen la expectativa de encontrar a sus familiares desaparecidos enterrados en el Campo, y no es descabellado, porque se han encontrado cuerpos que habían sido enterrados clandestinamente allí", dijo Kofman. Y señaló que la construcción de memoria requiere de nuevos testimonios. "Aunque parezca mentira, hasta hoy siguen apareciendo testigos que señalan lugares de posibles enterramientos clandestinos, quienes pueden dar su información gracias a que el Campo Militar no está ocupado por las fuerzas armadas. Si volvieran los militares, tenemos que olvidarnos de seguir investigando", planteó Kofman y enfatizó: "No olvidemos que acá ocurrió un genocidio, y que el Campo Militar San Pedro fue un lugar de exterminio".
A través de un documento publicado ayer en redes sociales, el espacio de defensa de DDHH reveló la incorporación de más adhesiones a la iniciativa, como colegios profesionales, directivos docentes de escuelas primarias, secundarias y de nivel superior, y más apoyos de ámbitos legislativos y de organizaciones sociales, gremiales y de DDHH, a medida que sus mentores han ido divulgando el proyecto.
"Solicitamos a las autoridades competentes que resuelvan e inicien las obras de construcción de ese Espacio de Memoria, tal como se lo viene proponiendo desde 2019 con un anteproyecto de amplio consenso y dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación", plantearon en el documento publicado ayer, titulado Invertir en Memoria es asegurar el Nunca Más.
En ese sentido, postulan que "la construcción del Espacio de Memoria 'Ex Campo de Exterminio y Enterramientos Clandestinos San Pedro' resulta hoy una necesidad impostergable para una comunidad y un sistema educativo que quiere seguir construyendo memoria, para transformar el presente y proyectar un futuro mejor para todos y todas".
El Campo San Pedro está en la zona rural de Laguna Paiva, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Son 2000 hectáreas que pertenecen al Ejército Argentino y que durante la dictadura cívico militar era usado para prácticas de combate por el Comando de Artillería 121, del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario.
Pero también resultó que ese campo fue el lugar elegido para enterramientos clandestinos de militantes políticos y sociales. Allí el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró en 2010 restos óseos de 8 militantes con evidencias de haber sido asesinados. Seis fueron identificados: Oscar Federico Winkelmann, María Esther Ravelo, María Isabel Salinas de Bosso, Carlos Alberto Bosso, Gustavo Adolfo Pon y Miguel Ángel D’Andrea. Habían sido secuestrados en Rosario en 1977, y ocultos por un tiempo en el centro clandestino de detención La Calamita, en Granadero Baigorria.
El Foro comenzó hace unos años con el impulso de esta idea, para equiparar a Campo San Pedro con otras marcas del territorio santafesino que ya tienen rango de Espacio de Memoria. Comenzó la serie de respaldos la ex vicegobernadora Griselda Tessio, quien como fiscal federal inició las primeras investigaciones penales y la elevación a juicio por crímenes de lesa humanidad. Se plegó a la movida las secretarías de DDHH de Santa Fe y de Nación, la Legislatura provincial, organismos civiles diversos, y así llegó a la forma de un proyecto de ley que aún espera su hora en la Cámara Baja.
La declaración legislativa que prologó al proyecto en 2018 y se renovó el año pasado recalca la solicitud de preservar el Campo como centro de Memoria, y "oponiéndose a que se vuelva a instalar allí un campo de entrenamiento de las fuerzas militares, e instando a que en ese predio se desarrollen actividades de capacitación de antropólogos forenses. Asimismo exhorta a que se arbitren los medios para continuar con las investigaciones y las excavaciones hasta hallar todos los cuerpos de las víctimas enterradas clandestinamente por la dictadura militar".
