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El pasado 25 de julio, en el Día de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Mujeres Afrodescendientes en Colombia. La reunión contó con la presencia de destacadas funcionarias políticas nacionales e internacionales, entre ellas, Epsy Campbell, ex vicepresidenta de Costa Rica y miembro actual del Foro Permanente sobre Afrodescendientes de la ONU. Tras el evento, que no pasó desapercibido en la región por su relevancia política, la ex funcionaria de Costa Rica viajó a Brasil. Allí, probablemente, Campbell busque estrechar lazos con la nueva administración nacional a cargo del Partido de los Trabajadores. Esto ha generado preocupación en el movimiento negro de Brasil, así como en sectores del activismo negro de toda América Latina. El perfil ideológico y las acciones de Epsy Campbell en estos años han suscitado interrogantes sobre la profundidad de su compromiso con la lucha por los derechos de la comunidad afrodescendiente.
Las dudas sobre el sinuoso camino de Campbell están fundadas en su pasado reciente. Durante su mandato como vicepresidenta de Costa Rica desde mayo de 2018 hasta mayo de 2022, Campbell representó al oficialista Partido de Acción Ciudadana (PAC). En el contexto político costarricense, donde la mayoría de los partidos son de derecha y proponen el desmantelamiento del Estado, el PAC se autoproclama como socialdemócrata al sumar matices ambientalistas y de eficiencia del Estado a su discurso (forma parte de la Alianza Progresista -la representante argentina de mayor renombre en esa red es Margarita Stolbizer-). Prometiendo, entre otras cosas, la defensa de los derechos humanos, su gobierno llevó a cabo recortes de inversión pública que afectaron a la clase trabajadora. A pesar de algunos avances normativos en derechos sociales, promulgó una Ley Anti Huelgas en respuesta a las masivas protestas en 2019. La realidad del país, con niveles récord de desempleo y violencia, impactó negativamente en las clases populares en general y provocó una situación de crisis aguda entre los afrocostarricenses en particular.
Las alianzas internacionales de su gobierno fueron con la derecha regional. Con Epsy Campbell como vicepresidenta y canciller, el gobierno de Costa Rica formó parte del Grupo de Lima, compartiendo espacio e ideas con, por ejemplo, Jorge Faurie, canciller de Mauricio Macri. Como parte del Grupo de Lima y adherente a todas sus declaraciones hasta el fin de su mandato de gobierno, Campbell desconoció el proceso electoral venezolano, llamó ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro, designó sin autoridad ni legitimidad alguna a un “presidente encargado” (Juan Guaidó) sin participación alguna del pueblo venezolano y votó a favor de la intervención de la OEA en Venezuela.
Además, la gestión de Campbell no estuvo exenta de sombras personales. Si bien asumió la vicepresidencia al mismo tiempo que la cancillería, tuvo que renunciar a este último cargo tras solo 7 meses, debido a escándalos de falta de transparencia y tráfico de influencias. Sus opositores le reclamaban “coherencia”. Si durante sus años de diputada y política opositora exigió moral, ética y transparencia, una vez en el ejercicio del poder debía ser la encarnación misma de esos valores. Vale preguntarse si guarda coherencia autodefinirse "activista antirracista y feminista negra" y, al mismo tiempo, participar en políticas que oprimen a la propia comunidad afrodescendiente. “El feminismo será antirracista o no será” señaló Angela Davis. Sin embargo, ni ser mujer es garantía de feminismo ni ser afrodescendiente garantiza un compromiso genuino en la lucha contra el racismo. La realidad es más compleja que eso. Así como las herramientas y dispositivos del sistema de derechos humanos pueden ser utilizados para proteger derechos o como injerencismo, dependiendo de los intereses que verdaderamente se persigan, las políticas de visibilidad son funcionales al statu quo. Romper con la invisibilización de la población afrodescendiente es necesario, pero no suficiente para asegurar políticas de reparaciones, que apunten a desmantelar el racismo.
El caso de Campbell se enmarca en un fenómeno regional: como estrategia preventiva frente a una nueva restauración conservadora (Macri, Bolsonaro, Lacalle Pou, Piñera, Trump) varios procesos políticos latinoamericanos en los últimos años parecieran estar virando de dirección ideológica. El gobierno del Pacto Histórico de Colombia, cerca de celebrar su primer año de gestión, despertó expectativas por ser el primero de izquierda con apoyo electoral de los sectores históricamente postergados de la sociedad colombiana. Sin embargo, enfrenta desafíos y críticas por la falta de celeridad en la implementación de sus promesas de campaña y por la falta de firmeza en ciertas decisiones. En este contexto, el acercamiento de Epsy Campbell, ex representante del Grupo de Lima, a Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, y a Anielle Franco, funcionaria de Lula Da Silva para la agenda afrobrasilera, ha agitado los fantasmas de la cooptación y de la visibilidad sin transformación, generando inquietud en el movimiento negro latinoamericano.
Después de todo, las lógicas electorales, los apremios de la política partidaria y las urgencias de la gestión son caldo de cultivo para los golpes de efecto fáciles y superficiales. Las expectativas son altas, y es necesario analizar cuidadosamente el accionar y las alianzas de los líderes políticos para asegurar una representación real y comprometida con la causa de la igualdad y la justicia para todos y todas.
