El decreto que autoriza al Ministerio de Transporte a clausurar a sola firma y de manera definitiva ramales ferroviarios continúa cosechando interrogantes y en el Congreso buscan citar a Guillermo Dietrich, titular de esa cartera, para que dé explicaciones sobre el alcance de esa cesión de facultades. Según la medida dispuesta este martes en el Boletín Oficial, Transporte no requerirá de un decreto presidencial para llevar a cabo el levantamiento de las trazas ferroviarias. La senadora nacional María de los Angeles Sacnun (FpV Santa Fe) presentó ayer un proyecto de resolución para que se convoque al ministro y brinde precisiones sobre las implicancias de la medida. Según explicaron a este diario los abogados de Multisectoriales en Red, el decreto es inconstitucional porque el Presidente, a través de este instrumento, delegó facultades que no tiene. “Sólo el Congreso podría disponer el cierre y desmontaje de ramales”, explicaron.
De acuerdo con la resolución, Transporte fue habilitado para “clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias”. No bien se conoció el decreto, los cuatro gremios del sector se declararon en “estado de alerta y sesión permanente”. Desde la cartera que conduce Dietrich buscaron quitarle dramatismo a la iniciativa, a la que calificaron de meramente administrativa. “No vamos a cerrar ningún ramal”, prometieron los voceros de esa dependencia, pero aclararon que se usaría “en casos muy puntuales como estaciones o vías en desuso”. La herramienta con la que cuenta Dietrich habilita a dar de baja ramales de manera definitiva, sin ningún criterio o análisis estratégico previo y con la sola firma del ministro. No se requiere de un decreto presidencial.
“El Presidente suscribió un decreto delegando la facultad, que él dice que tiene, de suspender o directamente cesar el servicio ferroviario en ramales que discrecionalmente elija e, incluso, desmontar instalaciones, levantar los ramales y vender el desguace. Esto podría ser la forma de lograr que nunca más se recuperen esos ramales”, alertaron los abogados de la Red Nacional. Sin embargo, sostienen, el decreto es inconstitucional. “El Presidente ha delegado facultades que no tiene”, señalaron desde el grupo de abogados, y justificaron esa afirmación en que “las vías férreas son bienes del dominio público del Estado”. “El Presidente no tiene entre sus facultades, detalladas en el artículo 99 de la Constitución Nacional, la desafectación de bienes del dominio público del Estado”, agregaron. “Esa facultad la tiene el Congreso Nacional, según la cláusula del Progreso, artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional”, detallaron.
“Es necesario que el ministro de Transporte se haga presente a este cuerpo para que dé sus motivos y deje en claro las decisiones tomadas a propósito de esta norma. El decreto se enmarca en una política de ajuste, achicamiento del Estado y desguace de sus bienes”, afirmó Sacnun en su pedido de citación sobre Dietrich. La medida es acompañada por las senadoras del FpV-PJ Maria Ester Labado, Anabel Fernández Sagasti, Hilda Aguirre de Soria, Ana Claudia Almirón y Marcelo Fuentes.
En la resolución, Sacnun insistió en que la Cámara de Senadores “tiene que saber las razones reales que el decreto 652/17 conlleva, más allá de las minimizaciones que se pudiesen hacer masivamente”. Los senadores consideraron que el argumento oficial de que el objetivo del decreto es aliviar el trámite burocrático no guarda una proporción adecuada a las facultades delegadas, “que va en sentido totalmente opuesto a una política que promueva una reactivación y desarrollo de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas”.
