El Congreso de El Salvador aprobó que los presuntos pandilleros detenidos sean juzgados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio. La oposición rechazó la medida por ser violatoria del debido proceso y advirtió que solo responde a la necesidad de descolapsar el sistema penal tras los miles de arrestos bajo el régimen de excepción.
La norma aprobada ordena el "sometimiento de imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción", desde marzo de 2022.
Esta "disposición transitoria" fue aprobada con los votos de 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de 84 en total. La norma, que nació de una iniciativa de Bukele, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación.
La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción asciende a más 71.770, según dijo recientemente el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.
"Una amenaza para los presos inocentes"
El diputado de oposición Jaime Guevara señaló que la reforma aprobada representa "un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a esperas de un procedimiento penal justo".
"Esto supondría que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso", apuntó. También consideró que la norma "solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas en el régimen de excepción".
La parlamentaria Claudia Ortiz, por su parte, señaló que la reforma "únicamente servirá para hacerle el trabajo más liviano a la Fiscalía, para que ya no tenga que investigar".
De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.
Aumento de penas
Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento también aprobaron, a petición del Gobierno del presidente Bukele, una reforma para aumentar la pena de cárcel para los líderes de pandillas.
La sentencia máxima para los cabecillas pasará de 45 a 60 años de prisión.
En marzo de 2022, los legisladores establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para "los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas". Hasta antes de esta reforma, la pena para los cabecillas de maras eran de 6 a 9 años.
