Elizabeth Gómez Alcorta dejó para el final algo que le dijo Milagro Sala. El miércoles la llamó al teléfono del Penal del Alto Comedero. Milagro había recibido la noticia de su domiciliaria a través de un secretario del juzgado. Ambas sabían que el inmueble del Dique de la Ciénaga donde decidieron mandarla está completamente saqueado. Milagro respondió: “Yo no necesito ni un colchón ni una cama: puedo quedarme e incluso dormir parada”. Ese es el corazón de la única prioridad que sostiene la responsable de la Tupac Amaru y los colectivos que acompañan su pelea: que salga inmediatamente del Penal de Mujeres del Alto Comedero aunque sea hacia una propiedad donde robaron hasta las cañerías de agua. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el beneficio entendiendo que corre riesgo su vida y su integridad física porque el peligro es el hostigamiento del Servicio Penitenciario, de los funcionarios judiciales y del poder político que corre por parte de los funcionarios de Gerardo Morales”, resumió la defensora durante una conferencia de prensa en ATE Capital. Las imágenes de ese hostigamiento que continúa con la decisión de mandarla a la casa destruida estaban frente a la mesa. Y dijo: “Nuestra prioridad en este momento es que ella deje de estar presa”.

La conferencia de prensa reunió a integrantes del Comité por la Libertad de Milagro, organismos de derechos humanos y el Frente por la Dignidad y el Trabajo Milagro Sala. Mientras tanto, iban llegando las últimas noticias de Jujuy, donde los y las defensores corrían del juzgado a la casa de La Ciénaga, metáfora perfecta de los hilos que cose y descose Gerardo Morales. “Una actitud que demuestra una vez más la verdad de lo que nosotros denunciamos –dijo Horacio Verbitsky, presidente del Cels, en esa conferencia de prensa–: hay un ensañamiento, hay un hostigamiento, hay una voluntad de des-truc-ción moral y física de la prisionera política Milagro Sala, cuya libertad volvemos a exigir.”

A esa hora, uno de los dos jueces de los que depende el resorte final de la domiciliaria concluía la inspección a La Ciénaga, con un procedimiento que no olvidó ninguna de las puestas escénicas de Jujuy. Pablo Pullen Llermanos acudió en compañía de agentes de Gendarmería Nacional, funcionarios del Patronato de Liberados, hombres del poder Judicial y trabajadores del aparato mediático local, ante los cuales sacó pecho para decir que iba a tomarse todo el tiempo necesario para tomar una decisión; que la cautelar no era de cumplimiento obligatorio y que si en todo caso optaba por la domiciliaria iba a evaluar otorgarla en el inmueble de La Ciénaga para no entrar en contradicciones con la decisión que había tomado un día antes su colega Gastón Mercau. Así las cosas, comenzaba una nueva conferencia de prensa por la pelea de Milagro. El presidente del CELS denunció la manipulación de la foto publicada por Morales un día antes. Una casa con una pileta que corresponde al antiguo estado de esa propiedad que está a nombre de Milagro pero estaba destinado a ser un centro de rehabilitación para adictos, tal como lo demuestra un convenio entre la Tupac y la dirección del Sedronar que caducó en diciembre de 2015. Volvió a recordar linajes de parentescos políticos y de sangre entre jueces, supremos y la figura de Gerardo Morales. Y a mostrar una nueva pugna entre dos jueces que dicen cosas distintas sobre el carácter obligatorio de la cautelar para ver quién patea más tiempo con el trámite. Un miércoles de furia para Gerardo Morales que tuiteó la imagen de casa y piscina atravesado por los resultados de las PASO: 11 puntos menos que en la elección anterior a pesar del manejo discrecional y de la mayor partida de presupuesto del gobierno nacional, lo cual discute su afirmación sobre la popularidad de las medidas represivas sobre Milagro Sala. “A pesar de que no les guste a los jueces, la cautelar es obligatoria –dijo el presidente del CELS–. Todos ellos son ceros a la izquierda en esta historia, la responsabilidad es del Poder Ejecutivo Nacional, del presidente Mauricio Macri.”

En la mesa estuvieron también Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac, Lita Boitano, Taty Almeida y el Padre Francisco “Paco” Oliveira del grupo de Curas de Opción por los Pobres, todos parte del Comité por la Libertad. 

“Me duele que no le permitan ir a su domicilio: su casa, su cama, su cocina, es ella.”, dijo Boitano. La conferencia que no sólo fue escenario para un reclamo político urgente como sucede cada vez que el espacio convoca a la prensa, sino un espacio que buscó explicar lo que nadie podía terminar de creer. “Estamos acá porque queremos desasnarnos sobre lo que sucede en Jujuy: la prisión domicilia de Milagro, si es que la hay”, dijo Coco Garfagnini. “No sabemos qué objetivos persiguen: por qué tanto odio, por qué tanta persecución, por qué la mandan a una casa totalmente destruida. ¿Y por qué sigue detenida en la cárcel?”

Elizabeth Gómez Alcorta intentó entonces explicar lo inexplicable. Datos que se fueron conociendo de modo fragmentado desde el miércoles a las 8.55 cuando la defensa supo la decisión del juez Gastón Mercau. “Nos mandó preguntar por domicilios posibles. Nosotros respondimos que ella tiene un sólo domicilio: el de la calle Cuyaya. Le dijimos que el Dique estaba saqueado: no tenía canillas, no queda un cable, no tiene sanitarios. Le entregamos 16 fotos al juez Mercau para que tome conocimiento. Y dijimos que el único lugar posible era su casa”. 

Mercau inspeccionó Cuyaya. Pidió una inspección de las fuerzas federales al ministro de seguridad Ekel Meyer. Gendarmería entregó un informe no favorable que los abogados no recibieron. Nunca inspeccionó el Dique. De todas maneras, resolvió enviarla a ese lugar y envió una consulta a los abogados que estupefactos leyeron la pregunta acerca de si ese lugar, sobre el que le habían mandado las imágenes, estaba en condiciones para recibirla. Allí fue cuando el equipo redobló la apuesta. En lugar de decir que no, dijo que sí: sacar a Milagro de la cárcel es lo único que importa en este momento.