En una maniobra calculada y con la colaboración del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el macrismo del Consejo de la Magistratura suspendió e inició juicio político al camarista federal Eduardo Freiler. El oficialismo aprovechó una mayoría circunstancial que se generó por la expulsión del senador del Frente para la Victoria Ruperto Godoy determinada por una sentencia judicial y por la decisión de Lorenzetti de postergar sorpresivamente por unas horas la jura de su suplente, el senador Mario Pais. Para iniciar un jury se necesitan dos tercios de los votos. Con la composición habitual de trece miembros del organismo, hacen falta nueve. Como a Godoy le impidieron votar por considerarlo fuera del cuerpo, dieron por buenos los ocho votos. El desenlace no es un hecho aislado sino parte de un proceso de colonización del Poder Judicial que inició Mauricio Macri con el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema apenas asumió la presidencia. Freiler integra una suerte de lista negra de los jueces que el Gobierno quiere echar porque no le agradan sus decisiones: en su caso, por ejemplo, haber insistido en la indagatoria de los CEOs de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa, apartar a Claudio Bonadio del caso Hotesur y avalar el archivo de la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento. Con su salida, además, Cambiemos aspira a controlar la Cámara Federal porteña, que manda en Comodoro Py.

El presidente Mauricio Macri festejó los increíbles hechos como una victoria propia: “Es un paso adelante enorme hacia la Argentina de la seriedad, hacia el fin de la impunidad”. Felicitó a los consejeros y dijo que “por este camino vamos a lograr cada vez un país más confiable”. La frase tenía un alto contraste con las escenas dantescas que sacudieron al Consejo, donde los consejeros polemizaron a los gritos. El propio Godoy exclamaba: “¡Están votando sin la representación completa del Senado!” Pero desde la vereda opuesta lo miraban con aires de superación. Entrado el mediodía, ya después de que la sesión derivara en forma abrupta en un cuarto intermedio que nunca se cerró, Lorenzetti le tomaba juramento a Pais, en presencia de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El Centro de Información Judicial publicó la foto y la aclaración de que esa jura era independiente de lo que el tribunal vaya a resolver en un futuro sobre la posible permanencia de Godoy en el Consejo.

Freiler presentará un amparo en el fuero contencioso administrativo para pedir la nulidad de la sesión, ante la evidencia de que el cuerpo estaba incompleto. También ampliará la denuncia penal que ya había presentado contra un grupo de consejeros encabezados por el diputado macrista Pablo Tonelli que investigaban su patrimonio y lo acusaron de enriquecerse y evadir impuestos. Los acusó de abuso de autoridad y violación de secretos, junto con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. A esa causa, que está delegada en el fiscal Franco Picardi, sumará los hechos de ayer y agregará el nombre de Lorenzetti. Por su lado, los diputados y senadores kirchneristas evalúan la posibilidad de sumar una denuncia propia. Pero lo que es seguro es que en el próximo plenario impugnarán el acta de la reunión de ayer.

El oficialismo ya había intentado votar el juicio político contra Freiler por supuesto enriquecimiento ilícito en tres ocasiones pero no conseguía los votos, porque contra lo que esperaban el académico Jorge Candis no estaba de acuerdo. La dificultad en varios casos para alcanzar la mayoría, dado que el cuerpo está dividido y hay uno o dos consejeros que no votan siempre igual, derivó en iniciativas para intentar incidir en la conformación del organismo. La denuncia de un ex consejero macrista, Alejandro Fargosi, fue la que marcó la suerte de Godoy. El juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico le dio la razón al decir que el senador no podía ser consejero por no tener título de abogado. Declaró directamente la inconstitucionalidad de la ley que permite integrar el cuerpo sin ser graduado en Derecho. Lavié Pico es el mismo juez que tiene una denuncia contra el diputado macrista Pablo Tonelli por quedarse con una banca del Consejo que corresponde al FpV, pero nunca mostró el mismo apuro por esa causa que sigue sin ser resuelta. La Cámara del fuero avaló la exclusión de Godoy y la semana pasada ordenó ejecutar la sentencia. La orden final la dio esta semana, otra vez, Lavié Pico. El kirchnerismo designó un nuevo suplente del senador ante la posibilidad de que no pudiera asumir. El anterior, Rodolfo Urtubey, ya no les inspiraba confianza desde que se acercó al oficialismo. Esta semana eligieron a Pais. Lo que vino después fue una secuencia asombrosa.

Lorenzetti había convocado a Pais para tomarle juramento a las 9 de la mañana. El senador llegó junto con Godoy y con su par Virginia García. El plenario del Consejo estaba para convocado para las 10, con el dictamen contra “Freiler” en el temario. El presidente supremo de pronto les dijo a los senadores que debía postergar la jura porque hacía falta que todos los jueces de la Corte firmaran una acordada que lo habilitara. Los senadores quedaron perplejos. Porque Lorenzetti no les dijo ´en diez minutos firmamos y resolvemos esto’. Lo postergó para el mediodía como si fuera algo sumamente engorroso.

Cuando desembarcaron en el recinto, tanto Godoy como García expusieron que en ese pequeño encuentro en la Corte, donde también estaba Highton Nolasco, Lorenzetti y la jueza les dijeron que se quedaran tranquilos, que Godoy seguía siendo consejero hasta que la Corte se pronunciara sobre su situación y que podía ir a votar. “Usted puede ir y sentarse”, relató Godoy que dijo el supremo. Pero mientras Lorenzetti les decía eso desde el Consejo les avisaban que el plenario estaba por comenzar, y que podía pasar cualquier cosa. Habían suspendido las reuniones de comisión previstas como para acelerar todo. Por eso Godoy y García cruzaron corriendo la plaza Lavalle, en diagonal hacia el Consejo, que está sobre la calle Libertad. Ambos se sentaron en la mesa oval del organismo que elige y sanciona jueces.

La presidenta del Consejo, la abogada macrista Adriana Donato, dijo que iban a cambiar el orden del día y que primero que nada tratarían el pedido de suspensión de Freiler impulsado en un dictamen de Tonelli, que en un comienzo estaba en el punto número 10. El representante del Gobierno, Juan Mahiques, pidió que se votara sin discusión. La oposición comenzó a protestar y pidió la palabra. Cuando Godoy quiso hablar, Donato le dijo que no estaba habilitado, que la justicia lo había desplazado. García advirtió que la jura de Pais sería al mediodía. Pero a la mayoría no le importó nada. El diputado Rodolfo Tailhade (FpV) levantó temperatura y advirtió que se estaba aprovechando la coyuntura para echar a un juez. Justo detrás suyo estaba, entre el público, un personaje al que todos conocen en el Consejo aunque no sería funcionario: se llama Pablo Garcilazo, quien suele tener ascendencia sobre Donato y es conocido como “operador” de Daniel Angelici, que además de presidente de Boca es un habilidoso titiritero judicial. La camarista Gabriela Vázquez también se quejó de que el Consejo no estaba “legalmente constituido” y que todo el mundo sabía que Pais iba a jurar porque había llegado una notificación del Senado. “Permítame aunque sea despedirme”, le dijo Godoy con ironía a la presidenta del Consejo.

Ni siquiera llegaron a levantar la mano los ocho oficialistas (entre legisladores, abogados y jueces) sino cinco, que ya dieron por aprobada la suspensión y apertura del jury. La oposición les dijo que era una votación trucha y Donato llamó a votar por segunda vez. Al final apoyaron la apertura de juicio político Donato, el abogado Miguel Piedecasas, los jueces Leónidas Moldes y Luis Cabral, y los legisladores Angel Rozas, Tonelli y Gustavo Valdés. En contra: Vázquez, Tailadhe, García y Candis.  La sesión quedó en un cuarto intermedio. En el hall quedaron esperando sin suerte para su audiencia pública 35 aspirantes a jueces que están en pleno concurso.  

Entre las varias estrategias que viene desplegando para penetrar y disciplinar al Poder Judicial, el oficialismo del Consejo hizo entrar por la ventana a Carlos Mahiques, el padre del consejero, a la Cámara de Casación Penal con un traslado definitivo pese a pertenecer a otra jurisdicción y no haber concursado para ese cargo; nombró como subrogante (tras fracasar en darle un traslado definitivo) en el juzgado electoral de La Plata a Juan Manuel Culotta, cercano a Macri, que era de Tres de Febrero  y ahora hará el escrutinio de las elecciones del domingo último en el distrito más grande; con una ley sancionada a fin de 2016, están armando los tribunales orales federales, trasladando jueces que se votan con mayoría simple del Consejo: son los jueces que juzgarán casos de corrupción del kirchnerismo y el macrismo.