Andrea Vázquez y Yama Corín son dos "madres protectoras" que llevaron adelante una lucha durante más de 10 años para cuidar de sus hijos, quienes les expresaron que sufrían abuso sexual por parte de sus progenitores, dos casos que llegan a juicios que comenzarán el 3 y el 8 de agosto.
Mañana a las 9 arranca el juicio contra Pablo Ghisoni en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de Lomas de Zamora, y el próximo 8 de agosto será el turno del que tiene como acusado a Hernán González Rizzi, en el TOC N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires.
A Ghisoni se lo acusa del delito de abuso sexual contra dos de sus hijos y a González Rizzi por el mismo delito contra su hija Luna, ambos agravados por tratarse de sus progenitores, por la situación de convivencia y por ser realizados de forma reiterada, según consta en los dos requerimientos de elevación a juicio.
Las dos mujeres consideran "histórico" que los casos hayan llegado a juicio ya que se trata de uno de los delitos con menor tasa de condena. En Argentina se estima que de cada 1.000 abusos sexuales contra las infancias, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena, según cifras aportadas por la organización Red por la Infancia.
"Lo primero que hay que comprender es que nosotras lo que hacemos es tratar de defender a nuestros hijos de una situación de extrema violencia como es un abuso sexual. Tenemos un dolor inmenso frente a esa realidad", señaló Corín, en una entrevista con Télam.
En este sentido, mencionó el duelo que tuvo que atravesar con respecto a su "propio rol de madre". "La cultura nos educó que somos cuidadoras por excelencia. Y cuando fallamos genera un impacto: asumir nuestro propio duelo frente al ataque que recibió nuestra cría y que no pudimos evitar", explicó.
Yama detectó signos de un posible abuso hacia su hija de parte de su progenitor --de quien estaba separada hacía 8 años-- cuando la niña tenía 9, lo cual fue confirmado por una terapeuta que consultó, lo que la llevó a radicar una denuncia penal en abril de 2012.
"A partir de ahí fueron 11 años de un condicionamiento absoluto por parte del aparato judicial sobre nuestra vida. Una persistencia pericial sobre nosotras, muchos años de evitar la revinculación", reconoció.
Las "madres protectoras" con frecuencia son tildadas de "locas", "mentirosas" e "interesadas" por alzar la voz en defensa de sus hijos y se las acusa de "llenarles la cabeza", a través de la figura del Síndrome de Alienación Parental (SAP) --un supuesto trastorno por el cual las infancias tendrían una "memoria implantada"-- que fue desacreditado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Las denuncias por impedimento de contacto recaen en su gran mayoría contra las madres que denuncian abusos sexuales, y pretenden ser utilizadas como un elemento disciplinante del cual se valen los presuntos agresores para criminalizarlas y amedrentarlas", indicaron a Télam Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de Vázquez.
Sobre esta práctica, detallaron que se trata de "un tipo penal sancionado en 1993 a instancias del lobby de una agrupación que nuclea a los progenitores denunciados".