La Comisión de Juicio Político retomará el próximo martes la investigación sobre las negociaciones en torno al fallo de la Corte sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión están citados para dar su testimonio el exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, vocero y estrecho colaborador de Horacio Rosatti, ya que la hipótesis central que maneja el oficialismo es que la relación cercana entre ambos, expuesta a partir de la filtración de chats del exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta, sirvió para negociar una resolución a favor de la Ciudad.

La citación se oficializó el pasado 11 de julio, tras la exposición de la exsecretaria de Provincias, Silvina Batakis, y fiscales de Estado provinciales, quienes detallaron las irregularidades cometidas en el proceso. Además de Robles y D' Alessandro, la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard resolvió citar también para ese mismo día al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quien no asistió en la última reunión y pidió reprogramar su presencia, y a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP.

En la última audiencia, la actual presidenta del Banco Nación afirmó que "no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos" establecidos por decreto del Gobierno de Mauricio Macri en 2016, que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación, y señaló la presencia de Robles en audiencias reservadas entre Nación y Ciudad que no fueron registradas en las actas oficiales. Los funcionarios provinciales, en tanto, dieron cuenta de cómo el fallo afectaba a su provincias y cuestionaron al Máximo Tribunal por no incluirlos como amicus curiae.

Los testimonios complicaron especialmente a Robles y D’Alessandro, quienes ahora deberán esclarecer si existió una connivencia entre el gobierno porteño y la Corte que hubiese podido derivar en una resolución judicial favorable al distrito gobernado por Larreta. Aunque fuentes parlamentarias señalaron que ya están notificados los cuatro testigos convocados para el martes, todavía ninguno ha enviado respuesta. En el oficialismo dudan de que efectivamente comparezcan ante la comisión el próximo martes, pero aseguran que pueden ser obligados por la fuerza pública.