El juez Gastón Mercau aceptó ayer el arresto domiciliario de Milagro Sala, en una casa sin puertas, ventanas ni agua, pero la decisión estaba supeditada al aval del magistrado Pablo Pullen Llermanos, quien hoy examinó en inmueble y determinó que es apto para que la dirigente de la Tupac Amaru cumpla con su condena en el barrio La Ciénaga. Sin embargo, el magistrado aclaró que aún no tomó una decisión al respecto ni tampoco estimó plazos para dictar una medida en las dos causas que investiga, por las cuales Sala tiene prisión preventiva. Así, postergó la excarcelación de la diputada del Parlasur, que se preveía para hoy.
En cumplimiento tardío de la cautelar de la CIDH, Mercau había dispuesto ayer el traslado de la dirigente a una propiedad arrasada pero faltaba todavía la resolución de Llermanos, quien ayer a último momento anunció la inspección del domicilio elegido por Mercau. Según las fotos que publicó Página/12, el inmueble no tiene electricidad, ni baño ni ventanas ni cocina. Hoy el magistrado aseguró que estaba en buenas condiciones.
Al concluir la visita, Llermanos desconoció el derecho internacional y la normativa nacional al asegurar que la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “no es de cumplimiento obligatorio”, contradiciendo a la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone, que había declarado lo contrario. A pesar de que el plazo impuesto por la CIDH venció hace seis días, el magistrado adelantó que intentará cumplir la orden del organismo internacional a la brevedad pero se tomará “el tiempo que considere necesario”. "Hay interpretaciones de todo tipo. Yo que soy el juez entiendo que no es obligatorio", puntualizó.
Sin embargo, Marcos Aldazabal, integrante de la defensa de Milagro Sala, aclaró que “a diferencia de lo que dijo el juez, la cautelar de la CIDH es obligatoria, es vinculante y es la jurisprudencia histórica del país y la postura de la Corte Suprema y de todos los tribunales”. En el mismo sentido se pronunció el abogado y diputado provincial del FuyO, Ariel Ruarte, quien interpretó que la demora en el cumplimiento de la resolución de la CIDH “demuestra el ánimo de complicar las cosas lo más posible (...) y la arbitrariedad con que se manejan. Pero saben que tienen que cumplir, porque además han recibido directivas superiores”.
Al ser consultado por su resolución, Llermanos destacó que "los fundamentos por el sí o por el no llegarían en los próximos días". No explicitó si acompañará la decisión de Mercau y se escudó diciendo que está tratando de lograr "coherencia institucional". "Nosotros que somos dos jueces totalmente independientes y tenemos competencias distintas, tenemos que resolver sobre la misma situación", detalló y dijo que intentará que "las cosas salgan lo mejor posible".
Llermanos también diferenció la situación de Sala de la de su esposo, Raúl Noro, quien en agosto del año pasado fue autorizado a cumplir prisión domiciliaria en el domicilio que compartía con la dirigente social, en la localidad de Cuyaya. Los defensores de Sala, a su turno, criticaron la decisión de Mercau, que no contempló que Milagro cumpliera su arresto en el mismo domicilio que su marido y eligiera un lugar vandalizado y que no había sido inspeccionado por Gendarmería. Llermanos esgrimió, como argumento, que Noro y Sala “son personas diferentes”.
Luis Paz, otro de los abogados de la defensa de Sala, en diálogo con FM La Patriada, explicó que la casa de la ciénaga “fue devastada y rapiñada” después de la detención de Milagro y que la elección del lugar “es producto de la venganza política organizada desde el Poder Ejecutivo provincial”. Pidió, además, que “frente a esas argucias” se tenga presente que en enero pasado hubo una investigación periodística- en referencia a un artículo de Página/12- que demostró que el Poder Ejecutivo de Jujuy se proponía engañar a la CIDH, con el fiscal de Estado, Mariano Miranda, y Langhe de Falcone.
Paz, por último, destacó que la Constitución otorga el beneficio de la libertad a todos sus ciudadanos, y "tuvo que venir un organismo internacional, del cual Argentina es parte, cosa que no ocurría desde 1979, para poner en orden el desaguisado jurídico que se organizó en Jujuy”.
