A instancia de una investigación dirigida desde el año pasado por la PROCUNAR NOA, la jueza federal de Garantías Nª 2, Mariela Giménez, dio por formalizada ayer la acusación penal contra cinco hombres detenidos como responsables de la mayor operación de tráfico de droga desarticulada en Salta, con un secuestro total de 423 kilos de cocaína.

En representación de la PROCUNAR NOA, el fiscal auxiliar Jorge Viltes Monier y la fiscal auxiliar Mariana Gamba dieron los detalles del caso, por el cual Alfredo Medina, Facundo Díaz, Juan Leopoldo Noria, Miguel Albornoz y Luis Palacios quedaron imputados por el delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores".

Los fiscales explicaron que la investigación se inició a fines del año pasado, cuando un informe de Gendarmería Nacional alertó sobre el hallazgo de bolsas que aparecían descartadas en una zona rural de Joaquín V. González, en el sur de la provincia de Salta. Gendarmería indicó que esas bolsas presumiblemente eran usadas para arrojar droga desde el aire, modalidad conocida como “bombardeo”.

La PROCUNAR NOA inició actuaciones preliminares con tareas de campo e inteligencia a cargo de la Unidad de Procedimiento Judiciales de esa fuerza y así identificaron a algunos de los acusados, entre ellos Noria, quien fue descripto como el principal responsable en la cadena de mando de la organización.

Con intervenciones telefónicas se estableció que Noria, quien reside en un edificio de la ciudad de Salta, emprendió viaje hacia Joaquín V. González para organizar el traslado de la droga, la que ya había sido arrojada en una finca de esa localidad, ubicada en el departamento Anta.

En la audiencia la fiscalía dio a conocer algunos diálogos mantenidos entre Noria y su pareja, en los que hacían alusión a la actividad ilegal. “Hemos sacado, seguimos sacando”, le dijo el ahora imputado a su mujer, en referencia a los paquetes de droga que fueron arrojados el sábado pasado desde una avioneta.

“Estamos esperando a ver si llega el camión, a ver si podemos cargar uno”, reveló el Noria en otro mensaje a su pareja. Para el traslado, el mismo Noria había coordinado la utilización de un camión Fiat Iveco, tipo Cisterna, siendo Medina y Díaz los designados como transportistas.

La fiscalía aseguró que Albornoz y Palacios, en tanto, fueron "los brazos operativos de Noria"; ellos recogieron los paquetes de drogas y los cargaron en el camión, que salió de la finca por la ruta 29 en dirección a la provincia de Santiago del Estero y fue interceptado a poco de traspasar el límite, ya con intervención judicial.

Tras la detención del conductor y el acompañante, el camión fue trasladado a la base operativa de Joaquín V. González, donde fue requisado y al abrir la cisterna encontraron 400 paquetes de droga, con un peso total de 423 kilos y 716 gramos de cocaína.

Entre otras pruebas, los fiscales mencionaron que Palacios era el encargado de la finca de donde se sacó la droga, mientras que Albornoz participaba en la recepción de la droga y su acondicionamiento, en este caso, en el camión.

Esta maniobra, sin embargo, no fue la única, dado que en las escuchas diferidas se pudo establecer que ya hubo otras operaciones similares, razón por la cual la fiscalía no descartó la participación de otros implicados, uno de los cuales ya estaría identificado y se trabaja en su detención.

Simultáneamente, se realizaron otros allanamientos en los cuales se secuestraron otros elementos de interés para el caso, como teléfonos celulares, más de un millón de pesos y 10 mil dólares.

La fiscal Gamba Cremaschi solicitó la prisión preventiva de cinco hombres imputados, para lo cual resaltó el riesgo de fuga, el riesgo de entorpecimiento de la investigación, y además destacó el daño a la salud pública y la pena que se les podría aplicar en caso de resultar condenados, dado que el delito achacado prevé un mínimo de 6 años de prisión.

La fiscalía solicitó autorización para las pericias telefónicas, sábanas de llamadas, impactos de antena y geolocalización, el levantamiento del secreto fiscal y bancario, y un pedido de inhibición general de los bienes de los acusados.

La jueza coincidió con la fiscalía respecto al caso, que tiene matices de orden trasnacional por el origen de la droga ingresada por vía aérea al territorio nacional, a la vez que destacó la afectación del espacio aéreo argentino, y consideró que este aspecto precisamente convalida el plazo de investigación requerido, que confirmó, igual que las otras diligencias solicitadas por la fiscalía

La jueza resaltó también la obligación del Estado Nacional, a raíz de compromisos adquiridos por tratados internacionales, de investigar esta clase de delitos que afectan gravemente a la sociedad.