Alejo Bonfiglio es comandante de la Gendarmería y acaba de publicar una tesis para la para la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral sobre el despliegue de fuerzas de seguridad federales en Rosario. Su investigación se complementa con una propuesta de política pública de seguridad bajo un comando unificado a nivel nacional y un consejo provincial, dividir a la ciudad en seis sectores, cada uno de los cuales será asignado a una fuerza de seguridad. El programa -dice el gendarme- contempla una duración de "76 meses" para reducir "al 50 por ciento" la tasa de homicidios, heridos y robos.
La Universidad Austral -ligada al Opus Dei- dio a conocer el informe del alumno Bonfiglio, quien es además técnico superior en seguridad pública, licenciado en relaciones internacionales y especialista en inteligencia estratégica. "Desde el 2014, los despliegues de las fuerzas de seguridad y policiales federales en la provincia de Santa Fe han sido la herramienta elegida por las distintas administraciones nacionales para enfrentar la inseguridad. Pero el envío de efectivos no ha dado los resultados esperados", señala el comunicado de prensa.
Para Bonfiglio, comandante de la Gendarmería, esta medida debería enmarcarse en un plan estratégico más amplio, “que involucre a todos los niveles de gobierno”. "Elaboramos un programa que incluye la transferencia de capacidades al Gobierno provincial y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana”, explica.
Bonfiglio cuestiona que "temas claves como la reforma policial, la ampliación de las capacidades de la Justicia y de los respectivos ministerios públicos fiscales, el aumento de las plazas carcelarias, el incremento presupuestario destinado a seguridad, la modificación al régimen penal juvenil e inclusive cómo el Estado, desde sus respectivos niveles de gobierno, planifica recobrar su lugar perdido y cooptado por organizaciones delictivas, no figuran en ninguno de los compromisos suscriptos entre el gobierno provincial y el nacional". "Tampoco hubo objetivos cuantificables y verificables para reducir los índices de victimización, ni metas respecto a la sensación de inseguridad", agrega.
En su tesis, Bonfiglio detalla un programa de despliegue de fuerzas de seguridad y policiales, impulsado en coordinación y complementación con la policía provincial y bajo un comando unificado. “Deberán crearse dos estructuras: un comité a nivel nacional y un consejo de complementación a nivel provincial”, detalla. Rosario deberá dividirse en seis sectores, cada uno de los cuales será asignado a una fuerza de seguridad.
El programa, que contempla una duración de 76 meses, incluye metodologías para asignar recursos. Bonfiglio propone como objetivo final la reducción del 50 por ciento de la tasa de homicidios, la tasa de personas heridas por armas de fuego, la tasa de abuso de armas y la tasa de robos. “Las metas tienen que poder ser monitoreadas de forma permanente, pero no solo desde los distintos niveles del Estado, sino también desde la propia ciudadanía mediante una participación activa”, propone. Para esto, resalta la necesidad de crear “centros de monitoreo urbano, con presupuesto y empleados municipales, y vinculados con la labor policial, para garantizar una respuesta más efectiva. Otro aspecto clave para complementar el despliegue de fuerzas de seguridad es incrementar las capacidades de la policía de la provincia, a través de una mayor inversión en seguridad".
En 2021, Bonfiglio señala que la provincia de Santa Fe destinó el 7,72 por ciento del presupuesto a seguridad, un porcentaje muy por debajo de lo que asignaron otras provincias como Salta o Córdoba, que tienen una tasa de homicidios más reducida. “El presupuesto impacta directamente en los recursos que son destinados al pago de haberes, inversión en tecnología, recursos logísticos, infraestructura, capacitación, entre otros. Considerar los daños que genera el delito como costos nos permite desarrollar la justificación de la inversión en seguridad, en virtud de que los beneficios son mayores”, resalta Bonfiglio. “Es mucho más costoso mantener todo un sistema que persiga a quienes cometen delitos, que el trabajo que se puede hacer para evitarlo”, concluye.
