Para sus defensores, las clases de religión en las escuelas públicas salteñas enriquecen a chicas y chicos porque les dan “bagaje cultural”, a diferencia de los “prejuicios ideológicos” como los del marxismo y el “liberalismo extremo, de laicidad exagerada” que pretenden quitar esos contenidos de la currícula. Lo que está en juego, en la causa cuya segunda audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se desarrolló ayer, es la tradición misma de Salta y “el daño que las políticas de inclusión e integración e igualdad educativas promovidas por la ley nacional de educación provocaría” si resultara declarada inconstitucional la norma que rige hoy la vida escolar pública de las primarias provinciales. Entre esos ejes discurrieron ayer ocho de los dieciocho oradores convocados como amigos del tribunal, que expusieron argumentos para sostener la constitucionalidad de la norma provincial cuya aplicación, sostuvieron nuevamente sus detractores, resulta en experiencias de discriminación y segregación explícitas para niñas y niños no católicos. Como en la primera audiencia, además, los expositores vinculados a cultos cristianos no católicos (evangélicos y adventistas) y el representante de la masonería argentina coincidieron en reafirmar una educación pública no confesional, defender la Ley 1420 y reclamar el fortalecimiento del Estado laico. No fueron pocas, por otra parte, las menciones a una cuestión material evidente: el hecho de que la Sala de Audiencias del máximo tribunal de la Nación, donde se ventila la causa, sea presidido por la talla de un Cristo en un crucifijo.
Los argumentos a favor de la educación religiosa en escuelas públicas salteñas siguieron varios caminos: asegurar que lo que está en debate es el texto de la ley y no las prácticas que derivan de esa ley, porque algunas pueden ser “desviadas” y deberán ser “corregidas”; advertir sobre la posibilidad del derrumbe de la tradición misma de Salta; lamentar el daño que la declaración de inconstitucionalidad de la ley podría ocasionar a los niños católicos de familias con escasos recursos.
Los expositores plantearon sus argumentos a razón de estrictos diez minutos cada uno, orador tras orador en continuado, como en la primera audiencia. En defensa de la ley, se manifestaron el ex ministro del menemismo Rodolfo Barra (que no asistió pero envió un texto que fue leído por un socio suyo, Beltrán María Fos); el representante de la Corporación de Abogados Católicos, Cosme Beccar Varela; el de la salteña Asociación Civil Centro de Estudios y Formación Política Juan D. Perón, Julio Argentino San Millán; los abogados Alberto Bianchi, Jorge Guillermo Portela y Pedro Coviello; el representante de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, Miguel Jorge Haslop; y la de la Fundación Centro Cultural Universitario, Sofía Calderone.
En contra de la ley, en tanto, expusieron el representante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Héctor Manoff; la senadora provincial salteña Gabriela Cerrano y el diputado provincial Pablo Sebastián López, ambos del Partido Obrero; el representante de la Universidad Adventista del Plata, de Entre Ríos, Juan Martín Vives. También brindaron sus argumentos en el mismo sentido los abogados Andrés Gil Domínguez y Federico Paruolo (este segundo en nombre del Frente de Abogadxs Populares); el presidente de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, Angel Jorge Clavero; el representante de la Fundación Centro Cristiano Nueva Vida, Alevis Kalczynski; el de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, Néstor Miguez; la representante de la Universidad Nacional del Centro, Laura María Giosa; y el docente porteño Martín J. Becerra. Los argumentos discurrieron entre el sustento legal (o todo lo contrario), los efectos en la práctica de la ley y la historia de la discriminación cotidiana en las instituciones que padecieron y padecen religiones no mayoritarias y aun ateos (ver aparte).
Quizá los más alarmados por el cuestionamiento a la ley salteña de educación hayan sido los abogados Beccar Varela y Barra, quienes, cada cual a su turno, advirtieron sobre daños irreparables que podría provocar la declaración de inconstitucionalidad. “El derecho a la educación es incontestable”, dijo Beccar Varela, para quien “en todo caso, se puede discutir la aplicación, porque ningún derecho se debe ejercer de forma abusiva”. “La calumnia (contra la educación religiosa) existe, pero no debe ser considerada por el Estado como motivo para prohibir la educación religiosa como sucede en países marxistas o de extremo liberalismo, de laicidad exagerada”, advirtió antes de procurar dar ejemplos de la homogeneidad a la que, estima, podría conducir la educación y el Estado laicos. “Si en un colegio se reparten para almorzar sándwiches de jamón y queso y hay una minoría vegana y no admite eso, el colegio debe velar porque esa diversidad sea respetada, pero no debe dar sandwiches de verdura para todo el mundo, o suprimir los sandwiches. Debe haber una manera de diversidad respetada sin suprimirla”. Para Beccar Varela, “la visión laicista de la sociedad es suprimir la diversidad, uniformizar a todo el mundo, algo típico de países totalitarios”. Por eso, añadió, “lo más fuerte que sostiene a una sociedad son los valores, sustentados en sistemas religiosos, eso debe ser respetado”.
Poco después, el abogado Beltrán María Fos dio lectura al escrito enviado por el ex juez supremo Barra. En su texto, el ausente se preguntaba si el cuestionamiento a la ley actual viola derechos de terceros. “Los ateos, los agnósticos o los que no quieren que sus hijos reciban educación religiosa tienen derecho a pedir educación especial. ¿Qué ocurre con quienes no quieren, sino? Piensen que también puede haber quien no quiera que se enseñe matemática e historia. Recordemos que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, y estos ya se han expresado en la Constitución salteña y en la ley” provincial de educación, amonestó. Para Barra, la educación religiosa obligatoria es una muestra de “la misma identidad cultural de su pueblo”. Además, “si se cancelase la opción por la educación religiosa en las escuelas estatales, se estaría impidiendo a las familias de pocos recursos económicos hacer valer su derecho a elegir el tipo de educación que desea para sus hijos”, mandó leer el ex ministro. Barra advirtió, además, sobre “el daño que las políticas de inclusión e integración e igualdad educativa promovidas por la ley nacional de educación provocaría (de suceder) la prohibición del sistema de libre opción educativa de la provincia de Salta”.
El reclamo por una educación y un Estado laicos es “una imposición inversa: no hay que tener religión”, aseguró el abogado Coviello, que se mostró preocupado por saber si “alguien le ha preguntado a la gente del norte, a esos pueblos originarios, qué piensan de esto”. La educación religiosa en escuelas públicas “no creo que sea un dispositivo para aplicar la religión hegemónica, que significa, la religión católica no es eso”, aseguró, antes de señalar que si la aplicación genera discriminación entre chicos que concurren a clases de religión y chicos que no, y eso deriva en bullying, “bueno, siempre hay alumnos separados, los que están más avanzados y los que menos”.
A su turno, el también abogado Bianchi definió la ley salteña como “una oferta que hace el Estado, voluntaria” y derivada “del preámbulo de la Constitución Nacional, que invoca la protección de Dios”. “Ayer un abogado dijo que era inconstitucional, parecería que los niños resultan sometidos a la esclavitud”, lamentó y criticó que “la actora y sus amicus sostienen que esta ley discrimina e impide el desarrollo de la persona humana”. Añadió: “Es increíble hablar de discriminación en Argentina hoy por razones de educación. A esta audiencia hemos venido de todas las religiones a hablar libremente (...) la ley no puede ser interpretada como discriminación porque en Argentina hay defensas contra la discriminación y esta ley es voluntaria, da una oferta. En todo caso, lo que da al conceder la libertad de elegir es angustia y libertad”.
