Después de que la Cámara de Diputados de Salta aprobara el pasado el 25 de julio, el proyecto de ley que busca incorporar nuevos artículos en el Código de Contravenciones provincial, diferentes sectores de juristas, periodistas y comunicadores se manifestaron en contra de la inclusión del artículo 50, que establece sanciones a quienes difundan noticias falsas (fake news), especialmente cuando sean referidas a funcionarios públicos. En ese marco, se anunció que esta semana se presentará una nota dirigida al presidente de la Cámara de Senadores de Salta, Antonio Marocco, en la que se denuncia que la iniciativa es inconstitucional. 

El proyecto de ley fue elaborado por la presidenta del bloque Salta tiene Futuro, la oficialista María del Socorro Villamayor. El proyecto sostiene en su fundamentación que busca dar respuesta a "lagunas legales" que hay en el Código Penal Argentino cuando se hace referencia a los delitos vinculados a la violencia digital y las noticias falsas. Si bien hubo acuerdo en lo referido a la sanción del hostigamiento digital (a través de la incorporación de los artículos 46, 47, 48 y 49), no lo hubo en lo vinculado a la difusión de noticias falsas (artículo 50).

En el artículo en cuestión se enuncia que "será sancionado con arresto de hasta 25 días o multa de hasta 25 días el que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos". Además, señala que "las contravenciones previstas en este artículo son de instancia privada con excepción de los casos donde la víctima sea menor de 18 años de edad" y se aclara que "no configura contravención el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

La autora del proyecto dijo que "cuando se difunde una falsa noticia se puede provocar pánico social", o "puede llevar al suicidio, poner en peligro determinados sectores sociales”. 

En la Cámara Baja el proyecto fue aprobado casi por unanimidad, con la sola oposición de la diputada , que advirtió precisamente que podria lesionarse la libertad de expresión. Y tras difundirse su aprobación, la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) emitió un comunicado en el que denominó "Ley Bozal" a la iniciativa sobre las fake news y afirmó que su incorporación al Código Contravencional "sólo busca un mayor blindaje para los funcionarios y funcionarias que son pasibles de cuestionamientos como cualquier persona o aún más por su condición de administradores de la cosa pública". 

En ese sentido, la organización recordó que el artículo 14 de la Constitución Nacional expresa que todos los habitantes gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Además, insistió en que "no se puede legislar algo que ya está legislado en la Ley 26.551, del Código Penal, que determina que 'en ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público'”.

Asimismo, sostuvo que la Cámara de Diputados "otra vez" promueve "herramientas de persecución para la libre expresión de ciudadanos y ciudadanas y para los y las periodistas de la provincia, utilizando además como punta de lanza problemáticas condenables como el grooming". Por ello, instó al Senado a rechazar la iniciativa. 

Por otro lado, un grupo de juristas y comunicadores anunciaron que esta semana ingresarán una nota al Senado manifestando su preocupación sobre el proyecto por ser "absolutamente inconstitucional, inconvencional, inoportuno e ilegítimo", y además, "un torpe y manifiesto atropello a la libertad de expresión y de prensa". Sumaron  que las y los legisladores salteños avanzaron sobre facultades que únicamente le compete al Congreso de la Nación. 

En la nota, a la que tuvo acceso Salta/12, se dice que la propuesta de Villamayor va en la misma línea de la conocida coml “ley antipiquete”, que buscaba regular el derecho a la protesta y poner condiciones al trabajo periodístico, qie aprobada por la Legislatura salteña y vetada parcialmente por el gobierno. En ese sentido, la nota sostiene que "se pretende implantar a través de dispositivos legales, amarres o censuras a las libertades civiles y políticas, de una manera autoritaria y antidemocrática, desconociéndose al mismo tiempo el reconocimiento nacional e internacional de derechos humanos fundamentales". 

Asimismo, se insiste en que, de aprobarse en el Senado, sería "un error nefasto tanto en lo jurídico como en lo político", algo "sumamente peligroso para la democracia, para los principios republicanos de gobierno y sobre la integridad de las instituciones". Además, el grupo sugirió que la aprobación en la Cámara Baja de Salta deja en evidencia una "pobre idoneidad" de parte de legisladores y legisladoras locales, "ya sea por el atropello de sus iniciativas como por la ignorancia de los marcos legales obligatorios". 

Una de las firmantes es la comunicadora y vecina de la localidad de San Lorenzo Julieta Valencia, quien dijo a Salta/12 que el proyecto de Villamayor es inconstitucional y además disfraza el tratamiento del proyecto queriendo alegar que es para proteger a los ciudadanos. En ese sentido, denunció que desde el Ejecutivo provincial, acompañado por el Poder Judicial, se quiere infundir miedo en la sociedad. A modo de ejemplo se preguntó: "¿que periodista o persona va a subir algo en la redes si corre el riesgo de ser acusado de subir una notica falsa?". "Cualquier político que se sienta agredido por el sólo hecho de que alguien destape una olla de corrupción, va a negar la noticia y va a acusar al que haya subido la información", agregó. 

Ante ello, sostuvo que la ciudadanía tiene el derecho a saber quiénes son sus representantes y qué acciones realizan. "Aquí claramente van en contra de la democracia, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información", denunció. 

De aprobarse, se vetaría

Tras el rechazo que generó la iniciativa, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, comunicó que existía un desencanto desde el Ejecutivo provincial ante el proyecto, por lo que, de aprobarse en el Senado, el gobierno lo vetaría. 

Villada dijo en declaraciones públicas que el gobernador Gustavo Sáenz no estaba al tanto del tratamiento de la iniciativa, y afirmó que les "hubiera gustado que se dé un debate más amplio". "Falta la instancia del Senado, pero que la gente tenga la tranquilidad de que no vamos a limitar en absoluto la libertad de expresión", aseguró.

En ese sentido, el funcionario reafirmó que desde el gobierno local se garantiza la libertad de expresión y sostuvo que la cuestión de las noticias falsas es "un tema discutible", dado que la ciudadanía se puede ver agredida. "Tengan la claridad que si se llegara a aprobar, el gobernador va a vetar aquellos artículos que tengan que ver con este tema para los funcionarios. Los funcionarios tenemos que estar expuestos frente a la opinión de la gente, sea cual sea. Y ese es un absoluto compromiso de este gobierno", aseguró Villada.

Por ello, instó a que el Senado genere un "debate serio sobre el tema" dado que "los funcionarios sabemos que nos exponemos a eso y tenemos que dar testimonio con nuestras acciones, con nuestros logros". Adelantó que el Ejecutivo provincial plantearía un debate más amplio, "pero si se llegara a aprobar algo que tenga que ver con cierta protección para los funcionarios, tengan la plena seguridad que se va a vetar", ratificó.