En series, películas y en la industria del entretenimiento en general se recrea una y otra vez un discurso que asocia a las personas detenidas a la monstruosidad. Esta construcción discursiva convive con otra, que es la sostenida invisibilización de estas personas en la agenda informativa de los grandes medios.

Sin embargo, cuando las personas detenidas logran acceder a esa agenda noticiosa, son hablados por otros y con un lenguaje bélico y estigmatizante que los asocia al ejercicio de la violencia.

En ese sentido, Néstor Giménez, Coordinador Patagónico de la Rama de Liberados del Movimiento de trabajadores excluidos y presidente de la cooperativa de la libertad, nos manifestó que “la sociedad tiene naturalizado el castigo. Cuando nuestra constitución dice que las cárceles, no son para tal fin, no son para castigar a las personas. Esto está naturalizado por los medios de comunicación y por la ficción también. Se instala la idea de que el pasarla mal, que se comentan delitos o que haya muertes en las cárceles es natural. Lo que se muestra en la tele tiene consecuencias sociales y es lo que más nos cuesta deconstruir.”

Desde la misma perspectiva, el Profesor Raúl Zaffaroni (2015) sostuvo en relación con la violencia institucional que “el negacionismo frente a este genocidio lo alimenta el pensamiento único difundido por los medios concentrados, tanto en el ocultamiento o la normalización de las muertes prematuras, como también mediante el reforzamiento de los prejuicios clasistas y racistas”.

Cabe subrayar que, a las personas detenidas el único derecho que se les limita es el derecho a la libertad ambulatoria. Como lo establece la Ley Nacional Nº 24660, estas personas deben tener acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a vincularse afectivamente.

En ese marco, la realidad de las unidades de detención es profundamente compleja; existe sobrepoblación, violencia institucional y una sistemática vulneración de derechos. Mientras que paralelamente existen y resisten experiencias de educación universitaria en contexto de encierro, talleres artísticos y actividades deportivas inclusivas.

Ejercer derechos reduce la violencia: ya que una persona que aprendió un oficio, ejerció su derecho a la educación y que fortaleció sus redes afectivas contará con más herramientas para vincularse y sentirse incluido cuando recupere la libertad.

Ahora bien ¿Cuál es la funcionalidad de esa violencia simbólica que padecen las personas detenidas? ¿Qué efectos tiene? Estos discursos punitivistas y estigmatizantes terminan legitimando la violencia institucional y la vulneración de derechos. Contribuyen a la discriminación que sufrirán esas personas cuando recuperen su libertad. Es decir que, como sosteníamos inicialmente, recrean la violencia en nuestra sociedad.

Recientemente la Defensoría del Público presentó un trabajo colectivo y necesario: las “Recomendaciones para el abordaje de los contextos de encierro y las personas privadas de libertad”. Conocer y difundir los derechos de las personas privadas de la libertad, incorporar su voz, usar un lenguaje respetuoso y no estigmatizante, evitar la espectacularización y banalización de las noticias sobre esas personas, son ejes centrales.

La comunicación es un derecho humano que tenemos todos y todas. Hay determinados colectivos a los cuales se les dificulta más ejercerlo. Por lo tanto, se les dificulta exponer sus necesidades, conquistas y puntos de vista.

Pensar una comunicación desde una perspectiva de derechos requiere que cuestionemos los discursos estigmatizantes y punitivistas, mientras que promovemos miradas inclusivas. Construir una sociedad menos violenta necesita menos muros y más puentes comunicacionales.

* Profesor de la UNRN y Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Especialista en Comunicación y Culturas UNCO.

* Licenciada en Criminología y Ciencias Forenses UNRN. Especialista en Análisis e Investigación de Homicidios