El transporte masivo de pasajeros en el sistema SAETA, y el del resto de la provincia, fue definido con aproximadamente un 80 por ciento de aumento. Ello luego de que ayer la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) emitiera su decisión sobre el pedido que había elevado la SAETA (que presta el servicio en Salta Capital y alrededores), de incrementar el precio del boleto en un 78.8 por ciento. Esto implica que el pasaje común que en la zona de Salta Capital se paga 61.50 pesos, se incremente hasta llegar a 110 pesos a partir de este 1 de agosto. A diferencia de otras readecuaciones, el aumento no será de manera escalonada.
Por otro lado, entre el miércoles último y ayer jueves, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) publicó formalmente la convocatoria a las audiencias solicitadas por las empresas EDESA y Aguas del Norte para el incremento tarifario. Los procedimientos se realizarán vía remota los próximos 17 y 18 de agosto.
Aguas del Norte solicitó una revisión extraordinaria en las tarifas por modificación de los costos de explotación del servicio por los meses comprendidos entre marzo de 2021 y mayo de 2024. La empresa afirmó que ese tiempo la variación fue del 247.08 por ciento. Por lo cual desde el ENRESP se entendió que ese es el pedido de incremento tarifario elevado por la empresa que presta el servicio de agua.
Mientras, aunque de manera extraoficial, ayer se indicaba que la empresa que brinda el servicio de distribución de energía eléctrica, había solicitado el 75 por ciento de suba en el marco del proceso de readecuación tarifaria quinquenal, cuyos aumentos se van generando año a año tras revisiones pero sin audiencias públicas.
“Ninguna tarifa puede superar el 50 por ciento de las paritarias a empleados”, dijo por su parte el presidente del ENRESP, Carlos Saravia, ante la apertura del procedimiento para analizar los pedidos.
En las audiencias se espera el planteo de la calidad de los servicios. Como ejemplo, el funcionario comparó la prestación del servicio de EDESA en la zona de Salta Capital, en donde se registra un promedio de 2.2 cortes de luz por semestre, en contra de los 12 a 15 cortes que se generan en los departamentos Orán, Anta, Rivadavia y San Martín.
La situación de la prestación del servicio de agua empeora si se ven los resultados en toda la provincia en general y en el norte en particular. Allí el problema registrado es que existen riesgos dado que el agua del dique Itiyuro, que abastece a la población de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), cuenta con cianobacterias. No obstante, la empresa que presta el servicio afirma que el agua es potable y puede ser consumida.
Quienes quieran participar de las audiencias tienen tiempo hasta el 8 de agosto a las 14. Las presentaciones y consultas serán recibidas a través del correo electrónico [email protected], mediante el mecanismo explicitado en el tutorial que estará a disposición en la página web del Ente Regulador: https://ente.gob.ar a partir del lunes próximo.
Servicio deficiente para la mitad de usuarios
Del informe de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, surge que la empresa brinda cobertura a un 73.66 por ciento de la población salteña. De este total “un 35,43 por ciento recibe un servicio deficiente”, indica en sus considerandos la resolución que convoca a la audiencia pública.
En el mismo apartado se indica que en 2021 ingresaron a la prestadora 206.651 reclamaciones por deficiencia en la prestación del servicio de agua potable y cloaca, la que se incrementó a 262.444 en 2022. En el primer semestre de 2023 se presentaron 101.416 reclamos. “La curva es ascendente y permite elucubrar con que la situación deficitaria por incidencias estructurales y coyunturales se agrava”, señala la resolución.
Al observar la mala prestación se insiste en que al rescindir el contrato con la concesionaria privada en 2009 “se ha dejado constancia de la degradación de la infraestructura hídrica sobre la que opera”. Se insiste en que ello se tradujo en “mayor cantidad de incidencias vinculadas con corte de servicio, pérdida de presión o altos niveles de turbiedad en las distintas estaciones del año”.
Asimismo, se indica que falta información respecto de otras inversiones indispensables para mantener la calidad del servicio. Esto es lo que implicó rechazar el pedido de una actualización por un aumento de costos. Es así que en la resolución del ENRESP se sostiene que, “las decisiones que pudieran adoptarse durante el proceso de revisión extraordinaria tendrán carácter provisorio o imputadas a cuenta de lo que se resuelva eventualmente en una revisión integral”.
