Tras expresiones mediáticas realizadas por el abogado Rambert Ríos, querellante en la causa que investiga el robo de una beba en el Hospital de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta, radicó una denuncia en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.

Así lo confirmaron autoridades de la entidad al mostrar un video en el cual Ríos dice, entre otras cosas: “¿saben qué tendría que hacer Tartagal? Tendría que venir a sacarlo a patadas a estos delincuentes”, en relación a magistrados y funcionarios.

Ríos volcó estas expresiones luego de algunos incidentes que, según afirmó, tuvo con el fiscal penal Pablo Cabot, que junto con sus colegas Lorena Martínez y Rafael Medina, integra la Unidad Fiscal (UF) conformada para investigar este caso. Según declaró el abogado, Cabot le gritó y no lo dejó ingresar a una audiencia para informarle del caso al aducir que él había sido apartado de la causa.

Desde ese momento Ríos comenzó a hacer declaraciones fuertes poniendo en duda la actuación de la UF, lo que derivó en que el Ministerio Público Fiscal difundiera un comunicado en apoyo a los investigadores de la sustracción de la niña, que fue encontrada y devuelta a su familia y por cuyo hecho hay una mujer detenida. 

La semana pasada a través de un comunicado el Colegio de Magistrados rechazó las declaraciones del querellante contra los funcionarios judiciales y recordó que “es deber de todo letrado comportarse con seriedad; ser moderado en sus expresiones, y abstenerse de toda manifestación violenta y agraviante en la crítica de la actuación judicial”, según la normativa que los rige. “Al denostar ofensivamente, en una entrevista televisiva, la actividad de los fiscales (...) el abogado incumple una vez más sus deberes éticos y legales. Además, incurre en un delito cuando públicamente invita a realizar actos de violencia dentro de las dependencias judiciales de esa ciudad”, advirtió.

Rambert Ríos convocó este lunes a una conferencia de prensa en la que volvió a reprochar la conducta de quienes investigan en la causa al conjeturar que hay “corrupción” en la administración de Justicia. Adujo que la denuncia que se le hace persigue el objetivo de sacarle “la matrícula prohibiéndome la libertad de expresión”.

En esa misma línea sostuvo que la investigación es un fracaso e invitó a la y los integrantes de la UF a renunciar, “Detrás de ustedes entonces me voy yo”, afirmó.

Siembra de dudas

En la conferencia realizada en el salón de un hotel tartagalense, Ríos mostró un video que habría conseguido por fuera de la causa y que según afirma es del mismo momento que se ve a una persona con la beba en brazos una vez sustraída del Hospital. El abogado hizo una comparación entre la mujer que la UF acusa de ser la responsable de la sustracción de la nena, que también fue filmada,  y la que se ve en este otro video. Ambas llevan distinta vestimenta. Ríos denunció que el vecino que acercó el video fue amedrentado. 

Y nuevamente destacó la ausencia de una intérprete wichí al momento de la detención y acusación de la única acusada en la causa, que es una mujer que forma parte de ese pueblo originario.

Cuestionó también el accionar de la defensora oficial, Lorena Babicz, al sostener que pese a que la detenida es madre de otras tres criaturas, nunca se solicitó la prisión domiciliaria.

“Hoy solicité a la unidad fiscal que haya intérprete wichí designada por la Corte (de Justicia)”, indicó al hacer referencia a las actuaciones presentadas en la causa. También el Comité Provincial contra la Tortura recomendó que la joven acusada cuente con un intérprete del idioma wichí.