Las organizaciones vecinales porteñas nucleadas en la Interbarrial Buenos Aires emitieron un documento conjunto en el que se declararon en "emergencia urbanística ambiental" y exigieron la "modificación inmediata" del Código Urbanístico (CUR) de la Ciudad. En el documento de lanzamiento de la Interbarrial, las organizaciones unificaron las preocupaciones que ya vienen denunciando por separado y alertaron sobre la "proliferación desenfrenada" de las construcciones habilitada por el código aprobado en 2018. Muchas de las agrupaciones ya presentaron proyectos de ley para modificar el CUR en sus barrios pero ahora buscan un cambio integral en la normativa para toda la ciudad.
Pasadas las 12 del mediodía de este lunes las cuentas de Instagram de las organizaciones barriales porteñas se poblaron de la misma placa. Allí, sobre fondo rojo, anunciaban en letras blancas: "Nos declaramos en estado de emergencia urbanística ambiental". Además del contenido de la declaración, lo novedoso de la placa era la firma que llevaba, Interbarrial Buenos Aires, el colectivo de organizaciones vecinales lanzado formalmente con la publicación del documento pero que ya venía trabajando en unificar las preocupaciones de los vecinos y vecinas.
En la Interbarrial participan barrios porteños como Almagro, Bajo Belgrano, Boedo, Caballito, Chacarita, Coghlan, Parque Chas, Balvanera, Flores, Núñez, Palermo, Saavedra, San Cristóbal, Villa Ortúzar, Villa Crespo, Villa del Parque y Villa Santa Rita. Según contaron a este diario, al cierre de esta edición el documento seguía sumando adhesiones. Desde la aprobación en 2018 del nuevo CUR, las organizaciones vienen verificando y denunciando los efectos de la flexibilización en la normativa y ahora enumeraron seis "consecuencias" concretas que comparten en todos los barrios que conforman la Interbarrial.
En primer lugar, alertaron sobre el "aumento exponencial" de los volúmenes y de las alturas constructivas permitidas por la nueva normativa, y el avance sobre los pulmones de manzana, líneas de frente y de retiro. En segundo lugar, denunciaron la "proliferación desenfrenada de demoliciones y de construcciones que dañan viviendas y afectan la identidad de los barrios, y la calidad de vida de vecinos y vecinas".
Más allá de lo específicamente constructivo, las organizaciones también advirtieron sobre la "ausencia de regulación estatal que deriva en la saturación de servicios públicos", entre los que se encuentran la electricidad, el gas, las cloacas, los estacionamientos, establecimientos de salud y escuelas. En este sentido, reclamaron contra "el estallido de la explotación comercial y la saturación de usos del suelo, el avance sobre los espacios verdes y la destrucción y pérdida del arbolado urbano necesarios para el medio ambiente, que disminuyen la ya insuficiente relación de metros cuadrados verdes por habitante".
"No se trata de una simple 'percepción'. Alcanza con caminar cada uno de estos barrios para observar cómo desaparecen. Los desarrollos inmobiliarios actuales no resuelven la crisis habitacional, sino que aumentan la cantidad de unidades ociosas. Se fomentan explícitamente los alquileres temporarios, el blanqueo de capitales y la renta en dólares, sin políticas reales de acceso a la vivienda. De esta forma, la especulación financiera inmobiliaria avanza de acuerdo a intereses unilaterales", sostuvieron las organizaciones en el documento.
Por todo esto, la Interbarrial reclamó "la modificación inmediata del Código Urbanístico" con "la opinión vinculante de los habitantes". Mientras esto no ocurra, exigieron "la suspensión inmediata de otorgamiento de permisos de demolición, de certificados urbanísticos y de permisos de obra nueva de más de cien metros cuadrados para construir edificios hasta revisar la norma vigente".
Muchas de las organizaciones que integran el colectivo ya presentaron en la Legislatura porteña proyectos propios para intentar modificar la normativa urbanística en sus barrios. Los casos de Núñez y Belgrano son los únicos, hasta el momento, en haber tenido éxito al lograr que sus proyectos lleguen a ser aprobados dentro del recinto. En ambos casos se limitaron alturas o capacidades constructivas para zonas específicas de los barrios, como Lomas de Núñez.
En Villa del Parque, Villa Ortúzar, Chacarita o Palermo, por ejemplo, todavía no tuvieron esa suerte y sus proyectos siguen sin ser debatidos en comisiones. En las últimas semanas, en tanto, vecinos y vecinas de Caballito, Boedo, Almagro y Balvanera comenzaron a reunirse para evaluar acciones a seguir ante las situaciones que atraviesan sus barrios. El documento unificado de la Interbarrial apunta, sin embargo, a una modificación integral del CUR, más allá de las circunstancias concretas de cada zona de la Ciudad.
