El juicio por el asesinato del adolescente Joaquín Paredes, en Cruz del Eje, Córdoba, muestra, en las audiencias, más que las pruebas del gatillo fácil policial. Los familiares y amigos del pibe baleado denuncian maltrato judicial a víctimas y testigos, en la Cámara del Crimen del Tribunal de esa ciudad Cruz del Eje. En el proceso son juzgados cinco efectivos policiales. Y en el devenir de las audiencias comienza a exponerse una trama que inquieta a la familia Paredes, y a quienes los acompañan y piden justicia por la muerte del joven de 15 años. Entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que aportó los abogados que ofician como parte, en el juicio por jurados.

La Secretaría DDHH no fue aceptada como querellante. Tampoco se aceptó como veedor a Amnistía Internacional, señalan los familiares de los jóvenes que estaban con Joaquín la noche del 25 de octubre de 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo. Por eso, y por el trato que están recibiendo los testigos, los familiares denuncian “maltrato y hostigamiento” del propio Tribunal. también por el amedrentamiento que antes y después del crimen, sufren estos jóvenes por parte de la policia de Paso Viejo.

Esa noche, en la pequeña localidad -“somos mil habitantes y nos conocemos todos”, señaló a este diario una de las madres que acompaña a la familia Paredes— la policía disparó primero con una escopeta. "Fue cuando los chicos estaban reunidos en la plaza y ahí estuvo presente el subcomisario Alberto Daniel Sosa Gallardo. Y volvieron a dispararles cuando se encontraban en un descampado", completa.

Según fuentes judiciales, el caso remite a un operativo de disuasión del grupo de adolescentes –la mayoría entonces menores de 18-- quienes se habían reunido en una plaza durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto ante la pandemia de la Covid-19. Al trasladarse al descampado “detrás de la radio local y del dispensario, los acorralan”. El único lugar por donde podían retirarse “lo bloquean, son encerrados por tres móviles policiales, les dicen que se vayan que son unos negros, y no pueden estar ahí, y les disparan, los cinco imputados disparan contra los chicos” relata.

Una bala le da a un chico en un tobillo, otra a otro chico en un brazo, y otra, mata a Joaquín, por la espalda” precisa. Joaquín cae boca abajo “y cuando los chicos lo dan vuelta y ven que tienen sangre en sus manos se dan cuenta que ha muerto”, continúa esta mamá. La policía sale corriendo del lugar –relatan los testigos--, y ellos, los chicos, se van a pedir ayuda al dispensario. Allí la enfermera se había encerrado cuando comenzó a escuchar disparos. Y no les abre. Van a la comisaría a pedir que levanten el cuerpo de Joaquín. Pero los reciben con una nueva balacera como respuesta: en total dispararon 112 balas.

Los imputados son los agentes Maikel Mercedes López, Iván Alexis Luna, Enzo Ricardo Alvarado, Ronald Fernández Aliendro, y el sargento Jorge Luis Gómez. Junto con el subcomisario Sosa Gallardo. Los cinco efectivos están acusados como coautores del homicidio cometido en abuso de su función y por el uso de arma de fuego. 

Aunque López es el único detenido, y el más complicado por haber sido quien disparó y mató a Joaquín Paredes. El subcomisario en tanto debe responder por amenazas "calificadas por el uso de arma de fuego". Pero todos “se pasean en los pasillos del Tribunal en el receso, se ríen a carcajadas, incluso Sosa Gallardo en una audiencia se sentó al lado de Soledad, la mamá de Joaquín”, plantean los familiares de las víctimas.

Maltrato judicial

Las audiencias de debate, regladas en 10 jornadas de 10 horas cada una debían realizarse en mayo pero fueron suspendidas. El Tribunal adujo una remodelación para ampliar, justamente, la sala de audiencias. El proceso entonces se inició el lunes 24 de julio y continúa esta semana. “Pero ya la semana pasada denunciamos la falta de contención del tribunal, la mala predisposición del juez –Ricardo Aristides Py-- para con las víctimas, y la falta de profesionales que puedan habilitar la palabra o poner un límite” refiere esta mamá.

“Uno de los chicos se quebró al declarar porque lo hostigaban con preguntas y nadie podía poner un límite”, insiste. Aunque cuentan con el cuidado de la fiscal Fabiana Pochetino y del abogado de la familia, Claudio Orosz, “las preguntas son intimidatorias y los chicos salen sin haber dicho lo que sabían”. Son tímidos, argumenta sobre estos jóvenes que trabajan en la cosecha de la papa. Muchos no terminaron la secundaria. Y el juez les dice, por caso a Bryan Brandon Villada, quien recibió el disparo en el brazo y todavía es menor de edad: “Míreme a los ojos, no se pare así, saque las manos del bolsillo”, explica esta madre que acompaña a la mamá de Joaquín Paredes.

Bryan también sufrió –además del balazo-- 9 allanamientos. Solo en uno había una orden judicial. “Los demás fueron por amedrentamiento” sostienen los familiares. Su declaración fue el martes de la semana pasada. El día anterior habían declarado dos policías imputados. A los dos se les pregunto cuál es el deber que tienen “como funcionarios policiales” cuenta esta mamá. Uno respondió que el primer deber “es cuidar los bienes materiales”. El otro declaró que no recuerda cuál es su función principal, su deber como funcionario policial.

El viernes 4 de agosto se hará la pericia ocular en Paso Viejo. Todos se trasladarán a ver el lugar del hecho, ya que existen tres momentos importantes en este caso y tres escenarios: un primer momento donde todos los jóvenes están en el descampado, otro momento ocurre detrás del dispensario y es allí donde matan a Joaquín “por la espada, y a tan corta distancia que la bala no alcanzó a salir del cuerpo” subrayan una y otra vez. Y otro momento “cuando van a la comisaria para que levanten el cuerpo de Joaquín”, y allí, el grupo de amigos recibe “una nueva balacera de 70 balas”, como respuesta.