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Desde mediados del siglo pasado, el Ejército es dueño de Campo San Pedro, un predio de más de dos mil hectáreas –lagunas, bañados y tierra firme– dentro de la provincia de Santa Fe. Durante décadas se usó para realizar ejercicios militares, pero también para cometer crímenes. El lugar, ubicado en las inmediaciones de Laguna Paiva, fue escenario de fusilamientos y enterramientos clandestinos durante la última dictadura cívico militar. La Justicia recogió testimonios, ordenó excavaciones y protegió el predio con medidas en el marco de la investigación sobre esos delitos de lesa humanidad. Allí, en 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló restos de ocho detenides desaparecides. Sus trabajos hoy todavía continúan. El campo fue señalizado como sitio de memoria en 2012 y si bien la fuerza no cuenta con habilitación para retomar sus actividades allí, aún es propietaria. Diferentes organismos de derechos humanos advierten que el Ejército “no puede” regresar e insisten en instalar allí un Espacio para la Memoria.
“Para nosotros la constitución de un Espacio de Memoria en Campo San Pedro sería un símbolo muy importante y representativo de las barbaries cometidas allí”, indica en diálogo con este diario Hugo Kofman, referente del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, epicentro del impulso para concretar esa iniciativa. En nombre de los organismos de derechos humanos locales que conforman el foro, Kofman sostiene que el futuro espacio funcionaría como “un lugar de concientización para las nuevas generaciones” y también “un digno homenaje permanente a las víctimas”, no solo a las que fueron fusiladas y enterradas clandestinamente en ese predio militar, sino a todas las del terrorismo de Estado de la última dictadura.
La iniciativa surgió hace más de un lustro y recogió el apoyo de organismos de derechos humanos a nivel nacional (Abuelas y Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS, Liga Argentina por los derechos humanos y APDH, entre otros) así como de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero sigue sin concretarse. Así, desde el Foro fueron por más. Al reclamo lo fortalecieron en las últimas semanas con nuevos apoyos de colegios profesionales, directivos de establecimientos educativos, funcionarios públicos, legisladores provinciales y nacionales, y “un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos”, informaron.
“La construcción de Memoria es una condición esencial de una sociedad democrática, que aspira a la Verdad, la Justicia y el bien común”, define el documento que recogió respaldo para reimpulsar el proyecto.
Un espacio de memoria y formación
Poco tiempo después de que las investigaciones judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura pudieran ser retomadas, la Justicia federal de Santa Fe comenzó a trabajar en las denuncias que indicaban que el Campo San Pedro había sido usado por los genocidas para asesinar a detenides ilegales y desaparecer sus cuerpos enterrándolos allí. Los testimonios de sobrevivientes y testigos de fusilamientos y fosas clandestinas no fueron pocos. Por orden judicial, el Ejército que hasta entonces realizaba allí entrenamiento militar, debió retirarse.
En 2010, el EAAF halló restos de ocho personas que habían sido secuestradas, fusiladas y enterradas en 1977 en una fosa común dentro del campo. Seis de ellos lograron ser identificados. Lejos de culminar, los trabajos del equipo continuaron y continúan. En 2012, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó el lugar como Sitio de Memoria.
Mientras, el colectivo de organismos impulsó la construcción del Espacio de Memoria “Ex Campo de Exterminio y Enterramientos Clandestinos San Pedro”. En 2018, la legislatura santafesina aprobó el proyecto de conservación del lugar como centro de memoria y de capacitación de antropólogos forenses, con un rechazo rotundo a que el Ejército regresara. Lo intentó en dos oportunidades en los últimos años, pero la Fiscalía se opuso.
Las más de dos mil hectáreas que ocupa el Campo San Pedro, donde 800 son de tierra firme y el resto está conformado por laguna y bañados, son del Ejército, que tiene poder sobre la tierra desde la década del 40 del siglo pasado. En 2019 y posteriormente en 2021, se presentaron dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de que el Estado nacional ceda la propiedad del terreno a la provincia de Santa Fe. Ninguno de los proyectos han sido tratados. En un principio, el pedido del Foro santafesino de derechos humanos exigía que todo el predio, que tiene más de dos mil hectáreas, sea traspasado. Pero la última semana, hubo una reconfiguración del proyecto para que las cedidas sean 235 hectáreas, el sector indicado por testigos en donde podría haber fosas comunes.
A través de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, el gobierno provincial envió un nuevo pedido de cesión con el terreno ceñido a ese área que el Ministerio de Defensa deberá analizar “en el marco del valor prioritario que tiene para esta gestión el respeto por la memoria, el resguardo de estos predios y su constitución en Espacios de memoria”, remarcó Eduardo Jozami, director de Derechos Humanos de la cartera comandada por Jorge Taiana.
Más allá de la cesión de un sector del predio para la construcción de un Espacio de Memoria, desde el Foro insisten en que la totalidad del lugar debe ser desafectada “de todo tipo de actividades militares por cuestiones simbólicas, por cuestiones prácticas de búsqueda. No puede haber entrenamientos militares sobre los huesos de nuestros desaparecidos”, concluye Kofman.
