El juez Anastasio Vásquez Sgardelis de Tartagal juzga a una pareja de dos mujeres de 30 y 24 años de edad por lesiones gravísimas en perjuicio de la hija de la primera, de 4 años, que tuvo como consecuencia de los golpes sufridos tuvo que ser trasladada en enero del año pasado al Hospital Materno Infantil, donde una médica terapista radicó la denuncia al detectar el maltrato familiar.
En la primera jornada se leyó la acusación del fiscal Gonzalo Vega y de la querella, a cargo de la defensora pública de violencia familiar y de género, Valeria Magadán, por tres hechos de lesiones gravísimas que se les reprochan a las mujeres, a la madre se le suma el agravante por el vínculo.
La progenitora está siendo representada por la defensora oficial Natalia Pagani, mientras que la otra mujer es defendida por el abogado particular Jorge Soruco, quien solo dijo a Salta/12 que "la causa es compleja", ya que tiene como víctima a una niña.
En tanto que en representación de la niña actúa el asesor de incapaces y menores, Neil Andreu.
Durante la primera jornada se escucharon testimoniales por videollamada de profesionales de la salud de la Ciudad de Salta, quienes atendieron a la niña cuando fue trasladada al Hospital Materno Infantil.
La primera en dar su testimonio fue la denunciante, una médica terapista que ratificó lo vertido en su denuncia inicial sobre el maltrato que padecía la niña. Según informó el Ministerio Público Fiscal, también declararon dos médicos y una psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes intervinieron en la investigación y señalaron que la niña presentaba signos físicos y psicológicos de maltrato, que son atribuidos a su madre y su pareja. Asimismo, declaró personal de la Unidad de Investigación y una vecina.
El Poder Judicial informó que en la investigación se determinó que en distintas oportunidades la nena habría sido lesionada tanto por su madre como por la pareja de ella. Tenía signos de ahorcamiento, fractura de codo, fractura de clavícula, golpes de puño en la nariz, entre otras.
El hecho por el que se inició la investigación se remite al 13 de enero de 2022, cuando la niña fue internada con un cuadro de "abdomen agudo perforado; peritonitis bilio-pancreática; trauma duodeno-pancreático; ruptura duodenal y trauma pancreático" siendo derivada de urgencia al Hospital de Orán, donde además se le diagnosticó covid-19.
Ante la gravedad del cuadro clínico, la niña tuvo que ser trasladada al Hospital Materno Infantil de Salta Capital donde la médica que hizo la denuncia penal contó que la madre le dijo que la nena se había caído de una mesa. Sin embargo, al entrevistar a la niña sin la presencia de la progenitora, reveló que era maltratada.
Al iniciarse la causa penal, la niña fue entrevistada por profesionales del CIF, quienes constataron el cuadro de salud y que estuvo en riesgo de vida. Por este motivo, el fiscal que intervino en un primer momento, Ramiro Ramos Ossorio, entendió que se configuraba la posibilidad de un maltrato severo.
Ramos Ossorio imputó a la progenitora, solicitó la prisión preventiva y luego derivó la causa al distrito de Tartagal por considerarlo competente debido a que los hechos tuvieron lugar allí.
Pasó a intervenir entonces el fiscal Vega, quien después acusó también a la pareja de la madre, que quedó detenida. Ambas mujeres permanecieron hasta ahora privadas de la libertad y se encuentran alojadas en el centro de detención de mujeres de la Unidad Regional Nº 4.
Además, están acusadas por otros dos hechos, uno se remite a octubre de 2021, cuando la niña sufrió una fractura de clavícula, y el otro es de diciembre de 2021, cuando tuvo una fisura o luxación en un brazo.
Por su parte, la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi, explicó a Salta/12 que intervinieron en este caso disponiendo una medida de protección excepcional. Dijo que conforme a su línea de trabajo, se focalizaron en el entorno familiar para buscar a alguien que pudiera hacerse cargo de resguardar a la nena y efectivamente encontraron a un familiar, por lo que no dispusieron su traslado a un dispositivo estatal.
Iradi destacó que en este caso había un grupo familiar que podía asumir los cuidados de la niña, y añadió al tratarse de una medida de protección dispuesta por el Estado "en función de la violación de derechos sufrida" realizan monitoreos,
El testimonio clave en este juicio será el de la propia nena en Cámara Gesell, que se escuchará en las audiencias de debate que siguen y se considera que tendrá prevalencia.