![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2017-02/horacio-cecchi_0.png?itok=ipmjsbcZ)
La descripción del testigo, una persona que estuvo detenida en el penal 28 de Magdalena cuando murieron 33 internos durante un incendio, fue aterradora: “”Cuando los agarrábamos para sacarlos nos quedábamos con trozos de piel que se les salía como si fuera ropa”. Durante esta semana y la próxima, los jueces del Tribunal Oral 5 de La Plata, Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena, escucharán relatos semejantes. Lo que intenta demostrar la querella contra los 17 penitenciarios, incluido el ex director del penal, es que el sistema de prevención de incendios y el estado de hacinamiento desataron la masacre. El incendio se desató en el pabellón 16 la noche del 15 y madrugada del 16 de octubre de 2005. En la actualidad las condiciones empeoraron: en cárceles y comisarías había en junio, según el Cels, 39.807 presos dependientes del Servicio Penitenciaro Bonaerense, el nivel más alto (duplica el cupo edilicio) desde que la Corte Suprema dictó el fallo Verbitsky, que ordenaba cupos y límites a las detenciones, en 2005.
La de ayer fue la tercera audiencia. Hasta ayer declararon 12 internos: cinco, sobrevivientes del pabellón 16; seis del 15; y uno del pabellón 17. A la noche del 15 de octubre de 2005, se desató una pelea dentro del 16. Entró la guardia a los escopetazos y más de la mitad de los 58 alojados se refugió hacia atrás del pabellón, y prendieron fuego a algunos colchones para repeler a la guardia. Desatado el incendio, la guardia retrocedió llevando a unos 20 internos, y cerró la puerta con candado, dejando al resto morir como ratas.
El relato de los testigos –siguen presos– coincidió en la total ausencia de elementos de prevención de incendios (las bombas de agua no funcionaban y los extinguidores vacíos) y de algún intento de rescate de parte de los guardias. Uno de los internos del pabellón 15 describió que utilizaron un matafuego a modo de maza para abrir la puerta de auxilio del pabellón, y que practicaron un boquete en la pared que separa los patios del 15 y del 16.
“El humo y el fuego impedían ver bien el interior del pabellón, todo estaba negro, y teníamos que entrar y salir rápido porque nos asfixiábamos”, recordó uno de los testigos. Otro contó la impresión sufrida al ver a un preso del pabellón 16, ya muerto, atrapado en una ventana, con medio cuerpo afuera de la abertura. Y que al intentar sacarlos se les salía la piel como si fuera ropa.
En el juicio participan Mariano Lanziano y Agustina Lloret, por el Cels, en representación de Rufina Verón, madre de Cesar Javier Magallanes Verón. Margarita Jarque, por la Comisión Provincial de la Memoria, por los hermanos Marcos y Lucas Granados Baldovino. Sofía Caravelos y Analía Carrillo, del CIAJ, por las familias de Abel Pereyra y Juan Campos; y Adrián Albor, del Grupo Litigio Estratégico, patrocina a la madre de Agustín Avila Portillo.
Los 17 penitenciarios imputados incluyen al ex director del penal, Daniel Tejeda; y el ex jefe de seguridad exterior Cristian Alberto Núñez, ambos por “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”. Los 15 restantes, por “abandono de persona seguido de muerte”.
Durante el juicio se busca demostrar la ausencia total de medidas de prevención y de reacción para rescatar a los internos. Los testimonios de unos 40 testigos que aún permanecen a disposición del SPB son clave. Y su protección también. Hasta ahora, mantienen solidez porque existe una orden de protección del mismo tribunal, y las organizaciones de dd.hh. que participan realizan un celoso seguimiento de protección. La solidez permite que los testigos prácticamente vomiten ante los jueces las pesadillas que todavía sufren.
