La polémica comenzó hace varios meses y ahora tomó un giro inesperado. En abril, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de unos medallones veganos congelados que no acataban una serie de reglamentaciones y se encontraba incorrectamente rotulados. Ahora, sin embargo, ocurrió algo llamativo: la empresa productora salió al cruce y denunció "persecución política".

La prohibición de la Anmat

En concreto, el organismo de control prohibió el jueves 27 de abril la venta de medallones veganos congelados de la marca Fast Good, elaborados por Fast Good SRL, una empresa que comercializa en la zona de Bariloche y General Roca (Río Negro), tras determinar que se encuentran “falsamente rotulados”.

El argumento es que se desconocen las condiciones bajo las que son elaborados y por eso comunicó que son “productos ilegales”. Específicamente, tiene que ver con que la marca había utilizado, según el informe del organismo, de forma irregular la leyenda “libre de gluten” en sus envases.

Así lo dio a conocer a través de la Disposición 3023/2023, allí el organismo descentralizado explicó que la medida se adoptó luego de una auditoría que llevó adelante la Coordinación Provincial de Salud Ambiental de la provincia de Río Negro (CPSA)”.

En este contexto, dispuso que se avance en la suspensión y/o cancelación de la producción, elaboración o fraccionamiento en de esos productos en cualquier parte del país.

La respuesta de la empresa

Para la empresa, la realidad es diferente, y tras la prohibición del organismo, salió a denunciar censura y persecución política por parte del organismo que es descentralizado y no político, es decir, que tiene autonomía técnica y funcional.

“Desmentimos categóricamente que nuestros productos no cuenten con la autorización correspondiente, negamos que sean ‘ilegales’ y que se encuentren ‘falsamente rotulados’”, lanzaron.

En tanto, el socio gerente, Gabriel Trujillo, recordó que el Ministerio de Salud comunicó “en menos de 24 horas” de la prohibición, que su compañía había regularizado “su situación”.

Sin embargo, planteó reparos a esa afirmación. “Desmentimos ‘habernos regularizado’. Siempre lo hemos estado”, expuso. Y aseguró que un mes antes de la medida de la Anmat ya estaban cargados al SiFeGA los resultados que daban cuenta que sus productos eran libres de gluten.

¿Persecución política?

Por eso, tras esgrimir esta serie de argumentos, aseveraron: “Todo lo mencionado ha sido ampliamente denunciado por nosotros en los medios de comunicación como persecución por parte del estado y el ejercicio de acciones coercitivas infundadas”.

¿Los motivos? La empresa cree que es una “represalia por la actividad política ‘no partidaria’ llevada a cabo por el titular de la empresa, en favor del sector productivo y que cuenta con el apoyo del 80% de todo el sector de la provincia”.

En concreto, Trujillo recordó que su cuestionamiento a la presión de las tarifas sobre la industria y la promoción para el desarrollo de un proyecto de ley para modificar la tarifa eléctrica para las pymes en Río Negro.