Jujuy es la provincia argentina con mayor superficie plantada para la producción de cannabis de uso medicinal. Le siguen Salta y Buenos Aires en orden de relevancia. Son pocos productores, pero el país avanza a paso seguro en una industria con mucho potencial. La información se desprende de un informe de una consultora privada que identificó un total de 700 cultivos con fines comerciales en el país, entre los que la plantación de cannabis es de las más recientes.
En mayo de 2022 el Congreso de la Nación aprobó la ley que regula la industria del cannabis con fines medicinales. Y los primeros estudios privados que dan cuenta de la cosecha en el país muestran a Jujuy como la provincia con mayor territorio cultivado, con un total de 7,78 hectáreas pertenecientes a un solo productor. En segundo lugar se ubica Salta con 3,5 hectáreas pertenecientes a dos productores y, en tercer lugar, aparece Buenos Aires con 2,47 hectáreas distribuidas entre 20 productores.
Córdoba tiene 2 hectáreas plantadas bajo la propiedad de dos personas jurídicas. También con dos productores se ubican Chubut con 1,22 hectáreas, San Juan con 1,2 y Entre Ríos con 1,06 hectáreas. Y por último se encuentran Corrientes con 0,72 y Mendoza con 0,2 hectáreas y un productor en cada una.
El proyecto de ley había ingresado a la cámara alta a mediados de 2021 impulsado por el poder ejecutivo, específicamente desde las carteras de Desarrollo Productivo y Ciencia, Tecnología e Innovación encabezadas por Matías Kulfas y Daniel Filmus, respectivamente. El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial (una variedad específica de cannabis con nulo o muy bajo contenido del cannabinoide psicoactivo THC y aplicaciones múltiples en la industria y la construcción) dio lugar al surgimiento de una industria naciente y dinámica en Argentina.
La Ley creó un marco regulatorio para la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y productos derivados. Y también creó a Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) dependiente de Desarrollo Productivo como el organismo de encargado de emitir las licencias administrativas correspondientes. La ley no incorpora definiciones referidas al uso o aplicación terapéutica del cannabis, cuestión que queda bajo la órbita del Ministerio de Salud, sino que está exclusivamente dirigida a promover y regular el desarrollo de la cadena productiva del cannabis. La siembra, cultivo y la cosecha, así como la producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación sí están reguladas por esta ley.
Utilizar el término cannabis implica referirse a la especie cannabis sativa, una planta compleja en su estructura, cuyas oportunidades de expansión para esta industria “no se limitan a los mercados recreacionales y medicinales, ya que existen otras numerosas aplicaciones, que incluyen cosméticos, fibras textiles, ropa y calzado, biocombustibles, alimentación animal, materiales de construcción, papel, fertilizantes, partes automotrices y bioplásticos, entre otras”, explica el documento oficial del gobierno.
Según la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), la comercialización de cannabis y cáñamo está en condiciones de crear 1000 millones de dólares de ingresos por exportaciones en los próximos diez años y alrededor de 10 mil puestos de trabajo.