Abogados defensores de Milagro Sala y organismos de derechos humanos cuestionaron la decisión del juez Gastón Mercau, que fijó la prisión domiciliaria para la líder de la Tupac Amaru en un inmueble destruido y que nunca figuró como su domicilio, y la consideraron parte de la estrategia del Gobierno de Jujuy para “perseguir y hostigar” a la dirigente indígena detenida arbitrariamente en enero de 2016.  

“La cautelar que ordenó la libertad inmediata de Milagro Sala, dispuso que cualquier medida que se tomara debía ser acordada con la beneficiaria –o sea, Milagro- o sus representantes. No hemos tenido ninguna comunicación oficial ni extraoficial y todo lo que sabemos lo vamos adivinando por las declaraciones a la prensa de los jueces o los tuits de Morales”, sostuvo Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de la dirigente de la Tupac Amaru en la conferencia de prensa convocada para denunciar la decisión del juez Mercau.

Para Horacio Verbitsky, titular del CELS, que también participó de la conferencia, la decisión de enviar a Milagro a ese inmueble "es parte de una política de destrucción personal de Milagro Sala por parte del gobierno de Morales”. Verbitsky también opinó sobre la actitud de los jueces y aclaró que la responsabilidad sobre el cumplimiento de la cautelar es del gobierno nacional. “Están haciendo el juego del juez bueno y del juez malo para ver quién fatiga y humilla más a Milagro. Mercau tiene claro que, a pesar de que no les guste, la cautelar es obligatoria y su cumplimiento no depende de ellos. La responsabilidad es del gobierno nacional. La responsabilidad es del presidente Mauricio Macri”, aseguró.

Según contó la abogada, ayer a la noche, recién enterados de la decisión del juez, decidieron responder la solicitud aceptando la prisión domiciliaria, incluso en las condiciones que consideraron “humillantes”. “Pedimos la inmediata liberación, porque la preferimos a Milagro ahí que en el penal de Alto Comedero. Porque no le tenemos miedo a lo que pueda hacer la gente ni el pueblo ni sus compañeros, el peligro para Milagro son los funcionarios del servicio penitenciario, son los tuits del gobernador”, aseguró Gómez Alcorta.

La defensora contó que ayer a la noche se comunicó con la líder de la Tupac para evaluar la decisión que le daría al juez. “Yo no necesito ni un colchón, no necesito ni una canilla –fueron las palabras de Milagro, al ser consultada por la abogada-. Yo puedo estar en esa casa y quedarme e incluso dormir parada.”

Elizabeth Gómez Alcorta explicó que antes de tomar la decisión Mercau ordenó investigar dos domicilios, “uno que es el domicilio de Milagro y otro que es un inmueble que la titularidad es de Milagro”, aclaró la abogada, quien sostuvo, además, que la defensa brindó un único domicilio de la dirigente “donde es su casa, donde siempre vivió con su compañero”. Sin embargo, el juez pidió investigar y hacer pruebas de seguridad en ambas direcciones.

“Nosotros informamos que el otro inmueble estaba destruido, que había sido saqueado durante estos 18 meses de detención arbitraria y que no tenía ni una canilla ni puertas ni ventanas. Hasta los sanitarios, se robaron. Se lo hicimos saber en un informe al que adjuntamos 16 fotos”, explicó la abogada.

Según el relato de la defensa, el juez realizó una inspección al inmueble de El Carmen el jueves pasado por la mañana pero “se fue sin haber ingresado” y le pidió al ministro de Seguridad provincial que hiciera una investigación de seguridad sobre la casa de Milagro, el domicilio que había brindado la defensa.

“La inspección del juez y la investigaciones de las fuerzas de seguridad se hicieron en el domicilio de Milagro pero ayer nos notifican de esta vergonzosa resolución, donde el juez ordena la prisión domiciliaria en el inmueble que ella no vive y que está absolutamente destruido”, sostuvo Gómez Alcorta, quien además denunció que sobre esa casa no se hizo ningún informa de seguridad.

Además de la selección del lugar, la abogada denunció las irregularidades en torno a la decisión del juez, que se supone debe cumplir la cautelar interpuesta por la CIDH. Dio como ejemplo el límite de siete personas diarias que podrían visitar a Sala, con inscripción previa, y el hecho de que tuviera custodia, algo que está expresamente prohibido para la prisión domiciliaria.

“De los 527 genocidas con prisión domiciliaria, en ningún sólo caso se inspeccionó un domicilio y en ningún caso se lo mando a un domicilio que no fuera su vivienda y en ningún caso se hizo un informe de seguridad”, aclaró Gómez Alcorta para demostrar las arbitrariedades a las que es sometida Milagro Sala.