Capítulo mil de la batalla de los taxistas contra las aplicaciones Uber y Cabify que operan en Rosario a pesar de no contar con autorización municipal. El Sindicato de Peones de Taxis (SPT) se declaró en alerta y movilización por este motivo. Y aunque ayer había anunciado la decisión de plantar un paro del servicio, luego dejaron la medida en suspenso tras la reunión que sus directivos mantuvieron con autoridades municipales.

La entidad que agrupa a los empleados del taxi acudió ayer en la tarde al Palacio de los Leones para sostener una reunión con la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayrú, y el director de Fiscalización de Transporte de Rosario, Claudio Rosa. Antes de eso, anunció un estado de alerta y no descartó decidir un paro por tiempo indeterminado, como protesta contra la proliferación de vehículos al servicio de las aplicaciones ilegales, Uber sobretodo, y también Cabify en menor medida. "Vemos que desde el municipio no hacen nada para contrarrestar este flagelo, que es trabajo ilegal y competencia desleal para los taxistas”, encuadró Horacio Yanotti, secretario general del SPT.

El representante de los taxistas explicó que el sindicato registra cada vez con mayor frecuencia denuncias de afiliados sobre vehículos que transportan pasajeros sin autorización. "Nos manifiestan los compañeros su disconformidad por la inacción del municipio", agregó Yanotti en la previa de la cita pactada con el Ejecutivo local.

"Pretendemos que lo mismo que se le exige al taxi se le exija a estas apps, tanto locales como extranjeras". Sin embargo, insistió en que “en ninguna ciudad del mundo Uber se ha adaptado a las normas vigentes". "Somos concientes de que para trabajar en un servicio público hay muchos reglamentos que cumplir y no creemos que esta app se adapte a ello", agregó Yannotti.

El debate se reavivó pasado el receso invernal del Concejo Municipal. En la agenda parlamentaria de esta semana, se cuenta en el temario de la comisión de Servicios Públicos una vez más la regulación de las aplicaciones hasta ahora ilegales.

Pero mientras tanto, la bronca tachera ganó la sede municipal. Los funcionarios replicaron a los representantes del gremio que controles hay. Según los números que ofrecieron, los inspectores de Control y Tránsito remiten alrededor de 45 vehículos al corralón municipal por descubrirlos en el acto de trasladar pasajeros a través de las aplicaciones, o por remiserías ilegales.

No obstante, los taxistas reiteraron su pedido de que el municipio refuerce el control y "amplifique más operativos". Al respecto, discutieron algunos puntos geográficos de la ciudad donde, a pedido del gremio, deberían focalizarse parte del control.

Luego de ese intercambio, los del SPT convinieron en dejar la huelga en suspenso, pero mantenerse en el estado de "alerta y movilización".

Una fuente municipal le bajó el tono al encuentro y atribuyó el malestar de los peones a un problema de comunicación. Según dijo, el Ejecutivo le había proporcionado la misma información antes a las cámaras de propietarios.

Desde el sector de titulares de licencias, Marcelo Díaz, de Catiltar, abonó el reclamo del SPT, aunque tomó distancia de la decisión de huelga. "El reclamo del sindicato es justo. Debe haber más controles, y hacerlos visibles, y comunicar a la sociedad cada vez que se secuestra un vehículo. Instamos a que haya más operativos porque con lo que se hace no alcanza. En la calle se ven muchos autos que trabajan con estas aplicaciones", dijo.

Luego de la última actualización de tarifa que puso la bajada de bandera en $381,70, quedó pendiente una revisión más. Y en contexto, dueños y empleados asumen una merma en la cantidad de viajes. Lo adjudican a la situación económica en general, pero también al incremento de nuevas licencias y al efecto de la competencia desleal.

"Hasta las remiserías truchas se están quejando de que le roban el trabajo. Esos autos abonados a esa ilegalidad se trasladan a otra, que es multinacional y ni paga impuestos. Eso hace Uber para captar conductores cobrando una tarifa mucho menor, pero el problema es después. Veamos en Buenos Aires donde tenemos el diario del lunes: hacen este dumping que cobran más barato, bonifican a los conductores, y cuando captan al usuario empiezan a cobrar a través de una tarifa dinámica de oferta y demanda. Esto debe saberlo la sociedad", advirtió el titular de Catiltar.

El planteo que une al sindicato y a la patronal del taxi es que la gestión Javkin impulse con más bríos y publicidad la aplicación oficial Movi Taxi, que hasta ahora opera medio millón de viajes al mes. Es la herramienta legal con la que esperan poder mitigar el impacto de las aplicaciones que por ahora están fuera de ley, pero que siguen funcionando.