Terminó este viernes uno de los juicios más importantes que la República Argentina tiene en el exterior para definir el monto que Argentina deberá pagar al fondo buitre Burford por la forma en que se nacionalizó YPF - sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA)-.  La jueza Loretta Preska no tiene plazos para definir la sentencia, que puede variar entre 4900 y 16000 millones de dólares. La República Argentina aún cuenta con dos instancias y confirmó que apelará cualquier sentencia firme que implique un pago. Los tres días de juicio activaron una suerte de revisionismo histórico por la estatización de la petrolera. 

La jueza Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, ya falló en contra de la República Argentina el 31 de marzo, pero escuchó en estos tres días de audiencias de más de ocho horas a las partes argumentar sobre dos cuestiones de daños que dejó sin resolver: la fecha en que Preska tome como que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, y la tasa de interés que se utilice por la demora para actualizar la indemnización. Significan una diferencia de hasta 11.100 millones de dólares. 

Una de las cuestiones en pugna es la tasa de interés que se utilizará por los años de demora del pago de la indemnización, decisión que implica hasta 5000 millones de dólares de de diferencia si la jueza opta por tomar el 8 por ciento que pide Burford. En una presentación de 127 filminas, la defensa argentina que está en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, aseguró que "el Tribunal debe fijar en cero los intereses de demora debido a la enorme ganancia que recibirán los demandantes en cualquier escenario". Es que Burford compró por 15 millones de dólares el litigio al administrador del concurso español de Petersen  (y el derecho a quedarse el 70 por ciento del recupero de la eventual sentencia).

La otra cuestión en disputa es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012 , cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se emitió un decreto que designó un interventor del Ejecutivo que desplazó al directorio de YPF. La República, en cambio, explica que no fue antes del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al ejecutivo a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones. La diferencia incidiría en las fórmulas con las que el estatuto determinaba el valor a pagar por las acciones, con diferencias de hasta 3400 millones de dólares de pago si se empieza a contabilizar en una fecha u otra.

Se espera que la sentencia de Preska no llegue hasta finales de septiembre. Una vez conocida y antes de que el fallo quede firme, la República cuenta aún con dos instancias de apelación para no pagar, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Argentina ya confirmó que hará la apelación correspondiente. Sin embargo, la jueza podría ordenar que Argentina abone una garantía además de que arriesga a que Burford también apele y pida que se revoque la exoneración de YPF, que había sido eximida en la sentencia del 31 de marzo.

Revisionismo histórico

El juicio llevado a cabo estos tres días desató una oleada en contra de la reestatización de la petrolera. Desde Marcos Galperín, que publicó en sus redes sociales que "los expropiados hicieron el mejor negocio de la historia" hasta la precandidata a presidenta Patricia Bullrich y el exministro de Hacienda de Mauricio Macri Alfonso Prat Gay que, aprovechando el clima electoral, apuntaron directamente contra el entonces ministro de Economía Axel Kicillof: “El populismo kirchnerista no es gratis. Por eso, necesitamos un cambio profundo”, tuiteó Bullrich.

Una de las críticas más grandes que se realizan es que el valor que podría pagarse por el juicio es mayor al acutal de la compañía. "El valor de la compañía es una foto de ese día. Pero en realidad lo que YPF tiene es el 40 por ciento de la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo. Hoy YPF vale mucho más que eso, es muy difícil de calcular. El valor de una petrolera es por sus reservas", aseguró el presidente de YPF Pablo González en declaraciones radiales. 

"Lo cierto es que e Argentina no tenía ninguna posibilidad de tener soberanía energética sin la decisión de la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF. No se hubiera desarrollado Vaca Muerta", continuó y remató que "los que defienden la no expropiación defienden otros intereses, que no son los nuestros, los que defendemos un bien estratégico como es la energía".

Alerta buitre

El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.

El 31 de marzo Preska falló contra la República aunque no determinó el monto que deberá pagar. En ese mismo fallo de marzo, Preska eximió de responsabilidades a YPF —que también fue demandada por el fondo buitre Burford—, ya que los estatutos no obligan a la petrolera a "hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo”.

Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 53,19 por ciento tras conocerse la decisión de Preska en marzo pasado. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.

Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.