César Martín Robledo es el suboficial de policía -en disponibilidad- que está preso desde el viernes tras haberle disparado a tres jóvenes que buscaban lombrices en una zanja en barrio Matheu. Sin embargo su regreso a las páginas policiales despertó el interés sobre un hecho anterior del que salió impune: el asesinato de Jonatan Ezequiel Ojeda, un pibe del mismo barrio, a quien el propio Robledo le había jurado que lo mataría. Para eso esperó la oportunidad y en las primera horas de la mañana del 18 de octubre de 2015 lo persiguió en su auto y lo ejecutó de un disparo en la cabeza, simulando un enfrentamiento jamás probado. La causa original estuvo a cargo del entonces fiscal Florentino Malaponte, quien después fue nombrado juez. El expediente quedó en manos del fiscal Alejandro Ferlazzo, a quien esta semana los abogados Guillermo Campana y Salvador Vera, que patrocinan a la madre de la víctima, Adriana Ramírez, le pedirán a través de un escrito que les actualice el estado de la aquella causa. 

"Esta causa tiene un vicio de origen, que es lo que sucedía habitualmente: en aquella época ni siquiera estaba conformada una unidad fiscal de violencia institucional que trabajara específicamente este tipo de casos sino que intervenían las unidades de homicidios y habitualmente lo que hacían era empezar estas causas en base a lo que indicaba la versión policial de los hechos", recuerda el abogado Campana.

"Es decir que toda la primera parte de la investigación por lo general estaba enderezada a corroborar lo que el parte policial indicaba. En este caso el único testigo del hecho había sido el propio policía. De esta manera -agregó el letrado- fue que teníamos un caso en el que el policía planteaba que había habido un enfrentamiento que debía probarse o desacreditarse. Para ello se debían realizar una serie de medidas importantes que tenían que ver con analizar vehículo de Robledo que tenía impactos de bala que según él había provenido de un arma que se encontró junto al cuerpo de Ojeda, tanto en el paragolpe como en el neumático. Y esto no se realizó, no se realizaron pericias serias sobre el vehículo y se realizó un dermotest en Ojeda que dio negativo, lo que indicaba que existía la posibilidad de que el enfrentamiento no hubiese existido". 

"Esta falta de corroboración -agregó Campana- de las hipótesis antagónicas que se presentaban en el caso, implicó la impunidad para Robledo, porque al no existir las medidas probatorias necesarias para saber cuál de las versiones era la correcta, al paralizarse la causa, al no avanzarse en ningún sentido, no tuvimos una hipótesis fiscal que nos diga: esto es lo que la fiscalía está convencida que pasó, un enfrentamiento y que hubo una legítima defensa. No hay una una resolución de la fiscalía en ese sentido, es decir no hay ningún tipo de resolución, el caso quedó en el limbo y nunca vamos a saber o por lo menos hasta ahora,  no podemos saber si efectivamente existió un enfrentamiento y un previo robo por parte de Ojeda o si existió una persecución por parte de Robledo, quien ya tenía marcado y señalado a Ojeda previamente con la intención de matarlo y deshacerse de él,  porque tenía una enemistad previa que está probada". 

Para demostrar el movimiento que le quisieron imprimir al expediente, aunque sin éxito, el abogado envió a Rosario/12 un escrito fechado en junio de 2018 en el que le pedían al entonces fiscal Malaponte la concreción de pericias serias pero también la inclusión de su planilla prontuarial y de antecedentes "ya que que cuenta con otros antecedentes de denuncias desde el año 2014. Por ejemplo el 2 de febrero de 2015 se le atribuye a Robledo la violación de domicilio, apremios varios de distinta intensidad, delitos contra la libertad de las personas asi como también surgen denuncias y causas de torturas, apremios y falsedad de acta de procedimiento, que tuvo como víctimas a dos jóvenes denunciantes mediante recurso de Habeas Corpus interpuesto por el Servicio de Defensa Penal el 9 de abril de 2015. En tanto el 11 de abril de 2015 aparece denunciado por violencia de género dado que le habría efectuado un disparo de arma de fuego en la pierna a su ex esposa desde su auto, hecho gravísimo al que se le sumarían dos denuncias de similar tenor a las anteriores apareciendo también su situación de revista con carpeta médica". 

Sin dudas la anexión del documento hubiese servido sobremanera para describir el perfil violento de Robledo, más parecido a un matón de barrio que al de un servidor público. 

Los abogados apuntaron también a la actitud del fiscal. "Restó relevancia jurídica a aportes discordantes con la versión policial, como por ejemplo las continuas amenazas de muerte que el joven sufría por parte del policía involucrado, los allanamientos sin órdenes, la persecución que padecía y lo declarado por el abuelo del occiso quien expresaba que su nieto estaba amenazado por un policía... porque en un principio lo había querido meter en la droga y él se negó”.