Por tercera vez, los pueblos originarios del norte argentino llegan hasta las puertas del Gobierno nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a donde llevarán su reclamo: "Arriba los derechos, abajo la reforma". 

El Tercer Malón de la Paz desparramó sus voces en protesta. Lo hizo al recorrer las ciudades del norte y centro del país desde que partió el 25 de Julio, desde La Quiaca, a casi dos mil kilómetros de CABA. En el camino se unieron referentes de muchas otras comunidades, como las de Abra Pampa, los quechuas de Yavi y Rinconada, comuneras y comuneros del pueblo Atacama, referentes de las comunidades kollas desde Salinas Grandes en Jujuy hasta Río Blanco en Orán (Salta); también los omaguacas y los chichas de la Quebrada, y los ava guaraní de los valles templados de El Bananal.

Este lunes arribaron todos y todas a la capital nacional, después de marchar por San Salvador de Jujuy; Salta y Cafayate; Santa María, en Catamarca; Tafí del Valle y San Miguel, en Tucumán; Santiago del Estero; Córdoba, y Rosario. Hoy partirán caminando desde Plaza Miserere en el barrio de Once, y luego recorrerán de a pie las calles del microcentro en su paso por la Casa Rosada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Congreso Nacional, hasta finalizar en el Obelisco. En el sitio que los encuentre el mediodía, realizarán la tradicional ceremonia y ofrenda a la Pachamama del primer día de agosto.

"Este Malón de la Paz partió desde Abra Pampa el 14 de junio, como ocurrió en 1946", recordó el referente originario Robin Suárez en diálogo con este diario. El comunero, oriundo de esa localidad jujeña, se refería a la decisión tomada en asamblea en el corte en Abra Pampa. Fue una reunión previa a la sanción de la nueva Carta Magna jujeña, que ocurrió el 20 de junio en San Salvador de Jujuy, y también días antes de la fuerte represión de las fuerzas de seguridad del gobierno de Gerardo Morales en el corte de Purmamarca. 

"Los hermanos no están dispuestos a regresar sin nada", adelantó Suárez sobre el espíritu de quienes viajan desde hace una semana, en el mismo sentido, recordó que los cortes en Jujuy se mantienen. "Esperamos poder protestar sin tener problemas con la policía", se previno sobre las fuerzas de seguridad porteñas, todavía al mando del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, compañero de fórmula del gobernador jujeño. "Nosotros viajamos en paz", insistió mientras se trasladaba ayer en vehículo hasta las afueras de la Ciudad Autónoma.

A los casi 200 comuneros y comuneras que partieron el 25 de Julio desde el corte en Purmamarca, se sumarán muchos más que viajaron sin escalas desde sus parajes hasta CABA. Se transportan en colectivos de línea o en vehículos particulares. "Estimamos que seremos alrededor de 450 hermanos y hermanas caminando (hoy) desde Plaza Miserere", aseguró Suárez. 

Los pueblos originarios jujeños reclaman a las y los legisladores nacionales el tratamiento de la ley de propiedad comunitaria de la tierra. Todos los proyectos presentados desde la sanción de la ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, no alcanzaron estado parlamentario, y los últimos en carrera tampoco traspasaron el debate en comisiones. De todas las iniciativas, la que mayor consenso tiene es la redactada hace algunos años por Magdalena Odarda -ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- cuando fue senadora nacional por la provincia de Río Negro. El Tercer Malón también reclama la intervención de Jujuy.

Al tribunal supremo de la Nación le reclaman el tratamiento de las solicitudes ya enviadas por las comunidades originarias jujeñas planteando la insconstitucional de la reciente reforma de la Constitución sancionada el 20 de junio. "Sabemos que si la respuesta es no, quedan los tribunales internacionales", adelantó en su paso por Salta Armando Quispe, referente de la comunidad jujeña de Queta. "Nosotros no nos vamos a ir hasta lograr que baje la reforma", recordaba ayer una comunera de Pozo Colorado, en Salinas Grandes mientras marchaba por una colectora de la ruta nacional 9 en las afueras de Rosario. "Morales quiere enriquecerse", insistió, en alusión a la entrega de todo el territorio de la provincia a las multinacionales mineras. "Con el litio", agregó la comunera en su diálogo con la prensa originaria que cubrió cada día de protesta, "sabemos que la guerra va a ser por el agua. Por eso también marchamos".

Ayer, integrantes de comunidades jujeñas y miembros del equipo pastoral aborigen con presencia en esa provincia se reunieron con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el obispo Oscar Ojea. Mediante un comunicado oficial, el Episcopado solicitó al gobierno jujeño que la consulta libre, previa e informada se realice a todas las comunidades jujeñas, según indica la Convención 169 de la OIT ratificada por Argentina en abril de 1992, vigente desde julio de 2001. "Las comunidades indígenas deben ser formalmente consultadas acerca de asuntos y proyectos que afecten sus territorios y sus vidas", insistió el Episcopado en un comunicado de prensa sobre el encuentro. De la reunión participaron ocho referentes originarios y originarias, entre ellos, la presidenta de las comunidades kollas de Salinas Grandes, Verónica Chávez.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó en redes sociales las razones de los pueblos originarios de Jujuy para reclamar en las rutas su derecho al territorio. "A pesar que el Estado demarcó la superficie donde vive la mayoría de las comunidades de Jujuy, no les otorgó el título de propiedad comunitaria que la Constitución Nacional les reconoce", sostuvo en alusión a la gestión de Gerardo Morales en el gobierno de esa provincia. "La nueva Constitución jujeña materializa la exclusión: desconoce los derechos de las comunidades, impone solo una versión productivista, y restrigne el derecho a la protesta", concluyó el CELS.