Ciento cincuenta familias se encuentran apostadas en la zona sudeste de la ciudad capital salteña, frente a un predio del que fueron desalojadas el 14 de julio. Hay infancias, personas con discapacidad y embarazadas, entre la población que permanece a la intemperie y reclama una respuesta del gobierno salteño.
Carolina Reyes es delegada de barrio Los Pinos, allí tiene su casa, pero al igual que otros vecinos está apoyando a este grupo de personas que reclama un lugar donde vivir ante la emergencia habitacional en la que se encuentran.
"Acá llegó la gente por la necesidad", explicó Carolina a Salta/12. Dijo que conoce a estas personas porque las cruzaba en las canchas y cuando iban a retirar la comida de los merenderos municipales que había antes, y que se cerraron después de las elecciones provinciales.
"Son 150 familias separadas en diferentes grupos porque cada uno tiene su delegado", indicó. Entre ellas se encuentran alrededor de 70 niños, niñas y adolescentes, describió.
Carolina refirió que el 10 de julio este centenar de familias tomó un predio de tierras fiscales ubicado en la zona sudeste. "Nosotros queremos que (ese lugar) sea la ampliación de Los Pinos", expresó y argumentó que quieren que se urbanice el espacio porque es un foco de inseguridad, ya que quienes cometen robos se esconden allí, donde además hubo violaciones y hechos de sangre.
Sin embargo, la policía reprimió y desalojó a las familias el pasado 14 de julio. Según indicó la delegada, intervino la fiscalía Nº 6 en ese momento y también la Comisaría 5. Desde entonces se ubicaron al frente del predio y se encuentran en la vereda.
"Ellos decían que estaban actuando de oficio", sin orden judicial, dijo Carolina respecto a la policía. "Hubo heridos. Aparte, nos agredieron psicológicamente, a través de los insultos, nos denigraban, con malas palabras. No les importó que había mujeres embarazadas, madres y padres con sus bebés. Nosotros no los agredimos ni insultamos, empezaron a hacer tiros", expresó. Dijo que esto pasó alrededor de las 19 del 14 de julio y luego más tarde, por la cantidad de heridos que había, se manifestaron en una rotonda y en el control de las líneas de colectivos urbanos 7d y 7c pero volvieron a ser reprimidos.
Carolina explicó que esperan realizar la denuncia por la represión con la representación del abogado Álvaro Arias, del grupo de ALFA, que brinda asistencia legal familiar y comunitaria gratuita.
Manuel Torrejón, de 35 años, se encuentra en este lugar con su pareja y tres hijas de 15 y 11 años, y la más pequeña de 3 meses. "Vinimos porque nos falta una vivienda. Ella vive en casa de su madre y yo en la de mi madre, por falta de recursos", dijo a Salta/12.
Este hombre explicó que tiene epilepsia desde los 13 años, no tiene un trabajo formal y por su condición de salud tampoco lo quieren tomar en puestos de trabajo. Aunque trabaja en changas de albañil o como ayudante en tareas de limpieza, sus ingresos no alcanzan para acceder a un terreno y menos a una vivienda en el mercado inmobiliario.
"Pasamos frío pero es por necesidad", dijo Torrejón. "El día que la policía vino, golpearon a mujeres, a chicos, y a mí en la cabeza y cuerpo, tuve que ir al hospital", relató.
El hombre señaló las dificultades para acceder a una vivienda social porque "en el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) te piden sueldo fijo" para las inscripciones. "Mientras que en Tierra y Hábitat me anotaron hace varios años para acceder a un lote pero pasan años y nada", mencionó. "Hay mucha gente en lista de espera eso es lo que nos dicen siempre", contó.
"Estamos pidiendo ayuda (...) para poder hacer algo humilde pero nuestro", expresó. Además hizo referencia a que les han indicado que el lugar no sería apto, "podemos hacerlo habitable" rellenándolo y así "armar de a poco una comunidad".
Patricia Ivadera, tiene 39 años de edad y es madre sola de una hija de 18 años y un niño con discapacidad de 12 años. Dijo que está en ese lugar porque no le alcanza para pagar un alquiler donde pueda vivir tranquila con sus hijxs. Recordó que hace poquito una chica fue violada por buscar un alquiler en la zona sudeste.
"No se consigue alquiler, son re caros y vive mucha gente", señaló. Lo último tiene que ver sobre todo con inquilinatos informales. La mujer dijo que percibe la pensión por discapacidad de su niño y aparte es vendedora ambulante de medias y ropa interior, con lo que se las rebusca para mantener a sus hijxs.
"No es vida. Tuve que recurrir a esto porque no puedo más. Estoy sola y a la deriva, intento vivir el día a día. Estamos esperando una respuesta", manifestó. Dijo que "la lucha sigue" pese al desalojo. "No sé por qué la policía vino y agredió tan brutalmente", lamentó.
También un niño de 13 años junto a la delegada, relató su situación a Salta/12. Contó que estaba en el lugar con la esperanza de tener un lote donde vivir con su mamá y hermanitxs. Mientras, la madre se encontraba trabajando en el vertedero San Javier (el basural de la ciudad de Salta) ya que integra una cooperativa de reciclaje. Son 5 hermanitos y "estamos re apretados" donde viven con sus tíos en la misma casa, contó.
Por su parte, la delegada dijo que también hay una mujer que quedó en silla de ruedas tras un accidente, y que va con su marido, ambxs tienen dos hijxs pequeñxs y necesitan un lote.
"Hay víctimas de violencia de género. Una embarazada, a la que la golpearon (en la represión)", indicó. Dijo que es una vendedora ambulante y va a dormir allí donde están apostados porque "está en situación de calle" ya que se quedó sin alquiler por no poder pagarlo. Además dijo que tiene una consigna ambulatoria pero la policía no va todos los días a verla. "El policía viene y quiere hacerle firmar por todos los días que no vino y se enojó porque ella puso que no vino", sostuvo Carolina.
También mencionó la delegada que al menos 20 personas tienen certificado de discapacidad.
"Las familias están en emergencia habitacional, por eso están acá. No tienen dónde estar o no les alcanza la plata", manifestó Carolina. Dijo que aunque cobren planes sociales y la AUH "no alcanza". Además "piden un montón de requisitos para alquilar una pieza, a muchas chicas no las aceptan con los chicos o los maridos violentos van a hacer problemas en el alquiler y las sacan".
"Queríamos que venga alguien del gobierno a asistir, aunque sea con colchas, colchones, mercadería. No vino nadie. Alguien de Desarrollo (Social) tendría que haber venido", sostuvo Carolina.
La delegada dijo que las familias necesitan colchas, ropa y calzado para las infancias que toman frío en estas circunstancias. Para la comida se organizan realizando ollas populares y vecinos y vecinas colaboran con leña y otras cosas. "Bettina Romero canceló todos los merenderos de la zona", añadió.
