Para la Comunidad Indígena de Peñas Negras, "la Corpachada de 1 de agosto tuvo un significado no sólo cultural sino también político: defender a la Pachamama de la actividad minera", contó la abogada de los comuneros Andrea Morales. 

En una asamblea comunitaria que tuvo lugar en El Hunquillar, los comuneros se reunieron con la secretaria de Desarrollo Minero, Olga Teresita Regalado, y el director de Afirmación de los Derechos Indígenas de la Secretaría de Pueblos Originarios, Emanuel Fiol, “donde se llevó a cabo por primera vez con la Comunidad un procedimiento de consulta y dijeron que no”, dijo Morales. 

“Desde hace ya casi dos años, las familias comuneras de la Comunidad Indígena de Peñas Negras vienen sosteniendo una lucha territorial contra el gobierno provincial y la empresa minera Elevado Gold, que pretenden llevar a cabo el proyecto minero Alto El Mulato en el territorio de la Comunidad y sin el consentimiento libre, previo e informado de la misma”, contextualizó la abogada.

Según explicó la asamblea se desarrolló el martes 25 de julio, en una asamblea comunitaria que tuvo lugar en El Hunquillar, Comunidad de Peñas Negras, y en la que estuvieron presentes los funcionarios Regalado y Fiol, “En dicha oportunidad, y a insistencia del Ministerio de Minería, el cacique Sebastián Gutiérrez convocó a todos los miembros que integran la Comunidad para que manifiesten su posición respecto al proyecto minero y la respuesta fue un no a la actividad minera en sus territorios”, contó la representante legal.

En una asamblea celebrada en marzo, las autoridades indígenas de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta, reunidos con la misma funcionaria, le habrían manifestado –según consta en actas– que “la minería era incompatible con su modo de vida y que no se permitían actividades mineras en sus territorios. Sin embargo, la empresa minera Elevado Gold se introdujo en la región con permiso del Ministerio de Minería, desatando un conflicto social al interior de la comunidad al pretender llevar a cabo prospecciones y tomas de muestras sin el consentimiento de las familias comuneras que habitaban en el lugar donde se localiza el pedimento minero”, dijo.

La abogada explicó que “en numerosas oportunidades, en reuniones previas con el Ejecutivo, o bien a través de comunicados públicos, la Comunidad había manifestado su posición y pedido que se respeten sus derechos como pueblo originario a ser consultados y a solicitarse su consentimiento libre, previo e informado ante cualquier proyecto o decisión que afecte sus intereses, según es su derecho reconocido internacional y nacionalmente”.

“El martes 27, las y los comuneros de Peñas Negras fueron exponiendo su posición y sus razones, denunciando todos los atropellos de los que han venido siendo objeto por parte del gobierno, la fiscalía de Belén y la empresa, todo lo que han venido sufriendo todo este tiempo y que no quieren minería en sus territorios y que se respete su decisión y su derecho a ser consultados y dar su consentimiento en los asuntos que son de su interés”, detalló.

El procedimiento de consulta tiene que tener lugar conforme a los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú), para lo cual la Unión Diaguita de Belén cuenta con un protocolo y al cual debe ajustarse cualquier procedimiento de consulta que pretenda llevar a cabo el gobierno.

Tercer malón por la paz

Por otra parte, la Comunidad Indígena de Peñas Negras, junto con las Comunidades Indígenas de Laguna Blanca, Corral Blanco y Llastay Ñan, pertenecientes a la Unión Diaguita de Belén, participaron del Tercer Malón de la Paz, encontrándose el día 27 en la localidad tucumana de Tafí del Valle con representantes de las comunidades indígenas de Jujuy que iban marchando hasta Buenos Aires como protesta contra la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales.

En esa oportunidad se realizó una asamblea entre la Unión Diaguita de Belén y autoridades y representantes de las comunidades indígenas que conforman la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, mancomunando las luchas territoriales en defensa de la Madre Tierra.