Los vaivenes de la causa Vicentin y su concurso de acreedores agregaron ahora una novedad que acaso trastoque los planes del grupo agroexportador defaulteado. Es que la Justicia penal de Rosario le impuso al juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini que se retire del concurso de acreedores y se abstenga de seguir convalidando el cuestionado plan de pago urdido por los directores ejecutivos bajo proceso. De esta manera, el magistrado reconquistense, denunciado por acreedores de parcialidad en favor de Vicentin, no podrá en estas circunstancias aprobar y confirmar la propuesta del grupo Vicentin para salir del concurso.

En un oficio enviado ayer a todos los actores de la megacausa, desde la Corte Suprema de la Provincia para abajo, el juez penal Hernán Postma le notificó a su par civil a cargo del concurso de acreedores de Vicentin que la homologación de la propuesta de pago es simplemente la "violación de una orden judicial". Y por lo tanto, exigió que Lorenzini "se abstenga en forma urgente de su tratamiento, análisis y homologación".

Postma le envió directo este ultimátum al juzgado de Lorenzini en Reconquista, pero también cursó copias a la Corte Suprema de Santa Fe, a la presidenta de la Cámara en lo Civil y Comercial de Reconquista, María Eugenia Chapero; a la Sindicatura del concurso de acreedores; a las consultoras BA Financial Advisors y SMS Buenos Aires que asesoran la fiscalización del concurso; a los interventores actuales de Vicentin SAIC, Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg; y al propio directorio de Vicentin SAIC que hoy está en capilla y a la espera de juicio penal.

Postma entiende que Lorenzini ignoró la medida cautelar que Postma impuso en 2021 para congelar todos los activos del grupo Vicentin hasta que la causa penal por estafa concluya. Cabe recordar que en ese caso están bajo proceso 14 miembros del directorio, imputados por posible defraudación y estafa por el fiscal Miguel Moreno, a saber: Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar de Postma. Sin embargo, Vicentin armó su plan de pago o "propuesta de acuerdo preventivo" sobre la base de fondearse con la venta de algunas de sus empresas, plantas aceiteras y puertos, y su posición mayoritaria en la fábrica de biodiesel Renova, que transfirió a Viterra, Bunge y ACA. 

El juez Lorenzini permitió esos movimientos a pesar de la medida cautelar que ordenaba lo contrario.

La desobediencia del magistrado a la cautelar en firme hizo que en el Ministerio Público de la Acusación tomaran nota, a instancias de algunos acreedores que vienen denunciando el manejo del concurso. Trascendió que la fiscal general María Cecilia Vranicich está al tanto de una situación que podría desembocar en una acusación contra Lorenzini y su eventual jury.

Escribió Postma: "Atento que del contenido de la propuesta concursal de Vicentin se desprende la disposición de activos cautelados mediante orden judicial 11/12/2020, confirmada por la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Penal, hágase saber a todos los órganos y sujetos referidos que la medida se encuentra vigente en todos sus términos", les recordó el juez.

Ahora, observadores cercanos del caso deducen que este documento elevado a la Corte constituye "una bisagra en el concurso" y echará por tierra la estrategia de los ejecutivos del gigante que protagoniza el default más grande de la historia santafesina, por 1400 millones de dólares a fines de 2019. De acuerdo con esa hipótesis, a Lorenzini no le queda más que volver atrás y rechazar la propuesta empresaria, a pesar de que ya cuenta con el OK necesario de una porción mayoritaria de acreedores.

La escena siguiente a ese escenario sería el cram down, una herramienta jurídica que abre el juego para terceros que pueden presentar ofertas de pago, incluso de origen estatal.

Otra lectura supone que Lorenzini puede discutir el asunto en la Corte, como un conflicto de competencia, entre el fuero penal y el fuero civil, y reclame su soberanía sobre el concurso a su cargo.

Para Vicentin, significa en resumen haber perdido la escalera y, a falta de otra alternativa de pago y de algún inversor al rescate, se acerca peligrosamente a la quiebra.