El 22 de julio se celebró el Día del Trabajo Doméstico No Remunerado que alude no sólo a las tareas de cuidado de personas que se realizan en las familias, sino a otras actividades como la limpieza, las compras, la preparación de los alimentos e inclusive la organización general y la distribución de las tareas que garantizan no sólo que las familias puedan desarrollarse, sino también que cada una las personas que las integran puedan educarse, trabajar, cuidar su salud, salir a divertirse. Las mujeres destinamos mucho más tiempo que los varones a la realización de estas actividades y eso explica en buena medida la brecha salarial de género en nuestro país y la mayor parte de las desigualdades que nos impiden desarrollarnos profesionalmente cuando queremos hacerlo. Por otra parte, aquellas mujeres que no pueden o no quieren trabajar fuera de su casa son estigmatizadas y su trabajo, desconocido.

Muchos de los desafíos que afronta nuestro país en términos de garantizar la equidad se relacionan con este desconocimiento.

La falta de conciencia acerca del esfuerzo, la capacitación y el aporte al funcionamiento de la economía que proveen estas tareas, hecho que ha sido señalado por la economía feminista, se expresa también en el disvalor de las personas que realizan estas tareas como empleadas, es decir en forma remunerada. Ha sido una preocupación constante de nuestro gobierno el escaso reconocimiento a la tarea de las trabajadoras de casas particulares, que en muchos casos no están registradas o perciben salarios por debajo de lo que establece la negociación paritaria del sector. Y a partir de esto hemos puesto en marcha políticas que permiten comenzar a reparar las asimetrías. Desde que existe el régimen especial para trabajadoras de casas particulares, las familias que las contratan pueden deducir del impuesto a las ganancias los pagos de salario y las cargas sociales. Eso ya ocurría desde que se instauró el régimen en 2013. Sin embargo, a partir del Decreto 90/2023 nos hemos asegurado de que, además, esos aportes que las familias empleadoras realizan alcancen para garantizar la prestación jubilatoria de aquellas que trabajan menos de 16 horas en el mismo hogar y el acceso a un seguro de desempleo, como existe en otras actividades.

Además, sabiendo que los ingresos no siempre reconocen su aporte a la creación de valor, se han generado las condiciones para que las trabajadoras asalariadas no pierdan el derecho a otras prestaciones como la tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, Progresar, etc.

Para fortalecer la formalización de los contratos de trabajo implementamos el programa Registradas. Mediante este programa se les ofrece a quienes contraten una nueva trabajadora y no paguen ganancias, la cobertura del 50% del salario por entre 6 y 8 meses. Asimismo, la entrada en vigor de la reglamentación del artículo 179 de la ley de contrato de trabajo (20744) supone que en los establecimientos en los que trabajan más de 100 personas, debe haber espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y 4 años o se debe reconocer el gasto en el que incurren las familias para pagar una cuota de un jardín. Cuando no es posible cumplir con esta exigencia, se debe celebrar una negociación paritaria el reconocimiento de una parte del salario de cuidadoras inscriptas en el régimen especial de trabajadoras de casas particulares, que no puede ser inferior al 40%. Lo interesante es destacar que desde el 23 de marzo en que esta norma entró en vigencia, algunos convenios han elevado el piso y la extensión del beneficio. Por su parte, la ley 27555, sancionada en 2020, conocida como “ley de telerabajo” propone un esquema amplio de cobertura de las necesidades de cuidado para aquellas personas que desempeñan tareas remuneradas desde el hogar.

Estas medidas permiten que mujeres que antes no podían afrontar los gastos de cuidado y por ende no podían trabajar, puedan hacerlo. En nuestro país, la pobreza se vincula muy fuertemente con las dificultades de los hogares para hacer frente a las responsabilidades domésticas y de cuidado, sobre todo cuando quién está al frente es una mujer.

Por otro lado, según la última medición disponible en nuestro país, que es la EANNA de 2018, el mayor riesgo de trabajo infantil se asocia con el trabajo doméstico intensivo de las niñas y adolescentes, que se da sobre todo en el sector rural. Por eso, desde la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo se coordina con la SENAF, los gobiernos provinciales y la sociedad civil el programa Buena Cosecha. Dicho programa ofrece cuidados a más de 7000 niños, niñas y adolescentes en todo el país y esperamos superar la cantidad de 9000 en lo que queda del año.

Otra medida que se asocia con esta fecha es la moratoria previsional y el reconocimiento de las tareas de cuidado al momento de otorgar el beneficio jubilatorio.

En nuestro país, el crecimiento de la participación de las mujeres en el trabajo registrado se ha incrementado lenta pero inexorablemente en los últimos 14 años. El desafío es acelerar ese proceso para quienes así lo desean y desarrollar políticas que les permitan a quienes quieren dedicarse a cuidar el reconocimiento de su aporte al desarrollo y crecimiento de la economía. Como dice Mariangeles Duran Heras es urgente poner en valor la riqueza invisible del cuidado.


La autora es Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Labora, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación