La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió la suspensión preventiva del fiscal Fernando Rodrigo, denunciado penalmente por ordenar escuchas irregulares a su ex pareja. El funcionario judicial tendrá ahora tres días para realizar su descargo en cuanto a la severa acusación, luego de que se descubriera que incluyó el número de su ex novia (empleada de la Fiscalía), y el de la madre de ésta, en diversas investigaciones con pedido de intervención telefónica. La maniobra aparece como un claro intento por controlar la vida de la joven. Tras ese plazo, el fiscal General de la Provincia, Jorge Baclini, resolverá si el pedido de suspensión es viable. De todos modos, como adelantó este diario, la ley 13.013 habla de la medida con goce de sueldo, mientras duren las investigaciones administrativa, a cargo de la auditora María Cecilia Vranicich; y penal, que lleva adelante la fiscal de Cañada de Gómez, Natalia Benvenuto.

Desde que la semana pasada se conoció la irregularidad, a partir de la denuncia de un empleado de la Fiscalía Regional, la auditora General de Gestión analiza los elementos de prueba, con los que ayer solicitó al fiscal Baclini la suspensión preventiva del funcionario que permanece de licencia. Esa medida da cuenta de que los elementos contra el fiscal aparecen versímiles y requieren de una investigación que podría derivar en un pedido de juicio disciplinario y hasta en una imputación penal.

"El sustento de la denuncia es fuerte", reconoció a principios de esta semana una alta fuente judicial consultada por este diario.

En la causa, hay investigaciones paralelas: la fiscal Benvenuto está a cargo de la cuestión penal desde la semana pasada, cuando un empleado de la misma dependencia judicial radicó una denuncia donde se detallaba que al menos en cuatro investigaciones distintas el fiscal Rodrigo había pedido que se escuchen y graben las conversaciones telefónicas del aparato personal de Jessica G. y de su madre. Al parecer, tenía intención de controlar sus movimientos y relaciones. Enseguida, Benvenuto ordenó allanamientos en los lugares que frecuentaba el fiscal y secuestró de aparatos de telefonía, tablets y computadoras personales de su oficina, su casa y la de su madre. Rodrigo pidió licencia y en esa situación se encuentra actualmente.

En tanto, la responsabilidad disciplinaria administrativa le compete a la Auditoría, a cargo de Vranicich. El sustento para ambas tiene que ver con las medidas que se pusieron en marcha desde la denuncia. Es decir, con los mismos elementos de prueba.

Un dato llamativo es que el accionar atribuido al fiscal en la denuncia se contrapone con el rol que tuvo en el MPA al inicio de la gestión, entre 2014 y 2015, cuando estuvo a cargo de la Oficina de Violencia de Género, donde recibió críticas por parte de las organizaciones de mujeres, ante la falta de respuestas a las víctimas.

Según explicaron fuentes de la Auditoría a este diario, el trámite al que se enfrenta el fiscal tiene pasos a seguir, en lo administrativo, a partir de la ley 13.013 y del reglamento disciplinario que figura en la resolución de Fiscalía General, de mayo pasado. Tras el pedido de suspensión preventiva, la evaluación siguiente tiene que ver con averiguar si se cometió una falta grave de mal desempeño que implique llevar al fiscal a un juicio disciplinario, que equivale al jury contra un juez. La ley 13.013 establece una etapa de admisibilidad, otra de investigación preliminar administrativa y luego la Auditoría puede acusar o archivar el caso. Si acusa, se llega a juicio disciplinario. En ese punto, no hay antecedentes en el país. Se trata de un juicio con un tribunal compuesto por un diputado y un senador, un representante del Colegio de Abogados de una circunscripción diferente a la del fiscal acusado, un fiscal regional de otra jurisdicción y el fiscal General, que votará solo en caso de empate de los otros cuatro.

Desde la Fiscalía Regional se habla de un hecho de "gravedad institucional"; y señalaron que la semana que viene habría una resolución de la Fiscalía General al pedido de suspensión preventiva, con goce de sueldo, hasta que haya una sanción.