"La causa tendría decenas de imputados, hay muchas pruebas, pero ningún juez que se haga cargo", dice a Página/12 Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado, a seis años de la desaparición seguida de muerte del tatuador anarquista en medio de la represión de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Esto es así porque el fiscal Federico Baquioni pidió la imputación del gendarme Emmanuel Echazú, de su jefe, el comandante Pablo Escola, del ex jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad Pablo Noceti, y de otros ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. También había solicitado que la causa contra Noceti por los presuntos delitos cometidos durante el intento de desalojo de la comunidad mapuche de Cushamen sea anexada al expediente principal, pero al igual que todas las nuevas pruebas -como el testimonio de la médica civil que trabajaba en el escuadrón 36 de Gendarmería- caen en saco roto porque el juez Gustavo Lleral ya se declaró incompetente y no hará nada.
Luego de haberse excusado él mismo por parcialidad las instancias superiores lo ratificaron, lo cual coloca a la querella de los Maldonado en la situación de no tener quién resuelva, un loop infinito de impunidad. Pero por las dudas, los ex funcionarios confiaron su defensa al abogado Manuel Barros, el mismo abogado que asiste Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio, en la causa por el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante el juzgado de Lleral, Barros planteó, junto a su colega Lionel Castro, que serán los defensores de Escola, y de los gendarmes Marcelo Ferreyra y Víctor Vaquilla Ocampo.
La Cámara de Casación había ordenado un peritaje tecnológico sobre los videos del expediente para identificar las expresiones verbales, la cantidad de disparos efectuados, los momentos en que gendarmes se encuentran munidos de armas u otros elementos (hacha, piedras, palos, chapones), en que arrojan piedras y efectúan detonaciones. También estaba pendiente la realización de la reconstrucción virtual del escenario de los hechos en tres dimensiones, con realidad aumentada. "No hicieron nada", dice Heredia.
Siete imputados
"La causa no va a avanzar nunca porque quien tiene que decidir es Lleral, el fiscal solicitó que se acumulara el expediente donde está imputado Noceti y este juez no decide, si tuviéramos juez hoy la causa tendría de mínima siete imputados: Echazu, Escola, Vaquila Ocampo, Ferreyra, Noceti y los directivos de la Gendarmería Gerardo Otero y Ernesto Robino", afirmó la abogada.
En el marco de la causa principal 8232/2017, caratulada “Echazú Emmanuel s/Desaparición forzada de persona”, el fiscal Baquioni había pedido la indagatoria de Escola por el delito de daños y abuso de autoridad, y a Vaquilla Ocampo y Ferreyra por daño y omisión de los deberes de funcionario. En esa oportunidad había adherido al pedido de la querella de la familia Maldonado de "reapertura de la investigación respecto a posibles irregularidades de los agentes de Gendarmería". El fiscal recordó que tanto la Cámara de Comodoro Rivadavia como la de Casación se habían pronunciado por la reapertura del caso, archivado por el juez Lleral.
En efecto, el 5 de septiembre de 2019, el Tribunal de Alzada revocó el sobreseimiento de Echazú y dispuso medidas al afirmar que el cierre de la investigación aparecía "prematuro ante la existencia de diligencias que posibilitarían establecer de manera más precisa la real ocurrencia de los hechos", que la investigación no se encontraba "agotada", y que correspondía "profundizarla para reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso". Para el Tribunal se trató de "una muerte traumática dudosa acontecida en un contexto de intervención estatal”.
Para el fiscal Baquioni, se trata de "un suceso que conmovió a la sociedad argentina, el hallazgo sin vida de Santiago Maldonado el 17 de octubre de 2017". Y la conducta que se atribuye a Escola, como jefe del operativo, es no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar la destrucción de elementos incautados a integrantes de la comunidad de acuerdo a los estándares de protección previstos en la Constitución Nacional, las leyes y protocolos de su competencia funcional", dijo.
La fiscalía valora como prueba la palabra de los y las mapuche, por ejemplo el testimonio de Claudina Pilquiman: "Estaba con mi nietito y mi nene, y en una me dice mi nietito ‘esos están quemando mi acolchado, ese es mi acolchado’ y yo le digo ‘no no, se parece’, ‘no si es mío’, y de repente mira así y veía como le tiraban sus juguetes, les tiraban sus peluches, una ranita que el siempre dormía con esa, y sus cosas, y después trajeron otra carpa de un lamien (hermano) y la subieron a una camioneta, la sacaron, y al rato volvieron a ingresar, y la prendieron fuego de vuelta". De la causa surge que los elementos secuestrados que no fueron incinerados jamás fueron devueltos. Además, Sergio Maldonado dijo en reiteradas oportunidades que sospecha que en esas fogatas pudo haber sido destruida la mochila de Santiago.
Otro testimonio que avala las sospechas del fiscal es el del cabo primero Andrés Ahumada, que oficiaba de chofer de Escola, y a quien otros testigos clave señalan como uno de los responsables de la muerte de Maldonado. Según el gendarme, Escola ordenó desmantelar las carpas y casillas de los mapuche, y cargar todo en una camioneta, sin que esa decisión tuviera que ver con la presunción de delito alguno. Las personas que Gendarmería pretendía detener se habían dado a la fuga, de modo que romper y quemar las casillas y pertenencias sólo fue producto de la saña.
Para responder eventualmente a estas acusaciones, Escola, Vaquilla Ocampo y Ferreyra gozan de la asistencia legal del mismo letrado que Milman -sería pertinente saber si el Estado abona tales honorarios-, aunque por el momento disfrutan de los beneficios de que la causa siga en manos del juez que firma los escritos con un eterno "téngase presente". La misma inercia alcanza a la declaración testimonial de la profesional civil, que declaró con su nombre y apellido pero que tras haber conversado con Página/12 pidió reserva de identidad, la testigo D. Los días posteriores al operativo en Cushamen ella afirma haber escuchado a los gendarmes decir: "Detuvimos a un hippie, lo llevamos al puesto de Benetton para sacarle información".
Torta galesa
"Santiago, hoy cumplirías 34 años ya un hombre, para mí un niño. Recuerdo tu último cumpleaños, el número 28. Estuve esperando que vinieras ese 4 de agosto como habíamos quedado pero nunca llegaste. Nunca voy a olvidar lo que sentí ese día. Hoy voy a llevarte un ramo de flores de regalo pensando que te gustaría una torta galesa. Te mando un beso grande al cielo". La semana pasada, con estas palabras Stella Pelosso saludó a su hijo, cuyos restos están en el cementerio de 25 de Mayo.
No descansan
"¿Quiénes no aguantan la mirada de Santiago Maldonado?", se preguntaron los artistas que hicieron el cartel mural gigante con la cara del nómade artista, ubicado en la Lof, al borde de la ruta 40. Cada tanto, vuelven a restaurarlo ante sucesivas vandalizaciones. "El odio los sigue impulsando, sino no existirían", dijeron en las redes sociales. Por la altura que tiene el mural, debieron organizarse y tomarse un buen tiempo para alcanzar la imagen del rostro de Santiago y taparlo con pintura, así también el escrito que acompaña la imagen. No conformes, le dispararon varias veces, los impactos de los disparos agujerearon la chapa del mural.
"Esta vil acción solo la pueden llevar adelante quienes portan armas de considerable calibre, que responden y son parte del poder que se impone y usurpa el territorio Mapuche Tehuelche. Recordemos que Santiago reclamaba por la libertad y la no extradición a Chile del Lonko Facundo Jones Huala, en un corte de ruta a la altura de la Lof en Resistencia Cushamen junto a pu lamngien, la Gendarmería el 1 de agosto de 2017 avanzó a los disparos desde la ruta y entró a la comunidad al grito de 'fuego, escopeta, tirale al negro'; ese día a Santiago lo desaparecieron y lo mataron", agregaron.