Cuentas bancarias vacías por débitos automáticos inexplicables. Inversores en pánico porque nadie responde sus llamados. Persianas bajas. Un muerto calculado en 20 mil millones de pesos. Mientras una fuerza política, Juntos por el Cambio, aboga por la “desregulación financiera” y el precandidato a presidente Javier Milei promete “dinamitar el Banco Central”, el caso Wenance funciona como un adelanto del futuro: así se comporta(rá)n las entidades financieras cuando los controles del Estado son insuficientes o, directamente, inexistentes.

La mecha se encendió hace un par de semanas, cuando los inversores del fideicomiso financiero no vieron depositados sus intereses. Poco después, llegó la comunicación por correo electrónico y de allí el tema escaló. Wenance anuncia que reestructurará sus pasivos y realizará una nueva oferta a sus inversores, estirando plazos y bajando tasas.

Pero la empresa de Alejandro Muszak, que deberá concurrir a indagatoria apenas concluya la feria, ante la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nro. 16 que encabeza Mónica Cuñarro, y probablemente enfrente cargos por estafa, usura y asociación ilícita, tiene problemas con la ley al menos desde 2017. El caso es un ejemplo de lo que podría ocurrir masivamente si un Milei presidente cumpliera su promesa de dinamitar el Banco Central.

Los damnificados recuerdan el caso de Bernard "Bernie" Madoff, el financista norteamericano que llegó a presidir el Nasdaq y fue condenado en 2009 a 150 años de prisión por once delitos de blanqueo de dinero, perjurio y robo. La Justicia lo halló culpablo de la mayor estafa de la historia. El clavo, en ese caso, produjo un agujero negro de casi 65.000 millones de dólares en 4.800 cuentas de 27.300 clientes de 122 países.

Sobreendeudados

La demanda para este tipo de operaciones, que en este caso afecta a muchos habitantes de la provincia de Buenos Aires, tiene su explicación. Para el diputado nacional y ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, "la raíz del problema es el sobreendeudamiento de las familias". "Hay seis millones de argentinos que son cuentapropistas, que no acceden al crédito bancario. También hay personas con ingresos en blanco que se reendeudan para vivir: empiezan usando la tarjeta para gastos corrientes y pagan el mínimo, después sacan un préstamo personal para saldar la tarjeta, y después van a una cueva", describe Arroyo a este diario. Y remata: "Terminan pidiéndole prestado al transa del barrio, porque tiene efectivo y les cobra el 300. Entonces, cada mes arrancan de más atrás".

Arroyo sitúa el inicio de este fenómeno en la década del noventa. Luego estuvo contenido hasta 2016. "Mucha gente vive al día, come si cobra, cuando se cortó la changa, mucha gente se vio obligada a tomar deuda; y por lo general, al hacerlo, lo que miran no es la tasa sino la cuota", explica. "El hecho de que ahora cliqueando, uno consigue plata, agrava el problema",  concluye a la vez que reconoce que "hubo avances, pero se requiere mayor regulación".

Sostiene que el gasto de los sectores de menores recursos se compone exclusivamente de alimentos y transporte. Si sube el precio de los alimentos, el problema tiende a agravarse.

¿Para qué sirve el BCRA?

La empresa que funciona bajo el nombre comercial Wenance, y el lema “fintech people”, realiza intermediación financiera sin autorización del BCRA, la autoridad en la materia. Con una mano toma fondos, con otra los presta. Tiene sus oficinas en un piso alto, con vista al río, de una torre de acero y cristal, sobre la avenida del Libertador, a metros de Corrientes, en Olivos. Ahí atendía al público. A una parte, mejor dicho: no a los tomadores de crédito sino a los inversores, cuyo dinero prestaba a tasas altísimas. Ya no los atiende. En cambio, reforzó la seguridad.

“Los tomadores de crédito eran las verdaderas víctimas”, recuerda Osvaldo Bassano, titular de la ONG Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), con base en Lomas de Zamora. 

En 2017 empezaron a acudir a él personas que habían tomado préstamos, pero sufrían débitos que no se correspondían con las condiciones acordadas o, peor aún, personas que nunca habían solicitado un préstamo descubrían en sus cuentas débitos inexplicables. La web y la aplicación tomaban los datos de los interesados, que entraban para informarse o consultar, y les realizaban débitos compulsivos.

Entonces, Bassano reunió a varios damnificados, inició una acción colectiva y logró que la Justicia forzara una devolución de dinero a sus cuentas. “Las tasas de interés llegaban al 400 por ciento”, afirma. “Muchos de ellos eran adultos mayores, que no sabían qué los habían hecho firmar, el elemento común era la vulnerabilidad, y la indefensión”.

Para Bassano, Wenance es un caso paradigmático de cómo se le venden servicios financieros a la base de la pirámide. Pero no el único. "Tomate cualquier tren, bajate en cualquier estación del conurbano. A 100, 200 metros como mucho vas a encontrar una financiera que promete efectivo ya. ¿A qué tasa? ¿Con qué condiciones? ¿Regulado por quién?"

“Lo de los inversores es distinto”, argumenta Bassano. “No se puede enmarcar en el derecho al consumidor,e incluso hay jurisprudencia en ese sentido.” Fuentes judiciales esperan recibir el apoyo necesario, “ahora que las víctimas son inversores con plata y no gente de pocos recursos”.

“Les damos a las personas que, por algún motivo, quedaron fuera del sistema mercado financiero, la posibilidad de volver a ser sujetos de crédito, de recomponer su scoring”, solía repetir Muszak en reuniones de negocios con potenciales inversores, individuales e institucionales. “Por supuesto, eso tiene un precio”, remataba.

Ese precio lo pagaban -y pagan todavía- asalariados de ingresos bajos y medios bajos, sin acceso al crédito bancario, que caían en la trampa al verse obligados por algún imprevisto, como la necesidad de cambiar una heladera que se rompió o el arreglo mecánico de un auto que es herramienta de trabajo y sostén de una familia.

El negocio floreció durante el macrismo, porque las familias debieron aumentar su nivel de endeudamiento para hacer frente a gastos corrientes -especialmente las facturas de servicios públicos- y porque no hubo, desde las autoridades del sistema financiero, ningún intento de regulación de esta actividad. 

En 2020, ya con Miguel Pesce como presidente de la entidad, el BCRA emitió la resolución A7146, que intentaba regular la actividad de las fintech, neologismo surgido de la conjunción de finance y technology. La opinión de los expertos está dividida: algunos sostienen que deben aplicarse las mismas normas que a cualquier entidad financiera, otros creen que debe desarrollarse un marco normativo ad hoc. Y están los que quieren dinamitar el Banco Central.

Fuentes cercanas a la investigación judicial sostienen que, en algunos casos, si los débitos se acumulaban, se han llegado a embargar sueldos enteros de trabajadores, como le ocurrió recientemente a una enfermera de un hospital público de la patagonia. También sostienen que la investigación es lenta porque a pesar de los reiterados pedidos realizados a la Procuración General, no reciben los recursos ni la asistencia de los equpos técnicos interdisciplinarios, que consideran imprescindible para llevar adelante una investigación tan voluminosa y compleja. “Madoff cayó porque la justicia se decidió a investigarlo en serio. Acá parece no importar tanto.”

La comparación con Madoff no es casual. Los que investigaron el modus operandi de la financiera llegaron a la misma conclusión: “Un esquema Ponzi apenas encubierto.” Madoff creó su propio negocio de inversiones en los sesenta y la falta de controles de la SEC le permitió generar una estafa estimada en 65 mil millones de dólares, con la mencionada modalidad, hasta su detención en 2008. Murió en la carcel en 2021.

El esquema Ponzi es cuando el estafador toma fondos de nuevos inversores y con ellos paga supuestas ganancias de inversores anteriores, en lugar de invertir el dinero: es decir, una huída hacia adelante.

Algunos lo confunden con el esquema de “estafa piramidal”, donde para crecer, hay que conseguir nuevos inversores, que a su vez deberán conseguir otros. Este último es el caso de Generación Zoe, de Leonardo Cositorto, hoy detenido. Las similitudes también tienen ramificaciones políticas: Cositorto en 2021 hizo campaña por Santilli, Muszak fue socio del secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria en tiempos de Mauricio Macri, Santiago Hardie.

 También hay denuncias en España y Uruguay. “Si hay un millón en Argentina, ¿podemos suponer que el 40 por ciento reside en la provincia de Buenos Aires?”, preguntó este diario. La respuesta es que el porcentaje de estafados bonaerenses se redujo a partir de la acción colectiva encabezada por Bassano, que tuvo claramente consecuencias disuasorias. Como contrapartida, se multiplican los casos en Santa Fe, Córdoba, San Juan y otras provincias.