La Unidad Fiscal integrada por Lorena Martínez, Rafael Medina y Pablo Cabot que investiga la sustracción de una recién nacida del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, informó ayer que entre las pruebas que llevaron a la detención de la sospechosa cuentan con filmaciones que la mostrarían llevándose a la beba. Para ello aportaron un video con los fragmentos del recorrido que habría realizado la ahora imputada en la causa. 

La información se dio tras el levantamiento del secreto de las actuaciones. La difusión de estos datos se hizo luego de las críticas por parte de la familia de la detenida y de la querella al procedimiento realizado hasta ahora.

Andrea Pérez es quien se encuentra detenida e imputada desde el jueves pasado por el delito de sustracción de menores. El hecho ocurrió a las 7 del 14 de julio, cuando una beba recién nacida fue sustraída mientras su madre y su padre se encontraban en el baño del Hospital. En la madrugada del sábado la beba fue encontrada en un baldío, con principio de hipotermia, y ya se encuentra recuperada. 

La Unidad Fiscal indicó que las sospechas surgieron de "un minucioso análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas", con las que "se pudo establecer el recorrido que habría realizado la acusada en forma previa y posterior al hecho". Con la información suministrada se presentó un video adjunto con fragmentos de filmaciones obtenidas en la investigación, en el que para preservar la identidad de la niña y sus derechos, se pixelan imágenes.

Se detalló que en una primera cámara del Sistema de Video Vigilancia, "se observaría a la sospechosa a las 4.59.26 de ese día, caminando por calle Warnes, entre Tucumán y Ejército Argentino de la ciudad de Tartagal, vistiendo un buzo oscuro con mangas y capucha color gris claro y un pantalón oscuro. Minutos después, a las 5.02.40 se la observa ingresar al hospital por el sector de Pediatría".

En el avance del análisis, "con otra cámara, la mujer es captada a las 7.03.39 saliendo en forma peatonal del nosocomio por el sector de ambulancias, con ropa oscura, desplazándose por calle Tucumán hacia el sur, cruzando calle Warnes".

A las 7.07.26, "una cámara ubicada en pasaje Ejército Argentino y Bolivia, la capta caminando por pasaje Ejército Argentino hacia el sur y llevando un bebé entre sus brazos, y a las 7.08.11 queda registrada cuando se coloca una campera oscura con mangas y capucha claras para luego perderse de vista".

Luego, "puede observarse a la misma mujer mediante una cámara de seguridad privada, a las 7.35.42 pasar corriendo por la calle Los Quebrachos, cercana al lugar del hallazgo posterior, con un bulto oculto bajo sus prendas", indica la información. Se aclaró que si bien "se trata de una cámara infrarroja que se activa con el movimiento y modifica los matices de las tomas, no obstante ello, es clara en la definición de su representación". 

Sin mucho más detalle se afirmó que se "concreta la individualización de la sospechosa a traves de los diferentes elementos aportados a la investigación" por la Brigada de Investigaciones. Además, se indicó que se realizaron diversos allanamientos y hay otras medidas para lograr el esclarecimiento del hecho. 

Recomendación y garantías

El Comité Provincial contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta emitió este lunes la recomendación N° 13 para que a la mujer detenida y acusada por sustracción de menores se le garantice el acceso a un intérprete de su lengua materna, que es la wichí.

De la recomendación a la que tuvo acceso Salta/12, surge que de las declaraciones públicas de familiares de la joven se pudo entrever que podrían haber existido algunas falencias para acceder a la Justicia.

Entre ellas se advirtió que la familia no había podido tener contacto con ella hasta este lunes. La joven fue detenida el jueves 20 de julio pasado y, según se afirmó, hasta el momento no declaró. 

Tras tener contacto con su hija, su padrastro, Cándido Mansilla, solo indicó que la pudieron ver y verificar que se encuentra bien, pero sin poder conocer mucho más de la causa. La defensa oficial, por su parte, indicó que "nunca estuvo incomunicada".

Ayer, en tanto, el abogado Rambert Ríos, querellante en representación de la familia de la nena sustraída, adelantó que solicitará la nulidad de lo actuado respecto a la acusación al afirmar que no hubo intérprete para la mujer durante el proceso. Al ser consultado por el levantamiento del secreto de sumario, afirmó que fue comunicado de tal decisión a las 13.30 "cuando el Poder Judicial ya estaba cerrado". Hoy por la mañana, junto con los caciques de las comunidades, se prevé tener acceso, sobre todo, al acta de imputación.

“El Poder Judicial de Salta cuenta con una nómina de Peritos Traductores en Lengua Originaria Wichí a quienes podría recurrirse”, recordó por su parte el Comité contra la Tortura. Detalla que la Universidad Nacional de Salta, a través de la Facultad de Humanidades se encuentra dictando una “Diplomatura en Interpretación y Traducción Intercultural Wichí-Castellano para el acceso a la Justicia”, cuya primera cohorte se encuentra próxima a graduarse. “Esta última brinda la formación lingüística, cultural y jurídica que se requiere para desempeñarse como traductores e intérpretes wichí-castellano en las instancias vinculadas con procesos judiciales”, añadió. 

La recomendación refieren a la necesidad de asegurar en todo el procedimiento el pleno acceso a los derechos de defensa de la detenida “sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen, identidad indígenas o en su condición de wichí hablante, en especial la traducción/interpretación permanente en lengua wichí mediante un/a traductor/interprete que propicie una cabal comprensión de los actos que se desarrollan”. También se debe considerar el análisis de la causa “desde una perspectiva interseccional”, y que la persona a cargo de la traducción e interpretación sea también mujer y perteneciente al Pueblo Wichí.

La recomendación fue entregada a la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; al procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella; al Defensor General, Martín Diez Villa; a la secretaria de Derechos Humanos salteña, Mariana Reyes; a la secretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Itatí Carrique, y al secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almarás.

Malestar en comunidades

El padre y la madre de la beba rescatada pudieron volver a su vivienda el sábado último, cuando le dieron el alta a la niña. Pero al llegar, se encontraron con que habían sido víctimas del robo de animales que crían en su propiedad. “Les robaron unos cuantos animales, chanchos, chivos, gallinas, y patos, más sus utensilios. Están sin platos ni tazas, ni ollas”, dijo a Salta/12 Laurentina Nicasio, prima de la pareja.

La situación se tornó compleja dentro de la comunidad wichí de la zona. El padre y la madre de la detenida, Andrea Pérez, habían participado de la marcha que se realizó el mismo 14 de julio frente al Hospital por el robo de la beba. Pero tras la detención, hubo rumores que generaron el malestar de la familia de la detenida con la familia de la niña.

En principio, el encuentro del padre de la beba con funcionarios de la provincia habría generado el rumor de que le dieron dinero para acusar a la chica detenida. Sin embargo, la detención y acusación surge del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Nicasio había indicado con anterioridad que se solicitó a los funcionarios aclarar que lo que llevaron a la familia fue ayuda para evitar conjeturas peores. Sin embargo, al menos en ese momento, no hicieron ninguna aclaración ante las comunidades.

Se pudo conocer que frente a este malestar, familiares del padre y la madre de la niña sustraída, estarían evaluando la posibilidad de que esta familia se mude de comunidad para evitar mayores inconvenientes por la detención de la acusada.