El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este sábado que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, "puso en peligro la seguridad nacional". Lo dijo al ser cuestionado en Australia por la causa contra el ciudadano de ese país que enfrenta hasta 175 años de prisión en caso de ser extraditado desde Reino Unido.

Las acciones del periodista "pusieron en peligro la seguridad nacional en beneficio de nuestros adversarios y pusieron en grave riesgo a las fuentes nombradas" en las filtraciones, expresó Blinken, en una conferencia en la ciudad de Brisbane junto a su par australiana, Penny Wong.

La funcionaria indicó que Australia no tiene intención de inmiscuirse en un proceso que atañe a otros países, pero sí trasladó el sentir de buena parte de la población, que considera que el proceso "se está alargando en exceso" y el deseo del Gobierno australiano "es que termine lo antes posible".

En respuesta, el secretario de Estado se limitó a asegurar que Washington entiende "la sensibilidad que comporta este caso" para la población australiana "pero es importante que nuestros amigos entiendan nuestra preocupación sobre esta situación".

WikiLeaks, el sitio web fundado por Assange en 2006, publicó en 2010 información confidencial filtrada de gobiernos y empresas, incluidos cables diplomáticos y documentos militares estadounidenses.

Sus seguidores, diversos gobiernos y organizaciones de periodistas condenan la causa contra Assange, al defender que con su accionar reveló crímenes de guerra, especialmente en Irak y Afganistán.

En 2012, Assange, que en ese momento estaba bajo arresto domiciliario en el Reino Unido, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, donde enfrentaba acusaciones de violación, ahora prescritas.

El 11 de abril de 2019, Ecuador le retiró el asilo y la policía británica lo detuvo dentro de la embajada por haber violado su arresto domiciliario mientras se tramitaba su posible extradición a Suecia.

Actualmente, se encuentra en la prisión de Belmarsh en Londres a la espera del final del proceso de extradición a Estados Unidos, donde puede ser condenado a 175 años si es hallado culpable.

Una apelación contra su extradición presentada ante el Tribunal Superior fracasó, pero volverá a ser revisada. De confirmarse, su única opción sería apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.